Darle prioridad al último capítulo del pliego (retorno a aulas), que necesita buena voluntad de los docentes.
La semana pasada comenzó, por fin, la negociación del pliego de solicitudes de Fecode 2021-2023 (presentado el 26 de febrero). Tienen el MEN y el sindicato hasta 40 días hábiles para llegar a un acuerdo colectivo. Lo que firmen importa más al próximo gobierno que a este, pero sería pedirles demasiado a nuestros partidos que estén pendientes.
El próximo gobierno llegará a descubrir que aspectos neurálgicos de la política educativa están maniatados por el acuerdo colectivo que firmó su predecesor. Y para que un gobierno saliente tuviera el valor de desmaniatar un poco a su sucesor se necesitaría más que eso. Se requiere una coalición multipartidista que comparta las bases de un programa en educación.
Sin embargo, cualquier gobierno podría intentar limitarse a hacer la negociación colectiva sobre las materias estipuladas por la ley (capítulo 4, “Sindicatos de empleados públicos”, del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 1072 de 2015): “las condiciones de empleo”, y define estas como “los aspectos propios de la relación laboral de los empleados públicos”.
La ley no permite negociar “las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado”, pero los gobiernos han terminado haciendo algo parecido desde que los paros docentes se volvieron incontrolables. Así, lo primero sería establecer cuáles peticiones del pliego están amparadas por la ley y cuáles no.
En el pliego 2021-2023, los tres primeros de 40 puntos exceden ostensiblemente las materias autorizadas por la ley. Estos versan sobre una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP) para financiación de la educación, la naturaleza de la oferta de educación preescolar y la política general de cobertura y calidad de la educación.
Como están las cosas, los candidatos presidenciales tienen que revisar los acuerdos colectivos con el magisterio para saber qué pueden proponer en educación. A algunos dirigentes de Fecode les gusta decir que el suyo es un “pliego social”, pero hay que recordarles que es sindical y no caben usurpaciones del Congreso y del Gobierno.
Lo segundo sería establecer cuáles peticiones remiten a la cuestión estructural de la evaluación de los docentes. Los 8.000 cursos de formación para docentes que no aprobaron la III Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativo (ECDF), el ascenso y reubicación salarial (convocatoria IV ECDF) y el incremento y progresividad de la bonificación pedagógica, de modo evidente. Negociar estos puntos sin abordar cómo vincular la evaluación docente con los resultados de aprendizaje de los estudiantes nos está costando mucho como país.
No es correcto que Fecode quiera hacerles creer a los docentes del Decreto 1278 de 2002 que es posible “tumbar” la evaluación, quedarse con sus remuneraciones más altas y las condiciones de ascenso del Decreto 2277 de 1979 (títulos, tiempo de servicio y producción académica). Y tampoco es correcto que los gobiernos sigan pateando hacia la siguiente negociación colectiva el Estatuto de la profesión docente.
Por si acaso alguna duda, creo que el Ministerio de Hacienda no debería enredar el pago del ajuste del 15% al 19% de la bonificación pedagógica que se acordó en 2019, ni la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Fecode ya puso énfasis de arranque en estos puntos y en los 8.000 cursos para ascensos en escalafón. Pero la situación y el ánimo de la educación lo que reclaman es concertar las condiciones del regreso a la presencialidad.
Ya sabemos que las circulares de Fecode pueden más que las directivas del MEN para ese propósito. Sin una predisposición del magisterio será muy difícil, pues cumplir todas las condiciones será prácticamente imposible a tiempo. Debe ser un propósito común, no una directiva oficial a la que se “resiste” el profesorado, como parece. Sí, se ha debido “Priorizar vacunación del personal de educación en abril”, pero hay que lidiar con el hoy.
Después de ver a los dirigentes sindicales en televisión justificando las aglomeraciones del paro nacional, el país agradecería verlos en una rueda de prensa con la ministra dando la buena noticia de un compromiso práctico para empezar a enfrentar en las aulas la catástrofe educativa que trajo la pandemia.
