Bajar el costo, subsidiar y extender a microempresas para casi triplicar contratos de aprendizaje al año.
Ahora que más personas están notando los problemas que genera el incremento irresponsable del salario mínimo (23 %), tal vez sirva retomar la discusión acerca de la conversión del contrato de aprendizaje en uno laboral especial, por gracia de la Ley 2466 de 2025.
El Estado les impone a las empresas formalizadas, con 15 o más trabajadores, la contratación de un aprendiz por cada 20 trabajadores de planta y uno adicional por fracción de diez o superior. Es una política con más defectos que virtudes.
No está orientada a la productividad del tejido empresarial, pues no cobija al 94 % de las unidades productivas (1,4 millones) que son microempresas (con hasta diez trabajadores). Ha sido más un mecanismo de preparación laboral forzada para alrededor de una tercera parte de los aprendices del Sena, por cuyo costo se excluyó a las microempresas y a un porcentaje de las pequeñas empresas (entre 11 y 50 trabajadores).
Con la reforma laboral del 2025 subieron los costos de esta norma: en la etapa lectiva, de 50 % a 75 % del salario mínimo, y en la etapa práctica, al 100 % del salario mínimo se le sumaron las prestaciones sociales. La monetización, si no se vincula a un aprendiz de la cuota obligatoria, pasó de 1,0 a 1,5 salarios mínimos. Este costo de nómina extra naturalmente inhibe a las microempresas a pasar de 14 trabajadores.
El director del Sena informó que en 2025 hubo 370.000 contratos de aprendizaje versus 364.000 en 2024, lo que ameritaría un reporte por sectores y regiones. Con el incremento del 23 % del salario mínimo, difícilmente un aprendiz va a generar un valor equivalente a lo que cuesta, convirtiéndose en un “impuesto” que muchas empresas no estarán en capacidad de absorber.
Sin embargo, todo podría ser distinto y mejor: los aprendices (no solo del Sena) podrían ser una interfaz eficiente entre la educación posmedia y el mundo del trabajo, jalonando la productividad de micro y pequeñas empresas, y permitiendo una mayor inserción laboral de los jóvenes en las medianas y grandes empresas. Lo que se necesita es rediseñar el instrumento con otra concepción y principios.
No una exacción social a los malvados o sospechosos empresarios, sino un mecanismo para que la educación demuestre su pertinencia: si al microempresario le parece que el aprendiz tiene conocimientos y competencias que necesita, estará dispuesto a firmar (de modo voluntario) un contrato de aprendizaje subsidiado en un 50 %, digamos, pero no en los actuales términos.
El Sena, otras ITT (técnicas y tecnológicas) y universidades deberían preparar capital humano en el marco de programas para impulsar la productividad de múltiples conglomerados del 94 % del tejido empresarial nacional.
Si las medianas y grandes empresas recibieran perfiles de aprendices competitivos con un costo menor, tal vez vincularían a más, lo que beneficiaría en el mediano y largo plazo a muchos más jóvenes.
El cálculo monetario de corto plazo para el bolsillo del aprendiz es miope: social y económicamente es mejor tener un millón de aprendices al año ganando menos, pero aprendiendo y aportando más, que tener 370.000 que no obedecen a un match o calce entre educación y mundo productivo, sino a una imposición legal.
En el Sena les gusta pensar que es problema de las empresas conseguir sus aprendices de ley, no importa si están inconformes muchas. De pronto si fuera problema de la educación que más de la mitad de los aprendices no tenga las competencias esperadas, todo funcionaría mejor.
