Este mes se recibe pliego de solicitudes, y las materias, términos y vigencia del acuerdo colectivo no solo conciernen al gobierno Duque.
Si la coalición de gobierno aspirara a suceder a Iván Duque, pondría mucha atención a la negociación del próximo pliego de solicitudes de Fecode al MEN, por múltiples razones. Sea que el acuerdo programático de esa coalición prevea la reforma educativa o simplemente por preocupación fiscal. En contraste, la oposición puede estar tranquila con la negociación porque “Fecode sabe lo que hace”.
Normalmente, la vigencia del acuerdo colectivo de 2021 iría hasta el 31 de diciembre de 2022. El próximo gobierno recibiría el siguiente pliego en febrero de 2023 y firmaría acuerdo hacia mayo o junio, ya transcurrido casi un año de mandato. Esto no sería un problema si gana la centroizquierda la Presidencia porque habría cierta continuidad: Fecode presentaría el mismo tipo de pliego y probablemente el gobierno aceptaría lo que el ministerio de Hacienda no ha permitido en estos años.
Pero si gana la centroderecha podría ser distinto. De entrar la reforma educativa en la agenda, la conversación pública cambiaría. El gobierno Duque no debería, entonces, dejar maniatado o en desventaja a su sucesor, como hizo la administración Santos (con la evaluación de competencias, por ejemplo). En teoría, este gobierno debería abonar el terreno para un giro en el debate de la educación.
La mejor manera de hacerlo es tomar la iniciativa e involucrar a la sociedad para mostrar con argumentos y realidades que se trata de una causa por la educación y no de una guerra política con Fecode. Conseguir que la vigencia del acuerdo llegue hasta diciembre de este año, mientras se llevan al Congreso un par de reformas puntuales elocuentes, y el año entrante no firmar acuerdo colectivo sin consultas al gobierno electo. Eso ayudaría bastante, pero no va a pasar.
Hay que conformarse con insistir en cuidar el impacto fiscal de lo que se negocie. El acuerdo de 2019 cuesta $1,24 billones entre 2020 y 2022 ($202.000 millones en 2020, $429.000 millones en 2021 y $607.000 millones en 2022), sin que mejore la situación de la educación: “mientras la matrícula cae y el estancamiento de la calidad se constituye en uno de los mayores problemas de política educativa, el costo por alumno se ha incrementado en un 30% durante la última década” (MEN-BID, 2017).
Repetir 2019 no es conveniente. Así quiera emitir sin respaldo, el próximo gobierno no podrá, y coger plata del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para cubrir el faltante del SGP en educación tiene un límite. Pero, sobre todo, el gasto debe cumplir fehacientemente objetivos de política.
No vamos a pedirle al MEN que ligue los ascensos y reubicaciones en el escalafón docente a los resultados del aprendizaje estudiantil, pero sí que, por ejemplo, dada la pandemia del COVID-19 y visto el riesgo de los docentes mayores de 60 años con comorbilidades, acuerde con Hacienda una bonificación para retiros voluntarios, conforme al artículo 26 de la Ley 715 de 2001: “el Gobierno Nacional podrá establecer una bonificación para los docentes y directivos docentes pensionados que se retiren voluntariamente del servicio”.
El tiempo de inmunidad que otorgan las vacunas no está establecido y son múltiples las razones para acelerar la renovación docente. Dictar clase virtualmente puede ser una opción para este grupo de profesores, pero no es lo que conviene a la educación de niños y adolescentes.
En general, un próximo gobierno agradecería ceñirse a la ley en cuanto a las materias de la negociación colectiva: “las condiciones de empleo”, “los aspectos propios de la relación laboral de los empleados públicos”, no aspectos neurálgicos de la política educativa, como la financiación.
Los paros no son razón válida para negociar lo que no está permitido. Su regulación debe ser parte de una estrategia integral de reforma educativa, que necesariamente llevaría varios gobiernos, un compromiso multipartidista de coalición y un pacto básico con la oposición. Que ojalá pase todo eso.
Este mes se recibe pliego de solicitudes, y las materias, términos y vigencia del acuerdo colectivo no solo conciernen al gobierno Duque.
Si la coalición de gobierno aspirara a suceder a Iván Duque, pondría mucha atención a la negociación del próximo pliego de solicitudes de Fecode al MEN, por múltiples razones. Sea que el acuerdo programático de esa coalición prevea la reforma educativa o simplemente por preocupación fiscal. En contraste, la oposición puede estar tranquila con la negociación porque “Fecode sabe lo que hace”.
Normalmente, la vigencia del acuerdo colectivo de 2021 iría hasta el 31 de diciembre de 2022. El próximo gobierno recibiría el siguiente pliego en febrero de 2023 y firmaría acuerdo hacia mayo o junio, ya transcurrido casi un año de mandato. Esto no sería un problema si gana la centroizquierda la Presidencia porque habría cierta continuidad: Fecode presentaría el mismo tipo de pliego y probablemente el gobierno aceptaría lo que el ministerio de Hacienda no ha permitido en estos años.
Pero si gana la centroderecha podría ser distinto. De entrar la reforma educativa en la agenda, la conversación pública cambiaría. El gobierno Duque no debería, entonces, dejar maniatado o en desventaja a su sucesor, como hizo la administración Santos (con la evaluación de competencias, por ejemplo). En teoría, este gobierno debería abonar el terreno para un giro en el debate de la educación.
La mejor manera de hacerlo es tomar la iniciativa e involucrar a la sociedad para mostrar con argumentos y realidades que se trata de una causa por la educación y no de una guerra política con Fecode. Conseguir que la vigencia del acuerdo llegue hasta diciembre de este año, mientras se llevan al Congreso un par de reformas puntuales elocuentes, y el año entrante no firmar acuerdo colectivo sin consultas al gobierno electo. Eso ayudaría bastante, pero no va a pasar.
Hay que conformarse con insistir en cuidar el impacto fiscal de lo que se negocie. El acuerdo de 2019 cuesta $1,24 billones entre 2020 y 2022 ($202.000 millones en 2020, $429.000 millones en 2021 y $607.000 millones en 2022), sin que mejore la situación de la educación: “mientras la matrícula cae y el estancamiento de la calidad se constituye en uno de los mayores problemas de política educativa, el costo por alumno se ha incrementado en un 30% durante la última década” (MEN-BID, 2017).
Repetir 2019 no es conveniente. Así quiera emitir sin respaldo, el próximo gobierno no podrá, y coger plata del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para cubrir el faltante del SGP en educación tiene un límite. Pero, sobre todo, el gasto debe cumplir fehacientemente objetivos de política.
No vamos a pedirle al MEN que ligue los ascensos y reubicaciones en el escalafón docente a los resultados del aprendizaje estudiantil, pero sí que, por ejemplo, dada la pandemia del COVID-19 y visto el riesgo de los docentes mayores de 60 años con comorbilidades, acuerde con Hacienda una bonificación para retiros voluntarios, conforme al artículo 26 de la Ley 715 de 2001: “el Gobierno Nacional podrá establecer una bonificación para los docentes y directivos docentes pensionados que se retiren voluntariamente del servicio”.
El tiempo de inmunidad que otorgan las vacunas no está establecido y son múltiples las razones para acelerar la renovación docente. Dictar clase virtualmente puede ser una opción para este grupo de profesores, pero no es lo que conviene a la educación de niños y adolescentes.
En general, un próximo gobierno agradecería ceñirse a la ley en cuanto a las materias de la negociación colectiva: “las condiciones de empleo”, “los aspectos propios de la relación laboral de los empleados públicos”, no aspectos neurálgicos de la política educativa, como la financiación.
Los paros no son razón válida para negociar lo que no está permitido. Su regulación debe ser parte de una estrategia integral de reforma educativa, que necesariamente llevaría varios gobiernos, un compromiso multipartidista de coalición y un pacto básico con la oposición. Que ojalá pase todo eso.