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Enfrentar la “captura del regulador”, la ruptura del principio de responsabilidad y el derecho de huelga sin regulación.
Sabemos que el gobierno no puede dirigir (decidir e implementar) la política pública educativa ni garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas del Estado porque hay poderes de facto que lo impiden, pero muchos creen que no se debe decir para no molestar a los que ejercen el poder de facto.
Un poco como en la fábula de “El traje nuevo del emperador”, se recomienda fingir que no hay cogobierno de la política educativa por la fuerza (que el rey no está desnudo con su traje invisible).
Eso tal vez sería admisible si nos llevara al desarrollo, pero ningún país ha alcanzado el bienestar general para sus habitantes i) con un Estado que solo pueda aumentar el gasto educativo sin usarlo como instrumento de política, y ii) sin una estrategia de crecimiento económico que discipline a la educación. Colombia es exuberante en ambas condiciones indeseables.
Ocurrió que los gobiernos (Santos, Duque) fueron cediendo dominio de la política educativa a cambio de paz laboral, por la incapacidad de controlar los paros docentes y estudiantiles, por incompetencia negociadora, normalización institucional y, finalmente, por plena convergencia ideológica, cuando el “regulado” (Fecode) le cofinanció la campaña electoral al “regulador” (gobierno Petro), obteniendo crecientes rentas salariales (interés gremial) sin evaluación docente real (interés general).
Si tuviéramos una cumbre de cooperación con una potencia de transferencia tecnológica en agroindustria de precisión, por ejemplo, y las autoridades visitantes quisieran hablar con estudiantes y conocer laboratorios de una universidad estatal grande, el gobierno colombiano no podría garantizar que eso sea posible.
Un país cuyo Estado no controla el orden público de aquellos pequeños “territorios” estratégicos donde se procesa conocimiento, ciencia y tecnología, difícilmente puede ser tomado en serio en sus propósitos.
Un país cuya clase dirigente ni advierte que el Ministerio de Educación negocia con la federación de sindicatos materias que excluye la ley, como el ejercicio de “competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado” en el sector, difícilmente tendrá un ministerio que le responda como agente a la sociedad, entendida como principal, mandante. Al no haber estrategia de crecimiento económico da igual lo que presente el ministerio como resultados.
La inexistencia de relación entre remuneración docente y aprendizaje estudiantil rompe en la base del sistema educativo el principio de responsabilidad, afectando severamente su aplicación en toda la estructura.
Así, los docentes no responden ante los rectores, los rectores no responden ante las secretarías de educación, las secretarías no responden ante el ministerio, y el ministerio no responde realmente ante la sociedad, simplemente la enreda, porque no tenemos ni el marco de objetivos e indicadores de la educación para el crecimiento ni el entramado institucional para evaluarlos (el Congreso y los partidos poco aportan).
Lo que hay es una simulación: el rector rara vez evalúa por debajo de 60 puntos a un docente, porque al rector no le afecta el desempeño de su institución educativa. Hay que meter responsabilidad, instrumentos e incentivos en la base del sistema y hacia arriba.
En aspectos fundamentales, el sistema educativo se gobernaría a sí mismo, y lo que cambiaría cada cuatro años es su liderazgo.
Para eso necesitamos, entre otras cosas, que regulemos el derecho de huelga en el servicio público esencial de la educación (no prohibición, obviamente), y no confundamos autonomía universitaria con extra-territorialidad, o seguiremos diciendo por miedo, interés o miopía que el rey no está desnudo.
