Reforma en educación superior

EVITAR EL SIGUIENTE CONFLICTO generalizado de las universidades públicas con el gobierno y crear el consenso necesario en la educación superior para el nuevo período del país. ¿Será eso posible?

Las protestas del semestre pasado llevaron a recursos adicionales, en 2010, por 118 o $160 mil millones, según se mire, que resuelven muy parcialmente el problema de desfinanciamiento acumulado, estimado por los rectores en alrededor de medio billón de pesos. La fórmula, en general, no gustó, porque sólo $70 mil millones harán “base presupuestal”, garantizando su recurrencia, aunque su criterio de distribución, un fondo competitivo para aumentar cobertura, constituye una importante innovación.

La Ministra, sin embargo, varió su posición y decidió concertar con el Sistema Universitario Estatal y las asociaciones de instituciones de educación superior una reforma de la Ley 30 de 1992 en el esquema de financiación. El proyecto fue radicado en abril, con mensaje de urgencia, y archivado por vencimiento de términos en junio. Una “muerte anunciada”, y tal vez conveniente, porque no hay suficiente claridad sobre la relación entre la reforma de lo financiero, lo institucional y lo “estructural”.

Podría resultar problemático acordar incrementos sustanciales de recursos públicos para el sistema de educación terciaria, o cualquiera, sin establecer un amplio consenso sobre cómo éste va a satisfacer las expectativas de la sociedad y la economía. Tocar lo financiero primero o aisladamente, corre el riesgo de dejar “sin dientes” o instrumentos al resto de reformas. La apuesta de la Ministra parece ser que el consenso se creará después, pero el proyecto de ley dice que las definiciones serán de dos, el Ministerio y los rectores, cuando debería involucrarse a más actores, y es preciso repensar el marco normativo en el que se toman las decisiones.

No era razonable intentar una reforma integral al final del Gobierno, pero sí ahora, al comienzo de otro. La meta de cobertura del proyecto archivado era 50% en 2019, mientras la del gobierno electo es “duplicar durante la próxima década el número de alumnos inscritos en las universidades”, o sea 70%. El nuevo Ministro de Hacienda tendrá que decir si le cuadran los aumentos reales de las transferencias a las universidades, especialmente a partir de 2012. Habrá mayor énfasis en la innovación, probablemente como nunca antes, y es discutible segmentar ahí la competencia por recursos públicos entre universidades estatales y privadas.

Que la “estrategia financiera” del sistema es mejorable lo muestra la introducción del modelo de “crédito estudiantil contingente al ingreso” por parte de los congresistas ponentes. Las discusiones con las agremiaciones, el foro internacional y el proyecto de ley dejan un acervo valioso, pero hay que ser más sensibles al desfinanciamiento, para anticipar líos, y más ambiciosos con el potencial de los recursos nuevos, comenzando por fortalecer la voz y el compromiso de las universidades en la fijación de metas de país.