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Descontando el puro interés político de ganar adeptos electorales, el gobierno sí tiene una concepción de la sociedad y de la política que idealiza “lo popular”, que le otorga virtudes que no tiene, emparentada “ancestralmente” con la hipocresía de la “dictadura del proletariado”. El problema, como siempre no advertido, son las consecuencias de las ideas.
Lo que para los modernizadores es una categoría de transición hacia las clases medias, para los populistas es una categoría de cuya permanencia depende su proyecto político. Las políticas públicas que surgen de una y otra concepción de lo popular son muy diferentes.
Mientras los reformistas modernizadores quieren poner al servicio de las clases populares el conocimiento, la técnica y las instituciones más avanzadas para sacarlas de esa condición de “populares”, los populistas insisten en que las organizaciones y las asambleas populares se encarguen ellas mismas de los cambios concretos, sin tener las capacidades necesarias, con el resultado previsible de no progresar realmente.
Ese “culto” político-ideológico nos ha llevado a improvisar asociaciones comunitarias como operadores del ICBF en la atención a la primera infancia, una responsabilidad que exige proyecto pedagógico, profesionalización, conocimiento técnico, desarrollo organizacional.
Las asociaciones de base tomaron un único contrato como dádiva del gobierno, sin saber la nula remuneración si hacen las cosas legalmente, sin saber los costos escondidos y los requerimientos reglados. Pequeños desastres repetidos que perjudican a la niñez de las propias clases populares y perpetúan la pobreza.
La primera infancia necesita operadores robustos que capaciten y empleen a trabajadores locales y presten un gran servicio con vocación. Lo mismo pasa con los pequeños productores agrícolas. No necesitan múltiples asociaciones que vayan a perder tiempo en despachos públicos pidiendo pequeños proyectos en manifestaciones o que bloqueen vías para que las escuchen. Necesitan estructuradores de negocios, analistas de mercados, organizaciones profesionales a su servicio, en parte pagados por el gobierno, en parte por inversionistas y, en parte, por los propios beneficiarios con el aumento de ingresos gracias al acceso a nuevos mercados mediante economías de escala.
Algunos funcionarios del gobierno entran en éxtasis en reuniones con líderes populares para oírles lo de siempre, cuando el tema debería ser cómo están funcionando los operadores “poco populares” a su servicio.
Las organizaciones de pequeños productores no tienen el conocimiento, ni la gerencia ni el capital para echar a andar una creación de riqueza con sus activos. El gobierno tiene el capital público y puede buscar la concurrencia del sector privado, en lugar de darles discursos que alejan a los inversionistas que necesitan.
En vivienda no son las organizaciones populares la clave de la solución. Primero hay que diseñar grandes y medianos proyectos de desarrollo urbano con los más versados de Colombia y de otros países, con mecanismos financieros para distintos niveles de ingreso de las familias. Y así se puede ver en muchos sectores la diferencia entre lo popular como transición y como proyecto.
