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1’300.000 niños entre tres y cinco años necesitan prioridad política y presupuestal, si queremos avanzar en equidad intergeneracional.
No hay herramienta potencialmente más poderosa que la educación para elevar la equidad, la productividad y la cultura. Y dentro de la educación formal, como ha mostrado la neurociencia, ningún ciclo es más crucial que el preescolar (prejardín, jardín y transición, idealmente a los tres, cuatro y cinco años).
“El crecimiento y desarrollo del cerebro, en especial en la etapa prenatal y en la primera infancia, son el resultado de la interacción armoniosa entre genética y experiencias del entorno, que perfilan también el futuro comportamiento”, nos dice la neuroeducación. Lo sabemos desde hace dos décadas, pero como país sacamos las conclusiones muy lentamente.
No tenemos un debate siquiera sobre las cuestiones centrales de la “universalización del preescolar” (oferta, calidad, financiación, progresividad), menos una política pública vigorosa con respaldo político y de la opinión nacional (para no hablar de “política de Estado”).
Tenemos avances parciales (del MEN, ICBF, entidades territoriales, cajas de compensación y empresas), sin el impulso de una prioridad de país. Según el acuerdo colectivo de 2019 entre MEN y Fecode, deberíamos tener cobertura de prejardín del 10% en 2025, entre otras metas modestas en esta materia que se firman con el sindicato extralegalmente.
Y la OCDE nos recordaba en 2016 que “Colombia gasta cuatro veces más en educación superior que en educación preescolar. La proporción en todos los países de la OCDE está por debajo de 3:1. Y 54% del gasto en educación inicial en el país proviene de fuentes privadas”. Es decir, especialmente de familias de ingresos medios y altos que sí aplican la neuroeducación.
Pero una forma gráfica de ver cómo estamos es a nivel de institución educativa. El preescolar que se ofrece es el grado transición: un docente en un aula con 25 y más niños, sin ningún apoyo profesional para brindar atención integral. Menos de 20.000 docentes oficiales enseñan en preescolar, alrededor del 7% de la planta.
Ofrecemos transición con una jornada de mañana o tarde —pues la cobertura de jornada única está en 17%—, en colegios cuya infraestructura no permitiría albergar prejardín y jardín con sus requerimientos (altura de las baterías sanitarias, espacios de juego acordes con las edades de los niños, mobiliario coherente con sus necesidades de movimiento libre, como me subrayan pedagogas de Cali).
En contraste, el ICBF, a través de la modalidad institucional (CDI y Hogares Infantiles, principalmente), sí presta atención integral (con ocho horas diarias), aunque tiene limitaciones en el componente pedagógico. Una parte de sus usuarios entra en las estadísticas de matrícula del sistema educativo: en 2020, 279.040 de 469.397 usuarios en esta modalidad.
Las estadísticas de matrícula muestran sin preescolar a cerca de 700.000 niños de tres años, a cerca de 500.000 de cuatro años y a más de 100.000 de cinco años. En números redondos, 1’300.000 niños y niñas. Ahí tiene Colombia su gran déficit en educación.
Y si se suma el porcentaje de niños vulnerables menores de tres años no atendidos por ICBF (de un total de más de 2’300.000), ahí tiene Colombia su gran deuda con el precepto constitucional de “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (art. 44).
La solución estructural comienza por adquirir conciencia nacional de las implicaciones en equidad del hecho de no darle prioridad política y presupuestal a la primera infancia. Y sigue por lograr que los colombianos imaginen que las instituciones educativas tienen centros de preescolar (con prejardín, jardín y transición) adscritos, con las especificaciones de atención integral (a donde lleguen los pediatras a hacerles control de salud).
Que los centros de preescolar integral estén adscritos a los establecimientos educativos no quiere decir que la planta laboral sea toda oficial, pues mal haría el país en desaprovechar la experiencia y la capacidad del ICBF, sacando las lecciones necesarias, claro.
Si nuestros niños están bien atendidos y estimulados para su desarrollo físico, motriz, socioemocional, cognitivo y artístico, qué importa que los docentes, auxiliares y especialistas de otras profesiones sean empleados oficiales o no oficiales, sobre todo cuando las instituciones participantes son sin ánimo de lucro.
Pero de esto y de financiación tratará una siguiente columna.
