Pos-MANE, representación estudiantil y reformas de educación superior
20 integrantes de consejos Superior y Académico de universidades públicas y privadas respondieron sondeo sobre cinco decisiones de política.
Cualquiera sea el gobierno que se posesione en 2018, si es serio con la necesidad de alinear más y mejor la educación con los propósitos nacionales, tendrá que liderar reformas estructurales. En educación superior, lo deseable sería no repetir la experiencia de los dos mandatos de Santos: gran derrota a manos de un movimiento estudiantil, agenda inconsistente y escaso liderazgo para formar consensos, como se ha visto con el proyecto de Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET.
Entre lo que no deberíamos repetir está la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, porque fue resultado de una propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992 inconsulta e inconveniente. Tras la victoria coyuntural de 2011, en 2013 no tuvo eco en su convocatoria a paro nacional estudiantil; y en 2014 no presentó documento alternativo de reforma, perdió la elección de representante estudiantil al Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y se habló de su desinfle.
Así que la reunión nacional de representantes estudiantiles del pasado fin de semana en Quibdó se hizo en una etapa “pos-MANE”. La casi totalidad de los participantes accedió a responder un sondeo en línea con cinco preguntas para calibrar un poco cómo sería la conversación con ellos. Contestaron 18 de universidades públicas y seis de privadas; diez miembros de Consejo Superior, diez de Consejo Académico y cuatro de otras instancias; cuatro de Bogotá y 20 del resto del país. No es una muestra estadística, pero arroja luces entre previsibles e interesantes.
A “de 1 a 5, cuando 5 es total, ¿qué prioridad le otorga a reformar la Ley 30 de 1992?”, el 68% respondió que 5, y el 8%, que 4. Según esto, habría una interesante coincidencia del liderazgo estudiantil con un gobierno que le asigne máxima prioridad a un nuevo marco legal de la educación superior. El contenido de dicha reforma sería la siguiente cuestión.
Indagados sobre “¿cuál debe ser el principal reto de la educación superior en Colombia para 2018-2022?”, el 54% marcó “Equidad en el acceso y la permanencia”; el 25%, “Calidad”; el 17%, “Cobertura (en departamentos con baja participación)”; y el 4%, “Pertinencia”. Como es probable que el próximo gobierno enfatice más los objetivos de calidad y pertinencia, también resulta interesante que líderes estudiantiles privilegien la equidad.
Llamativo que al parecer tenemos un liderazgo estudiantil un tanto más sofisticado que el chileno en cuanto a la gratuidad. El 62% prefiere que las matrículas en las universidades públicas obedezcan al principio “Según la capacidad de pago de la familia del estudiante” y el 38%, “Deben ser gratuitas”. Dos (de seis) de las universidades privadas apoyaron la gratuidad. Afortunadamente, tal vez no discutiremos (mucho) si subsidiamos o excluimos a los estratos altos de las universidades públicas.
Obviamente, hubo pregunta sobre Ser Pilo Paga, SPP, tema que divide las opiniones entre representantes estudiantiles de públicas y privadas en sus encuentros. El 58% escogió “Seguir con cambios” y el 42%, “Debe acabarse”. Es decir, 0%, “Seguir como está”. Dos de universidades privadas votaron por acabar SPP. (Mi opinión en “Ser Pilo Paga: continuarlo sí, pero no así”).
Por último, un punto para corroborar que una columna no iba a cambiarles la inclinación sobre una decisión clave en una eventual política y mercado de residencias universitarias. El 75% prefirió “Que las residencias sean operadas por las universidades” y el 25%, “Que el operador sea una tercera institución”. Aquí, claramente, habría un desacuerdo fuerte con un gobierno serio.
Pero justamente en este tipo de desacuerdos está la posibilidad de negociar cambios en grande con los distintos actores del sistema de educación superior. Si el gobierno en vez de provocar un movimiento estudiantil reactivo, en alguna medida cooptado por organizaciones externas a las universidades, promueve la representación estudiantil informada y acepta que deberá hallar fórmulas de compromiso, es probable que los líderes moderados terminen por influir más en la comunidad universitaria que los radicales.
A la democracia colombiana le conviene un liderazgo estudiantil fuerte (no como el actual), basado en la participación en las decisiones institucionales y en el pluralismo universitario. Pasar de movimientos estudiantiles caracterizados por evitar a movimientos estudiantiles caracterizados por su contribución condicionada o negociada al cambio, es lo que convendría al tiempo que se marchita la tolerancia con reductos de violencia en las universidades. (En general, en educación no sería bueno repetir la experiencia de este gobierno).
@DanielMeraV
20 integrantes de consejos Superior y Académico de universidades públicas y privadas respondieron sondeo sobre cinco decisiones de política.
Cualquiera sea el gobierno que se posesione en 2018, si es serio con la necesidad de alinear más y mejor la educación con los propósitos nacionales, tendrá que liderar reformas estructurales. En educación superior, lo deseable sería no repetir la experiencia de los dos mandatos de Santos: gran derrota a manos de un movimiento estudiantil, agenda inconsistente y escaso liderazgo para formar consensos, como se ha visto con el proyecto de Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET.
Entre lo que no deberíamos repetir está la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, porque fue resultado de una propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992 inconsulta e inconveniente. Tras la victoria coyuntural de 2011, en 2013 no tuvo eco en su convocatoria a paro nacional estudiantil; y en 2014 no presentó documento alternativo de reforma, perdió la elección de representante estudiantil al Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y se habló de su desinfle.
Así que la reunión nacional de representantes estudiantiles del pasado fin de semana en Quibdó se hizo en una etapa “pos-MANE”. La casi totalidad de los participantes accedió a responder un sondeo en línea con cinco preguntas para calibrar un poco cómo sería la conversación con ellos. Contestaron 18 de universidades públicas y seis de privadas; diez miembros de Consejo Superior, diez de Consejo Académico y cuatro de otras instancias; cuatro de Bogotá y 20 del resto del país. No es una muestra estadística, pero arroja luces entre previsibles e interesantes.
A “de 1 a 5, cuando 5 es total, ¿qué prioridad le otorga a reformar la Ley 30 de 1992?”, el 68% respondió que 5, y el 8%, que 4. Según esto, habría una interesante coincidencia del liderazgo estudiantil con un gobierno que le asigne máxima prioridad a un nuevo marco legal de la educación superior. El contenido de dicha reforma sería la siguiente cuestión.
Indagados sobre “¿cuál debe ser el principal reto de la educación superior en Colombia para 2018-2022?”, el 54% marcó “Equidad en el acceso y la permanencia”; el 25%, “Calidad”; el 17%, “Cobertura (en departamentos con baja participación)”; y el 4%, “Pertinencia”. Como es probable que el próximo gobierno enfatice más los objetivos de calidad y pertinencia, también resulta interesante que líderes estudiantiles privilegien la equidad.
Llamativo que al parecer tenemos un liderazgo estudiantil un tanto más sofisticado que el chileno en cuanto a la gratuidad. El 62% prefiere que las matrículas en las universidades públicas obedezcan al principio “Según la capacidad de pago de la familia del estudiante” y el 38%, “Deben ser gratuitas”. Dos (de seis) de las universidades privadas apoyaron la gratuidad. Afortunadamente, tal vez no discutiremos (mucho) si subsidiamos o excluimos a los estratos altos de las universidades públicas.
Obviamente, hubo pregunta sobre Ser Pilo Paga, SPP, tema que divide las opiniones entre representantes estudiantiles de públicas y privadas en sus encuentros. El 58% escogió “Seguir con cambios” y el 42%, “Debe acabarse”. Es decir, 0%, “Seguir como está”. Dos de universidades privadas votaron por acabar SPP. (Mi opinión en “Ser Pilo Paga: continuarlo sí, pero no así”).
Por último, un punto para corroborar que una columna no iba a cambiarles la inclinación sobre una decisión clave en una eventual política y mercado de residencias universitarias. El 75% prefirió “Que las residencias sean operadas por las universidades” y el 25%, “Que el operador sea una tercera institución”. Aquí, claramente, habría un desacuerdo fuerte con un gobierno serio.
Pero justamente en este tipo de desacuerdos está la posibilidad de negociar cambios en grande con los distintos actores del sistema de educación superior. Si el gobierno en vez de provocar un movimiento estudiantil reactivo, en alguna medida cooptado por organizaciones externas a las universidades, promueve la representación estudiantil informada y acepta que deberá hallar fórmulas de compromiso, es probable que los líderes moderados terminen por influir más en la comunidad universitaria que los radicales.
A la democracia colombiana le conviene un liderazgo estudiantil fuerte (no como el actual), basado en la participación en las decisiones institucionales y en el pluralismo universitario. Pasar de movimientos estudiantiles caracterizados por evitar a movimientos estudiantiles caracterizados por su contribución condicionada o negociada al cambio, es lo que convendría al tiempo que se marchita la tolerancia con reductos de violencia en las universidades. (En general, en educación no sería bueno repetir la experiencia de este gobierno).
@DanielMeraV