Reforma educativa y deterioro físico de los colegios
La gratuidad total, el diseño institucional y el factor cultural explican tanto como la financiación global.
Miles de las 44.033 sedes de las 9.882 instituciones educativas oficiales entraron en un franco deterioro físico en los últimos años por una razón, según muchos rectores: los recursos de gratuidad no alcanzan para la operación, menos para el mantenimiento de las instalaciones.
Es cierto que en 2019 la asignación de gratuidad educativa (que reemplaza los ingresos por cobro de derechos académicos y servicios complementarios) es levemente inferior a la de 2014, y que en los últimos tres años bajó de $599.000 millones a $557.000 millones, pero esa no es la única razón de lo que está pasando.
La situación fiscal de la educación es que el pago de la nómina docente desde 2015 está creciendo bastante más que los ingresos corrientes de la nación (5,7% versus 3,6% en 2018), lo que puede agudizarse con la nueva cohorte de la evaluación docente para ascenso que pasan casi todos y no contribuye a la calidad. Por lo demás, una estructura de gasto de 94% nómina, 3% calidad y 3% gratuidad nos condena.
Y la solución no es una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP) para mantener esta tendencia de gasto, sin haber discutido la reforma legal que se abortó el año pasado por susto.
Que la infraestructura educativa se esté deteriorando a la vista de todos refleja que la educación no es prioridad de la sociedad colombiana. Más allá del mantenimiento, sabemos que “la infraestructura educativa actual no cuenta con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio” (Conpes 3831/2015 sobre infraestructura para jornada única escolar que reseñó encuesta a casi 9.000 sedes).
Muchas instituciones educativas carecen de estructuras eléctricas fundamentales para la adecuación de las TIC, anota una docente de Cali. La falta de pintura, la suciedad, los arrumes de pupitres dañados, las paredes agrietadas y rayadas, los baños inmundos, las puertas desvencijadas, la maleza y el desorden contribuyen a ambientes escolares propicios a la mala calidad educativa.
Pero nos resistimos a advertir las evidencias de una crisis multidimensional en la educación colombiana. La gratuidad educativa total, que se decretó en 2012, prohibiendo cualquier contribución voluntaria de los padres de familia, era innecesaria y ha traído unos efectos negativos que apunté hace siete años en esta misma columna: disminuir la financiación, desestimular la corresponsabilidad de los hogares y lesionar la autonomía escolar, sin contar el problema de liquidez crónico por la demora de los giros del nivel central.
La reforma educativa para enfrentar los agudos problemas del sector debe estimular los valores que sabemos nos llevarán al progreso como país: la corresponsabilidad, el compromiso, el espíritu de superación, el orden, la proactividad y también el sentido estético.
Necesitamos de vuelta a los padres y madres de familia en los colegios como dolientes, aportando lo que puedan (gratuidad diferenciada); a los estudiantes de nuevo en jornadas de aseo y ornato para que se sientan orgullosos del aspecto de su institución, no impasibles ante los que dañan las cosas. Necesitamos a la policía y a la comunidad impidiendo que los jíbaros merodeen las instituciones educativas.
Necesitamos que el diseño institucional no refuerce la dejadez, sino que estimule el cambio cultural. Adicional a la gratuidad diferenciada, una reforma del Programa de Alimentación Escolar y de cómo se distribuye la asignación del SGP para calidad educativa podría ayudar enormemente a poner la institución educativa como eje de la vida comunitaria y a impulsar un cambio en toda la sociedad en equidad y productividad.
Pero mientras sigamos dándonos contentillo no va a pasar nada, es decir, nos seguiremos deslizando en una pendiente de la que tal vez no nos podamos devolver. Hay que pensar en eso cuando veamos un colegio público deteriorado, sin alma y sin dolientes; con seguridad, reproductor del atraso y la desigualdad.
La gratuidad total, el diseño institucional y el factor cultural explican tanto como la financiación global.
Miles de las 44.033 sedes de las 9.882 instituciones educativas oficiales entraron en un franco deterioro físico en los últimos años por una razón, según muchos rectores: los recursos de gratuidad no alcanzan para la operación, menos para el mantenimiento de las instalaciones.
Es cierto que en 2019 la asignación de gratuidad educativa (que reemplaza los ingresos por cobro de derechos académicos y servicios complementarios) es levemente inferior a la de 2014, y que en los últimos tres años bajó de $599.000 millones a $557.000 millones, pero esa no es la única razón de lo que está pasando.
La situación fiscal de la educación es que el pago de la nómina docente desde 2015 está creciendo bastante más que los ingresos corrientes de la nación (5,7% versus 3,6% en 2018), lo que puede agudizarse con la nueva cohorte de la evaluación docente para ascenso que pasan casi todos y no contribuye a la calidad. Por lo demás, una estructura de gasto de 94% nómina, 3% calidad y 3% gratuidad nos condena.
Y la solución no es una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP) para mantener esta tendencia de gasto, sin haber discutido la reforma legal que se abortó el año pasado por susto.
Que la infraestructura educativa se esté deteriorando a la vista de todos refleja que la educación no es prioridad de la sociedad colombiana. Más allá del mantenimiento, sabemos que “la infraestructura educativa actual no cuenta con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio” (Conpes 3831/2015 sobre infraestructura para jornada única escolar que reseñó encuesta a casi 9.000 sedes).
Muchas instituciones educativas carecen de estructuras eléctricas fundamentales para la adecuación de las TIC, anota una docente de Cali. La falta de pintura, la suciedad, los arrumes de pupitres dañados, las paredes agrietadas y rayadas, los baños inmundos, las puertas desvencijadas, la maleza y el desorden contribuyen a ambientes escolares propicios a la mala calidad educativa.
Pero nos resistimos a advertir las evidencias de una crisis multidimensional en la educación colombiana. La gratuidad educativa total, que se decretó en 2012, prohibiendo cualquier contribución voluntaria de los padres de familia, era innecesaria y ha traído unos efectos negativos que apunté hace siete años en esta misma columna: disminuir la financiación, desestimular la corresponsabilidad de los hogares y lesionar la autonomía escolar, sin contar el problema de liquidez crónico por la demora de los giros del nivel central.
La reforma educativa para enfrentar los agudos problemas del sector debe estimular los valores que sabemos nos llevarán al progreso como país: la corresponsabilidad, el compromiso, el espíritu de superación, el orden, la proactividad y también el sentido estético.
Necesitamos de vuelta a los padres y madres de familia en los colegios como dolientes, aportando lo que puedan (gratuidad diferenciada); a los estudiantes de nuevo en jornadas de aseo y ornato para que se sientan orgullosos del aspecto de su institución, no impasibles ante los que dañan las cosas. Necesitamos a la policía y a la comunidad impidiendo que los jíbaros merodeen las instituciones educativas.
Necesitamos que el diseño institucional no refuerce la dejadez, sino que estimule el cambio cultural. Adicional a la gratuidad diferenciada, una reforma del Programa de Alimentación Escolar y de cómo se distribuye la asignación del SGP para calidad educativa podría ayudar enormemente a poner la institución educativa como eje de la vida comunitaria y a impulsar un cambio en toda la sociedad en equidad y productividad.
Pero mientras sigamos dándonos contentillo no va a pasar nada, es decir, nos seguiremos deslizando en una pendiente de la que tal vez no nos podamos devolver. Hay que pensar en eso cuando veamos un colegio público deteriorado, sin alma y sin dolientes; con seguridad, reproductor del atraso y la desigualdad.