Más capacidades para los rectores y seguimiento de trayectorias niño a niño con pruebas estandarizadas, entre otras medidas.
Así como una reforma educativa requiere un marco renovado de estrategias de crecimiento económico para ser urgente, el cambio en la evaluación docente que valore el aprendizaje estudiantil requiere un marco de reforma educativa para ser viable.
La reforma educativa no ha sido una prioridad porque no hemos decidido cómo vamos a alcanzar un crecimiento alto y sostenido que irrigue bienestar, lo que la volvería indispensable, y porque tiene un costo político alto (por los paros de Fecode) que solo se pagaría por un objetivo de mayor valor que no tenemos: el desarrollo económico.
Que los ascensos y reubicaciones salariales de los docentes oficiales estén relacionados (digamos en un 40 %) con el desempeño estudiantil sería un cambio más potente si es concurrente con i) un currículo nacional básico (menos asignaturas, más profundidad); ii) una política de textos escolares para todos los alumnos; iii) más facultades, responsabilidades y recursos para los rectores; y iv) un giro pedagógico hacia metodologías de aprendizaje activo y dominio humano de la Inteligencia Artificial. De hecho, en este momento no se podría incluir de forma general la ponderación de resultados de estudiantes en la evaluación de desempeño docente anual porque la única prueba censal que estamos haciendo es Saber 11.
Desde finales del segundo gobierno de Santos dejamos de practicar Saber 3, 5 y 9 a todos los estudiantes (recientemente se ha introducido Saber 7 de modo muestral), lo que había sido un experimento corto. Necesitamos las pruebas estandarizadas y discutir antes el alcance y método de sus componentes cognitivos y socioemocionales.
Los gobiernos suelen sacar pecho del “presupuesto más alto de la historia en educación”, pero no les alcanza para llevar la trayectoria de aprendizaje y formación niño a niño, por cada dos grados, mediante pruebas estandarizadas. Luego desertan en grado noveno o se gradúan de bachilleres sin las competencias mínimas necesarias para la educación postmedia, el trabajo y la vida, y al sistema educativo y a la sociedad les da lo mismo.
La manera de romper ese acuerdo tácito de silencio e indiferencia en el sistema educativo frente a los resultados estudiantiles es darles capacidad y responsabilidad a los rectores y hacer que les importe a los docentes porque su trabajo es hacer que los estudiantes aprendan.
Como el aprendizaje de los alumnos no depende solamente de las habilidades del docente, se valora el progreso de los estudiantes, algo claro en la literatura sobre experiencias de otros países (algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo). Lo que no resulta aceptable es no admitir ninguna responsabilidad.
Y esto nos lleva a los más de 100 mil docentes del régimen del 2277 de 1979, que no tienen obligación de someterse a evaluación laboral anual y cuyos ascensos se basan en antigüedad y diplomas. Estábamos hablando de, al menos, 150.000 docentes del 1278 de 2002. Encontrar un incentivo para que los del 2277 se acojan (voluntariamente) a la cruzada por el aprendizaje de estudiantes es una necesidad insoslayable.
