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La disputa política interna de muchos países tiene desde hace un tiempo como uno de sus ejes crecientes y sensibles la formación de identidades particularistas y su incidencia en la conformación electoral del poder. En algunos países, la “política interna” es actualmente indisociable de las identidades no nacionales.
Pongamos el caso de Chile. Cualquier extranjero prudente tendrá que abstenerse de opinar en público ante los chilenos sobre las consideraciones que llevaron a la Convención Constitucional a aprobar, y a los votantes en el plebiscito a rechazar, la definición de Chile como “un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”.
Un asunto político fundamental interno atravesado por las identidades. La Convención Constitucional declaró que “son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapa nui, lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawashkar, yaghan, selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley”. Un 12,4 % del total de la población.
Imaginen ahora que la embajada de una potencia en Chile decidiera apoyar políticamente y con recursos a pueblos indígenas que abogan por el giro “plurinacional e intercultural” del Estado chileno. Me dice un analista chileno que no ha pasado de modo importante (que Bolivia y Venezuela lo intentan, pero sin recursos). Si eso ocurriera por parte de una embajada poderosa, se tomaría como una clara intromisión de un gobierno extranjero en la política interna chilena.
Sin embargo, producto de la globalización, no pocos políticos y ciudadanos de esa potencia apoyarían que recursos suyos se destinen a los pueblos preexistentes en una nación lejana, así no entiendan muy bien lo que está pasando allí. Bastaría que les dijeran que están amparados por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Pensemos en seguida un caso menos dramático, pero con la misma lógica. En cualquier país, las corrientes ideológico-políticas están tomando posición (u omisión) en relación con la política de identidad de distintos grupos. Algunos partidos organizan y movilizan a unos grupos identitarios, y aquellos hacen lo mismo con otros grupos o movimientos, o intentan neutralizar a los primeros.
La batalla puede ser más o menos intensa, pero se mantiene en el nivel de la ley, no pretende modificar la Constitución. Imaginen, sin embargo, que la representación de un país importante o de varios decide intervenir de distintos modos significativos para apoyar pueblos de identidad que claramente están alineados con una parte de los partidos en contienda.
Que al principio no se advierten las implicaciones hacia futuro de esa intromisión, probablemente de buena fe (guiada por sesgo ideológico con frecuencia), pero que cuando llega el futuro, las cosas se están saliendo de control por lo sembrado, que ya es evidente, y entonces, dependiendo del gobierno de turno, se le dirá a la potencia que ya pare con el tema o, por el contrario, que intervenga más.
Adviértase que esto es una elucubración, un caso hipotético, sobre todo, o, como dicen, una tarea para una prima.
