El MinInterior agudiza captura clientelista y el MinEducación les tramita 22 billones de pesos adicionales en el Congreso.
Este gobierno llevó a otro nivel la injerencia política en las universidades públicas.
El reciente episodio del ministro del Interior metido en la elección del rector de la U. del Atlántico se suma a las intentonas de la delegada del presidente en el Consejo Superior de la U. Popular del Cesar, a los bandazos arbitrarios con la U. de Antioquia, a la usurpación de la rectoría de la U. Nacional de Colombia y a la abierta instrumentalización política de la representación del gobierno en los consejos superiores universitarios (CSU).
Hemos tenido por décadas un “equilibrio perverso” entre captura clientelista de universidades por la clase política (con apoyo del gobierno nacional), radicalismo ideológico de grupos de profesores y estudiantes, prebendas o rentas para los que tienen algún poder de decisión interna y la política de “hacerse pasito” en el cumplimiento de los deberes, con variaciones de una institución a otra. En las grandes, más radicalismo que captura clientelista.
La autonomía universitaria y la extra-territorialidad, que no tiene fundamento constitucional ni legal, han servido para que prolifere la reelección de rectores, persista la intimidación de los encapuchados violentos (con sus implicaciones para el pluralismo) y haya una opaca rendición de cuentas (de sus muy sub-óptimos resultados) al Estado y a la sociedad.
Las universidades públicas ya estaban en una situación crítica, insostenible desde el punto de vista de una política pública responsable. Lo que ha hecho este gobierno es pretender capturarlas (todavía más) para su proyecto político a través del gasto (sin control), del populismo (formalización obligada de docentes ocasionales, p.e.) y de la intervención. En la U. del Chocó, p.e., acaba de nombrar los representantes de docentes y estudiantes en el CSU, cuando ha tenido suficiente tiempo para normalizar la institución.
Así, lo que procede en el próximo periodo es un rescate, comenzando con que el gobierno nombre a personas serias y preparadas como sus dos delegados en los CSU, profesionalice su gestión, acuerde con los gremios el perfil y el compromiso de los consejeros del sector productivo y con la Contraloría General de la República un ejercicio de auditorías a las IES estatales. Todo esto y más sin necesidad de cambiar la Ley 30 de 1992.
La ley 30 hay que reformarla, pero primero se necesita un cierto orden en el gasto (desde 2019 la base presupuestal ha crecido bastante), en la gobernanza, en las prioridades de política. Lo que no conviene es incrementar el gasto bajo las actuales condiciones, y no solo por el ajuste fiscal inevitable.
Y eso es justamente lo que hace el proyecto de ley, presentado por el ministro de Educación, que aprobó hace poco la plenaria del Senado en segundo debate, por el cual se modifican los artículos de financiación de la Ley 30/1992. Aumentaría las transferencias de la nación a las IES públicas en 22,1 billones de pesos a lo largo de 13 años (sin tomarse la molestia de parar el desangre del régimen que permite salarios docentes de 50 millones de pesos y más)
Como es probable que la Cámara convierta en ley el proyecto, habrá que ir pensando en un acto legislativo que regule la entrada en vigencia o suspensión de reformas y leyes de gasto, incluyendo la del SGP. “Gastar mejor” antes de “gastar más” simplemente.
