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Se necesitan incentivos ex post para no desperdiciar talento de los graduados.
Somos un país que saca al año 262.000 graduados del nivel universitario y 123.000 del nivel tecnológico (2024, SNIES), pero no tiene ni idea del aporte de los trabajos de grado al desarrollo económico, social y cultural.
En el Modelo de Acreditación de Alta Calidad (CESU), tenemos los factores 7 (proyección e interacción con el entorno) y 8 (aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación artística y cultural), y una serie de características asociadas que se evalúan, a los que les falta unos indicadores jalonados por la política pública.
Por ejemplo, en Finlandia, en universidades de ciencias aplicadas el trabajo de grado es evaluado tanto por la universidad como por el “cliente externo”; en Países Bajos, las universidades impulsan proyectos de grado vinculados a grandes retos y a problemas definidos con gobiernos locales, ONG y empresas, y en Corea del Sur hay incentivos financieros a universidades por transferencia de conocimiento a pymes innovadoras a través de trabajos de grado, en el marco de prioridades nacionales de desarrollo.
En Colombia, en contraste, tenemos un Estado que no se toma en serio el talento de su población y no le ofrece un proyecto de desarrollo, y de ahí derivan otros problemas: i) instituciones que se complacen en las declaraciones y no en los resultados, y ii) docentes y estudiantes ajenos a los nociones y expectativas de pertinencia.
Expresión del gran problema de la improvidencia del Estado es que tenemos 224.000 graduados de Administración de Empresas y Derecho, y lejos, 91.000 en Ingeniería, Industria y Construcción, mientras los de Ciencias Sociales, Periodismo e Información (52.000) y de Arte y Humanidades (30.000) más que triplican a los de Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística (11.651) y de Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Veterinaria (11.236), tomando graduados de todos los niveles de formación.
Con suerte, decisión y estrategia, en una generación se podría invertir esas dos relaciones de estudiantes y graduados por áreas del conocimiento, pero mientras tanto hay que trabajar con la actual composición, usando “incentivos ex post”, no “mandatos ex ante”, es decir, sin imponerle nada a nadie.
Las instituciones, docentes y estudiantes tienen sus libertades, y deciden si optan por una u otra recompensa del amplio y variado menú que ofrezca el Estado frente a los trabajos de grado (no solamente de los pregrados). La política pública inteligente no ordena qué pensar (o hacer), sino que premia cuando pensar bien produce valor social o económico.
O, en otras palabras: el Estado no le dice al estudiante qué investigar; le dice a la sociedad qué está dispuesto a premiar cuando el conocimiento produce valor público. De modo transparente, puede haber debate y medición por terceros.
Los incentivos incluirían a empresas, alcaldías y gobernaciones, ONG, hospitales, pero deben ser los estudiantes el núcleo de la política, porque más allá de los efectos macro y meso en el desarrollo, es el graduado el primer beneficiado con un buen trabajo de grado, que le amplía sus posibilidades laborales y profesionales, en muchos casos cimentando movilidad social.
