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Ni un mesías ni el multipartidismo actual sirven para alcanzar el consenso básico de las reformas.
Foco Económico, un blog latinoamericano de economía y política, publicó la estupenda entrada “Hacia un contrato social renovado en tiempos de Covid-19 para América Latina: ¿por qué? ¿qué incluir?, ¿cómo llevarlo a cabo?”, firmado por Cristina Cabutto, Sebastián Nieto Parra y Juan Vázquez Zamora, investigadores del Centro de Desarrollo de la OCDE.
No mencionan las “coaliciones políticas”, pero sí las “instituciones intermedias”, comenzando por los partidos. “Para alcanzar un consenso, e incluso una vez logrado, las instituciones intermedias son fundamentales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de un nuevo contrato social”. Pero “el apoyo a los partidos políticos alcanzó en 2020 el nivel más bajo desde 2003 situándose en el 13%”, al tiempo que aumentó la politización ideologizada arriba del 20%.
Sumado eso a “la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos en un 38% en 2020 frente a un 45% en 2010″, el riesgo de ascenso al poder de un caudillo por vía electoral no es despreciable (no lo dicen tal vez por ser de la OCDE). Un caudillo (autoritario) que aproveche la crisis de legitimidad de los partidos como canales de representación y se apalanque en una parte radicalizada de la sociedad. Es la situación de Colombia.
Sea que gane o no la presidencia el caudillo, las actuales coaliciones político-electorales seguirán siendo necesarias, en primer lugar para abordar el problema de las “instituciones intermedias”, que en general concierne al rol de la sociedad civil en la dimensión política del “contrato social”, más allá de los partidos políticos, pero priorizando a estos porque conforman el poder político en democracia.
Estamos atrapados en el instrumento y en el procedimiento: necesitamos a los partidos para construir los consensos en el Congreso (las reformas), y no sabemos cómo llegar a acuerdos sociales y tramitarlos. El instrumento y el procedimiento se estorban y se hunden mutuamente.
Plantean Cabutto, Nieto y Vásquez la necesidad de acuerdos transversales “i) entre grupos socioeconómicos, ii) entre territorios, y iii) entre generaciones”, pero la única manera es integrando distintos intereses en visiones coherentes con representación política y capacidad (legitimidad) para negociar buscando equilibrios entre ganancias y pérdidas (“consenso que sea justo, legítimo y duradero, especialmente en un contexto de alto descontento y espacio fiscal reducido”, resaltan de la OCDE).
Lo que nos trae de nuevo a las coaliciones, como una posibilidad de corregir en parte los costos del multipartidismo exagerado, si se institucionalizan en una reforma política, ya que no vamos a ser capaces de reducir el número de partidos.
Cada coalición tendría su propia aproximación a la renovación del contrato social (Fedesarrollo lidera propuesta). Para América Latina y el Caribe, los autores proponen tres grandes objetivos: “i) estrategias productivas sostenibles que den prioridad a la creación de empleos de calidad y que consideren tanto la transformación digital como la transición verde; ii) sistemas de protección social más amplios y eficaces que refuercen los mecanismos de focalización, apoyen la formalización y aborden los retos relacionados con las reformas de las pensiones; y iii) un modelo de financiación del desarrollo más sostenible basado en un pacto fiscal que aborde tanto los ingresos como los gastos y que refuerce la gestión de la deuda pública a nivel global”.
El marco de las reformas estructurales e institucionales para alcanzar estos objetivos (y otros) puede variar, pero lo cierto es que necesitamos comenzar en 2022 esta senda.
