Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Los “diálogos regionales vinculantes”, en contravía de la institucionalidad derivada de 1991.
Ha dicho la propaganda política que “la Constitución de 1991 es el mejor legado del M-19″ y se afirma que un sello de la Carta que nos rige es la democracia participativa.
El gran tótem de las ciencias sociales, en particular de la sociología colombiana, Orlando Fals Borda, constituyente por la Alianza Democrática M-19, escribió “La accidentada marcha hacia la democracia participativa en Colombia”, que repasó nuestra historia política desde 1970 en esa clave.
Pero el presidente Petro no está reivindicando la democracia participativa, sino hablando de democracia deliberativa. ¿Por qué no está honrando ese sello del “legado”?
Durante bastante tiempo, la democracia participativa estuvo sobrevalorada en el discurso político y ahora que la izquierda llegó al poder la están subvalorando. La Corte Constitucional dijo en 2001 que “con la Constitución de 1991 se inició constitucionalmente el tránsito de la democracia representativa a la participativa”. De ese tamaño.
21 años largos después, parece que no hicimos ese “tránsito” y que la democracia participativa no es una causa digna de ser defendida. No están realzando desde el poder la institucionalidad de la democracia participativa, a la que le ha faltado una inyección de compromiso presidencial en estas décadas, sino inventándose formas de participación social.
Para el caso del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, existe el Consejo Nacional de Planeación, una instancia con representantes de los sectores económicos (4), sociales (4), educativo y cultural (2), ecológico (1), comunitario (1), comunidades étnicas (3), mujeres (2) y entidades territoriales (al menos 9), establecido por la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (152 de 1994).
Sin embargo, vamos a ensayar los “diálogos regionales vinculantes”, que solo pueden ser vinculantes políticamente, no jurídicamente. Es decir, son un recurso político del gobierno que debilita todavía más la institucionalidad de la democracia participativa.
Lo que haría la diferencia en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, que es el soporte de la democracia participativa, sería que el gobierno diera relevancia al proceso por el cual se elaboran las ternas que presentan (al presidente) las agremiaciones, esto es, a las agremiaciones mismas, y proporcionara mecanismos o incentivos para que estas representen bien a sus bases.
La cuestión clave es que las organizaciones que participan en la institucionalidad de la democracia participativa también “representan”, porque en las sociedades que superan cierto tamaño (y complejidad, como todas las modernas) la representación es inescapable, ineludible. Es una realidad que tienden a ignorar los enemigos de la democracia liberal.
La democracia participativa tiene la utilidad o virtud de ser complementaria de la democracia representativa y de no absolutizar el alcance de la representación política en la democracia. Por eso tenemos “los mecanismos de participación a los que puede acudir el pueblo: Iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto” (por la Ley estatutaria 134 de 1994). Otra cosa es que debamos afinar esos mecanismos y seguramente diseñar nuevos.
Pero los padres putativos no están cuidando tal legado, sino improvisando recursos informales que pueden interpretar a antojo. Deberían llamarla “democracia directa excitada por el caudillo”. Tal vez no sobre decir que el “Estado comunitario” y el “Estado de opinión” me producen la misma emoción.
