Presidente, el Estado no tiene por qué “organizar” a la sociedad civil

Una de las funciones del Ministerio de la Igualdad rompe un buen acuerdo de nuestra cultura política.

La paz política pasa por mantener al Estado y a la sociedad civil como esferas diferenciadas, que es un avance moderno. Eso es casi tan importante como evitar la cooptación de las fuerzas de defensa y seguridad por parte de partidos políticos. Respetar ciertos límites es la base de la convivencia.

El Estado tiene una conformación, unos principios y unos fines dictados por la Constitución, normalmente al servicio de todos los habitantes del territorio nacional. La sociedad civil es un ámbito esencialmente no reglado, donde se promueven los múltiples y diversos intereses de grupos de variada índole en un ejercicio legítimo.

El acuerdo que tenemos dice que los movimientos y partidos políticos son el puente entre la sociedad civil y el Estado, y que una vez alcanzado el poder del gobierno no se buscará tomarse a la sociedad civil (a una parte de esta) con los instrumentos del Estado.

Es como una regla de juego limpio: en democracia se busca el gobierno, el turno para orientar al Estado, no al Estado mismo, que es un bien mayor de la sociedad que ha costado mucho construir a lo largo del tiempo.

Es la razón por la que el grueso de los funcionarios del Estado debe ser permanente y solo se cambian las cabezas con cada gobierno. No se admitiría que un gobierno llegara a despedir a todos los funcionarios para nombrar los propios, es decir, a tomarse el Estado, al menos no en un régimen democrático.

La misma lógica se aplica a la relación con la sociedad civil: el gobierno es interlocutor, respeta la pluralidad de aquella, no pretende dirigirla ni cooptarla, porque si se “la toma” estaría afectando, con uso indebido del Estado, la autonomía de la esfera de donde emana el poder político. Si otro gobierno llegara a hacer lo mismo, pero en dirección diferente, tendríamos el terreno abonado para fenómenos indeseables.

Ese es, más o menos, el acuerdo de nuestra cultura política democrática, y por eso resulta muy inquietante lo que dijo el presidente Gustavo Petro en la firma de la ley que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Como se solía decir con exageración, “hace trizas” dicho acuerdo cultural.

El nuevo ministerio buscará lograr “organizar a la población en las regiones más excluidas de Colombia, porque la organización es una forma de poder, y el poder es una forma de disminuir la desigualdad social. Cuando los que más tienen, tienen el poder, la inmensa mayoría de la sociedad colombiana queda sin el poder y en la exclusión”.

Si ya tienen el poder del gobierno, se entiende, ¿a qué otro poder se refiere? ¿A uno que imponga un punto de vista por encima del Estado de Derecho y de la democracia? Ese poder que da “la organización” es el que normalmente apela a las vías de hecho y obliga a los gobiernos a firmar acuerdos de paros cívicos que luego el Estado no puede cumplir en los términos pactados.

Un ministerio presionaría a otros ministerios, bajo el mismo gobierno, con el poder organizado de la población excluida, dice el presidente, “logrando detener que cualquier política pública que se haga en el Estado que provocaría una inmensa desigualdad, se detenga”. Como es de suponer que esto no ocurrirá en su mandato, se trata de algo para el futuro. Tomándose el Estado para hacer política electoral.

Tan preocupante como eso es creer que solo hay una forma de buscar la igualdad y la equidad, y que por tanto sería aceptable que tales ideas fueran “política de Estado”. Aquello de “Una cierta y necesaria neutralidad del Estado” no ha pegado en todos lados (mi columna de octubre 10, 2022).

@DanielMeraV