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Por ley, COP 22 billones para elevar de 56 % a 72 % la participación oficial al 2040.
La plenaria de la Cámara de Representantes se apresta a aprobar, en cuarto y último debate, el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, centrado en la financiación de las instituciones de educación superior públicas.
Con horizonte a 2040, el proyecto buscar elevar del 56 % al 72 % la matrícula oficial de pregrado y disminuir del 44 % al 28 % la matrícula privada, con un gasto de COP 22,1 billones adicionales.
¿Por qué ese cambio sería bueno para el país? La respuesta del gobierno, autor del proyecto, y de los ponentes es que la educación superior es un derecho fundamental y hay que satisfacerlo de modo gratuito en instituciones oficiales.
Se trata del proyecto ideológico de pasar de una oferta mixta, estatal y privada casi por mitades, a una oferta predominantemente estatal. Que es la razón por la cual estrangularon al Icetex: para evitar matrícula en instituciones privadas.
La frustración y la zozobra financiera de miles de jóvenes y sus hogares que dependían del Icetex les ha importado cinco, como no extraña del pensamiento que viene de justificar la violencia para hacer la revolución de estatizar a diestra y siniestra.
Lo que sorprende un poco es que este proyecto haya sido aprobado por la Plenaria del Senado (en la Comisión Sexta está clara la mayoría del gobierno). Y también que uno de los dos coordinadores ponentes en la Sexta de Cámara sea de Cambio Radical.
Es decir, los que deberían no han entendido o no se han tomado en serio las implicaciones de este proyecto estatizante, cargando al próximo gobierno con otro reto legislativo complicado.
La idea según la cual los derechos sociales se atienden solamente con instituciones estatales es contraria a nuestra Constitución y nos llevaría a cercenar drásticamente la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos. En un país con tendencia a crear derechos con facilidad, esa visión nos convertiría en otro tipo de sociedad, estatizada. Que unos quieren y otros no queremos.
La segunda idea es de la misma familia: que las IES públicas son buenas por sí mismas y que no debemos cuestionarnos si es correcto inyectarles muchos más recursos sin que cambien, sin que afronten los problemas que todos los días vemos y sabemos, resumidos en mala gobernanza, clientelismo, abuso salarial, burocratismo, baja calidad con frecuencia, falta de pertinencia.
La mayoría del Senado ha debido entender que esta reforma legal es una pieza clave en el proyecto político del gobierno: fortalecer sus bases sociales en instituciones fundamentales en la reproducción del pensamiento y la cultura en la lucha por el poder y la orientación de la sociedad.
Por eso en cuatro años no cerraron la vena rota del régimen salarial (pagos de por vida por publicaciones) ni impulsaron la racionalización de las plantas administrativas. Al contrario.
En cambio, explícitamente quieren contraer la oferta privada a la brava, en lugar de guiarse por la calidad y aprovechar la capacidad instalada de universidades sin las cuales el país quedaría manco o cojo y no sería reconocible. Mezquindad e ideología obtusa de la mano.
