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La educación media es parte del problema y también la estructura de la oferta y el Sena.
El presidente Gustavo Petro anunció en plaza pública que el gobierno presentará pronto al Congreso una reforma de la Ley 30 de 1992 para “que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse”. Y la Ley 2294/2023 del Plan Nacional de Desarrollo habla en su artículo 122 de una “reforma participativa del sistema de educación superior”, dando prioridad a la actualización de los artículos de financiación.
El primer problema de este enfoque es que ignora que necesitamos una gran reforma educativa, dentro de la cual va la educación superior (ES). No conviene una reforma aislada o ensimismada de la ES. “Gran” en el sentido de poner a la educación en consonancia con la productividad, la equidad, la democracia.
A modo ilustrativo, en una relación de doble vía, un cambio en la educación terciaria requiere que el país disminuya dramáticamente la informalidad empresarial y laboral para poder aumentar la “educación dual”, al tiempo que las empresas requieren que el talento en formación académica que les llega tenga unos conocimientos y competencias generales adecuados para el desempeño laboral.
Ese es, en un nivel macro, un cruce complicado de la reforma laboral que se ha propuesto con una reforma de la educación superior, que pasa inadvertido porque no estamos pensando una “gran reforma educativa” con impactos en ámbitos fundamentales de la sociedad.
Y que hablemos de reforma de la educación superior sin conectarla con la reforma de la educación media (grados 10 y 11) muestra que no estamos pensando la educación en su conjunto. Pretender absorber (en un 80 %, ha dicho antes el presidente) las cohortes de bachilleres tal como están graduándose en la actual estructura de la oferta de educación superior es muy mala idea e inviable.
Distinto sería si los bachilleres salieran tras un preescolar “obligatorio y universal” desde los tres años, 12 años de escolaridad, con una clara diferenciación entre la básica secundaria y la media, y con 18 años de edad. El primer pedido de un responsable de la educación superior debería ser: “arreglen la educación media y no me manden bachilleres de 16 y 17 años que no saben leer bien y no saben qué quieren”.
En contraste, el gobierno cree que la prioridad es aumentar la cobertura en educación superior como sea, con más gasto. Y esto es un segundo problema porque primero deberíamos discutir los pilares de la arquitectura del sistema de educación y luego sí cómo vamos a financiar lo que queremos. ¿Privilegiar el derecho discutible a la educación superior sobre el derecho indiscutible a la educación inicial? La respuesta tiene obvias implicaciones en la financiación de todo el sistema (aparte de decidir si gastamos más en lo que está mal).
Una “reforma de la educación superior” sin abordar la necesidad de un subsistema de formación técnica y tecnológica con una reforma institucional del Sena para que se complemente e integre con el resto de la oferta es sacarle el cuerpo a un problema de economía política grande. Lo que lleva a dos cuestiones: i) una “gran reforma educativa” se hace en varias etapas, en más de un gobierno, y con una coalición amplia comprometida con un horizonte claro, y ii) los ‘Diálogos Permanentes por la Educación Superior´ que está adelantando el Ministerio de Educación, típicos de su concepción de democracia, con la pretensión de “vinculantes”, no van a sustituir la negociación y el consenso con los actores estratégicos del subsector. Es decir, no vamos a avanzar mucho.
