Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Crea derecho fundamental controvertible, eleva el gasto sin control y procura mayoría de activistas en los consejos superiores universitarios.
El Gobierno publicó la primera versión del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, por la cual “se fortalece el acceso a la educación superior, el financiamiento de las Instituciones de Educación Superior estatales y el bienestar educativo, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación superior”. Naturalmente, cada gobierno puede insistir en sus ideas por más razones en contrario que le den.
El país necesita aprovechar mucho mejor en un “sistema” la oferta y las capacidades de las instituciones de educación superior de calidad de los sectores estatal y privado, creando incentivos para la cooperación y la competencia intra e intersectorial, pero el proyecto de ley ignora tozudamente la otra mitad de la realidad.
Es como si para la eliminatoria del Mundial de Fútbol (para el caso, “la sociedad del conocimiento”) no convocáramos a la Selección Colombia a los talentos que juegan en determinadas ligas porque no nos gustan esos países. Con lo difícil que es construir instituciones de calidad, aquí nos damos el lujo de despreciar a un montón solo por sesgo ideológico.
La objeción o cargo de ser un proyecto de ley anticonstitucional, es decir, adverso a la letra y al espíritu de la Constitución, se basa en lo siguiente: i) la Carta Magna no enuncia la educación superior como un derecho fundamental, ii) una ley no puede crear un derecho fundamental, iii) la Constitución dice claramente cuál educación es un derecho del que se debe garantizar su obligatoriedad (y no es la educación superior), y iv) la Constitución (art. 44) estipula que los derechos de los niños tienen primacía sobre los derechos de los demás, esto es, la educación de los niños prevalece sobre la educación superior de los jóvenes.
Por supuesto, tendremos que esperar la intervención de un columnista de este diario, sapiente y hábil constitucionalista, que probablemente nos dirá que las cosas no son tan claras: que la Corte Constitucional ya creó el derecho fundamental a la educación superior, no faltaba más, y que si bien no hemos garantizado la educación obligatoria, el gobierno, y aquí insertará un argumento inteligente, puede comprometer ingentes recursos ($6,8 billones entre 2024 y 2026) en una educación no constitucionalmente obligatoria, dado el reciente derecho fundamental.
Sí les pediríamos entender a estos brillantes creadores de derecho que si la educación básica es un derecho fundamental, y también la superior, según quiere el gobierno, necesitamos que el correlato sea tratar la educación como servicio público esencial para hacer una regulación razonable del derecho de huelga y así poder mejorar el orden y la gobernabilidad del sector.
La fórmula del gobierno es declarar que la educación superior es un derecho fundamental, el fetichismo legal, y arreciar el gasto en el subsector, el fetichismo presupuestal, bastante lejos de la evolución conceptual y la reforma institucional requeridos para crear el “sistema” y optimizar la inversión de la sociedad en el subsector. Aquello de “gastar mejor” como requisito de “gastar más” no es el fuerte de esta administración.
Y este problema de gasto dominado por grupos de intereses creados empeoraría con la mala idea del proyecto de ley sobre la conformación del Consejo Superior de las universidades (CSU): pasaría de 9 integrantes a 11, con dos estudiantes en vez de uno, dos docentes en lugar de uno, y un administrativo no docente, que hoy no está en la ley 30/1992. Con estos cinco, más el delegado del Ministerio de Educación y el de Presidencia de la República le será fácil al populismo tener mayoría en los CSU.
Uno de los docentes y uno de los estudiantes representantes serían elegidos por “asambleas multiestamentarias como cuerpos colegiales de participación, mediante las cuales las comunidades inciden efectivamente en la elaboración de las políticas y planes institucionales y en las reformas o modificaciones estatutarias”.
En las asambleas multiestamentarias decidirán los activistas que vayan y la elección democrática de los representantes será menos importante. Si ya pocas universidades estatales pasan un test de buen gobierno, con este proyecto de ley se legitimaría y profundizaría la situación anómala de gobernabilidad de muchas instituciones de educación superior públicas, que da lugar a malas prácticas que afectan su calidad y la administración de sus recursos.
De nuevo, ¿el Ministerio de Hacienda está avalando esto?
