El titular más técnico de esta columna era “administradores vs reformadores”, pero iba a enganchar menos lectores. La cuestión sobre la que vuelvo es si el próximo periodo presidencial será más propicio para la normalización (el restablecimiento de la normalidad) o para la reforma, asumiendo que ponemos fin al experimento populista.
El punto es importante porque si queremos salir del crecimiento mediocre de largo plazo hay que hacer unas reformas estructurales, pero no es claro todavía qué será posible a partir del siete de agosto. Hasta ahora, la polarización de la campaña ha sido más política que programática.
Si eligiéramos presidente no continuista el próximo domingo, sus prioridades serían la seguridad ciudadana, el orden público, el sistema de salud, el riesgo energético, las relaciones internacionales y la situación fiscal. Campos en los que lo primero es no hacer lo que hizo el gobierno Petro. Es decir, corregir, hacer lo normal, lo obvio, lo correcto, lo responsable, nada del talente de quitarle la i a lo ilegal.
Hacer lo urgente en medio de un ajuste fiscal inevitable. Más gasto en seguridad y en salud, al tiempo que se lidia con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), leyes como la que aumenta las transferencias a las instituciones de educación superior, decisiones pensionales de los jueces y acuerdos colectivos con sindicatos híper-generosos.
Entre recortar lo que se puede por decreto, ir al Congreso para congelar gasto y evitar desequilibrios fiscales, y redistribuir presupuesto en distintos sectores se le puede agotar buena parte del capital político al gobierno. En un panorama así, los buenos administradores, componedores y pragmáticos tendrían un rol fundamental para volver a la estabilidad y al funcionamiento institucional pasable.
Después de la chambonería destructiva que hemos visto, sería un gran alivio tener un presidente “tibio” con un equipo de administradores idóneos, pero mejor sería un presidente dispuesto a iniciar un ciclo de batallas, un presidente que piense que las reformas estructurales bien diseñadas no solo son compatibles con el ajuste fiscal, sino que lo hacen sostenible.
Un presidente que intente con el capital político algo como el efecto Joule de la transformación energética (que se crea mientras se consume): que gaste capital político en seguridad ciudadana y orden público, y el nuevo capital político que salga de ahí lo invierta en reformas institucionales de un par de sectores estratégicos para el desarrollo económico y la equidad (ojalá educación).
Experiencia internacional muestra que los momentos de dura restricción fiscal son los que más obligan a reformar, porque ya no hay dinero para sostener instituciones que no funcionan bien. No se trata de recortar indiscriminadamente, sino de reordenar principios y prioridades, corregir incentivos y cambiar reglas.
Definir bien quién decide y con qué criterios, reducir la captura política de los recursos públicos y la corrupción, premiar resultados y no inercia, introducir competencia, profesionalizar y tecnificar la gestión del Estado, con una visión estratégica (secuencial) de las dimensiones macro, meso y micro de las reformas institucionales y con una narrativa popular que modifique el sustrato cultural nos prestaría un gran servicio para superar el retroceso y salir del estancamiento.
La realidad es que los países se ordenan para crecer, no después de crecer, y sin crecimiento el bienestar social es precario. Lo demás son pañitos de agua tibia.
