Una cierta y necesaria neutralidad del Estado
Mejorarlo como instrumento del interés general, no volverlo activista del interés popular o ideológico.
Los egresados de ciencias sociales de universidades públicas estamos familiarizados con la concepción del Estado “como un instrumento de la clase dominante”, que debe ser tomado por las fuerzas revolucionarias para ponerlo al servicio de las clases oprimidas. En esta fuente ancestral de pensamiento político (París y Londres, mediados del siglo XIX), la neutralidad del Estado era algo inconcebible.
Como nos lo recuerdan casi a diario, esa visión marxista sigue pesando, no obstante la plausible trayectoria histórica del Estado liberal (sufragio universal, separación de poderes, libertades, propiedad privada) que en Colombia nos llevó a la muy progresista Constitución de 1991 y a notables avances sociales, antes y después.
Es una realidad que no cuadra con la narrativa de “dos siglos de opresión”, pues el Estado colombiano ha sido mucho más “defensor de los intereses generales” que “instrumento de las clases dominantes”. Obviamente, esa concepción ancestral binaria descarta que las clases privilegiadas, con obvios matices o salvedades, también quieran el interés general.
Una secuela de tales ideas la observamos actualmente con declaraciones que sugieren que cambiaremos la “naturaleza” de nuestro Estado: ya no un ambiguo promotor de los intereses generales, sino un decidido instrumento de los intereses populares. No son lo mismo, aunque están estrechamente ligados o interrelacionados.
El “interés general” cobijaría el mayor número de personas y un equilibrio entre grupos que conforman ese mayor número de personas, mientras “los intereses populares” indicarían una masa de ciudadanos de condiciones socioeconómicas iguales o muy parecidas, que no siempre equivalen a una mayoría de la sociedad, como algunos creen.
La médula del interés general es el beneficio de los más desfavorecidos, pero no únicamente, porque hay estratos con interdependencia de intereses y consecuencias. El Estado, para gestionar bien la complejidad del interés general, no puede ser militante o instrumento de uno solo de los estratos o componentes, y en ese sentido necesita una ecuanimidad o neutralidad intencionada.
Puede ser que les cueste asimilarlo, pero el Estado no es lo que dice la ideología. Bueno, tampoco la sociedad. En cierta medida, la neutralidad religiosa estatal es una buena referencia para pensar el rol del Estado frente a esas otras religiones, las ideologías políticas.
Si se sustituye “religión o iglesia” por ideología, lo que ha dicho la Corte Constitucional se leería así: “el deber de neutralidad impide que el Estado: i) establezca una ideología política oficial; ii) tome medidas o decisiones con una finalidad exclusivamente ideológica; y iii) adopte políticas cuyo impacto sea promover, beneficiar o perjudicar a una ideología”.
Los activistas que llegan al gobierno y creen que (y se comportan como si) el Estado será entonces su instrumento para seguir diciendo y hacer según lo que venían predicando muestran una incomprensión del servicio que van a prestar y, de paso, nos hacen notar otra vez que los partidos no están preparados para gobernar, además con un Estado muy deficiente.
Mejorarlo como instrumento del interés general, no volverlo activista del interés popular o ideológico.
Los egresados de ciencias sociales de universidades públicas estamos familiarizados con la concepción del Estado “como un instrumento de la clase dominante”, que debe ser tomado por las fuerzas revolucionarias para ponerlo al servicio de las clases oprimidas. En esta fuente ancestral de pensamiento político (París y Londres, mediados del siglo XIX), la neutralidad del Estado era algo inconcebible.
Como nos lo recuerdan casi a diario, esa visión marxista sigue pesando, no obstante la plausible trayectoria histórica del Estado liberal (sufragio universal, separación de poderes, libertades, propiedad privada) que en Colombia nos llevó a la muy progresista Constitución de 1991 y a notables avances sociales, antes y después.
Es una realidad que no cuadra con la narrativa de “dos siglos de opresión”, pues el Estado colombiano ha sido mucho más “defensor de los intereses generales” que “instrumento de las clases dominantes”. Obviamente, esa concepción ancestral binaria descarta que las clases privilegiadas, con obvios matices o salvedades, también quieran el interés general.
Una secuela de tales ideas la observamos actualmente con declaraciones que sugieren que cambiaremos la “naturaleza” de nuestro Estado: ya no un ambiguo promotor de los intereses generales, sino un decidido instrumento de los intereses populares. No son lo mismo, aunque están estrechamente ligados o interrelacionados.
El “interés general” cobijaría el mayor número de personas y un equilibrio entre grupos que conforman ese mayor número de personas, mientras “los intereses populares” indicarían una masa de ciudadanos de condiciones socioeconómicas iguales o muy parecidas, que no siempre equivalen a una mayoría de la sociedad, como algunos creen.
La médula del interés general es el beneficio de los más desfavorecidos, pero no únicamente, porque hay estratos con interdependencia de intereses y consecuencias. El Estado, para gestionar bien la complejidad del interés general, no puede ser militante o instrumento de uno solo de los estratos o componentes, y en ese sentido necesita una ecuanimidad o neutralidad intencionada.
Puede ser que les cueste asimilarlo, pero el Estado no es lo que dice la ideología. Bueno, tampoco la sociedad. En cierta medida, la neutralidad religiosa estatal es una buena referencia para pensar el rol del Estado frente a esas otras religiones, las ideologías políticas.
Si se sustituye “religión o iglesia” por ideología, lo que ha dicho la Corte Constitucional se leería así: “el deber de neutralidad impide que el Estado: i) establezca una ideología política oficial; ii) tome medidas o decisiones con una finalidad exclusivamente ideológica; y iii) adopte políticas cuyo impacto sea promover, beneficiar o perjudicar a una ideología”.
Los activistas que llegan al gobierno y creen que (y se comportan como si) el Estado será entonces su instrumento para seguir diciendo y hacer según lo que venían predicando muestran una incomprensión del servicio que van a prestar y, de paso, nos hacen notar otra vez que los partidos no están preparados para gobernar, además con un Estado muy deficiente.