El gobierno, lamentablemente, no tiene la coalición ni la capacidad técnica para el cheque en blanco de las facultades extraordinarias.
En el proyecto de ley de Rescate económico, el Gobierno pide “facultades extraordinarias para la reorganización y eficiencia del Estado”. Tendría seis meses para “suprimir, fusionar y escindir ministerios, departamentos administrativos y superintendencias”. Se trata de amplios poderes para una reforma del Estado necesaria.
La cuestión es que el gobierno no ha exhibido los atributos indicados para recibir tal cheque en blanco, una precaución que aplica a todos los gobiernos, y más en las circunstancias que vivimos de riesgo latente de devolvernos en el péndulo. No estamos para labrarnos de nuevo un tiquete al abismo.
Los atributos que hacen falta en el Gobierno son: i) encabezar una coalición comprometida con la reforma, coalición que es indispensable para calibrarla en sus costos políticos e intentar su sostenibilidad; y ii) tener la capacidad técnica que exige el ejercicio de las amplias facultades extraordinarias en seis meses.
Después de un régimen que desmanteló la poca tecnocracia sectorial que había, un gobierno que está comenzando y que no trabaja con la tecnocracia y la intelectualidad que le podrían ayudar, porque no aplauden al presidente cada vez, difícilmente puede decir que está preparado para un diseño (“omnisciente”) múltiple y a gran escala.
El propio proyecto de ley de rescate económico muestra estas dos carencias: i) pone al principal partido de gobierno a declarar que no podrá respaldar aspectos centrales de su contenido, con lo cual entra perdiendo y queda en manos de los partidos que votarían por conveniencia (pagada), no por convicción, y ii) pide facultades que no alcanzará a usar, a menos que esté dispuesto a usar la motosierra de Milei en lugar de bisturí.
Una cosa es rediseñar la arquitectura institucional de la rama ejecutiva, de por sí una misión desafiante, y otra “modificar la estructura orgánica y las plantas de personal de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades y organismos de la administración pública nacional”. En el escaso lapso de seis meses.
Ciertamente, la reforma del Estado requiere hacerse por facultades extraordinarias, pero después de un proceso previo que la haga viable técnica y políticamente.
Además, no hemos resuelto la cuadratura del círculo que implica la ley pendiente de competencias entre los subniveles de gobierno ordenada por la reforma constitucional a 12 años del Sistema General de Participaciones, SGP.
¿Cómo es que se van a transferir “gradualmente” competencias del Estado central a departamentos y municipios a medida que aumentan las transferencias hacia ellos año tras año? Es un problema fiscal, funcional, operativo, tecnológico.
Realmente es un problema complejo la reforma del Estado, y en su abordaje están predominando ideas simplistas. Por ejemplo, fusionar ministerios como símbolo o trofeo político. Ya lo ensayamos, pero como que no aprendimos. Tuvimos varios superministerios (Ley 790 de 2002) y el experimento se revirtió parcialmente sin drama (Ley 1444 de 2011).
Una reforma del Estado procede por funciones y capacidades, en medio de una revolución tecnológica que permite que las capacidades no dependan del tamaño de la estructura administrativa, anoté en “¿Fusionar ministerios de Educación, Cultura y Deportes?” (16/marzo/2026). Son dos cosas distintas el recorte del gasto y la reforma del Estado. El primero debe ser subproducto del segundo.
Estamos lejos de un Estado delgado en sus operaciones, especializado en sus funciones, integrado en su tecnología y profesional en su talento humano, y tal Estado no se decreta a las carreras. Y es mejor no incendiar la pradera en vano.