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Ante reto comparable al de 1990, no contamos con pensamiento unificador ni agenda reformista liberal.
Lo que Petro y Cepeda quisieran es desmontar el modelo de país que surgió entre 1990 y 1994 con la Constitución de 1991 y las reformas económicas llamadas neoliberales.
Han pasado tres décadas largas y la estructura de ese cambio se ha sostenido, pese a múltiples agujeros y parches. Dos razones de su permanencia son i) que funcionó y trajo progreso, y ii) su coherencia interna.
Que es algo que se extraña en esta campaña presidencial de 2026: hay más propuestas de programas que de políticas, escasean las de reformas y, sobre todo, no es claro un pensamiento unificador, salvo en la campaña de la extrema izquierda.
Y resulta que estamos ante un formidable reto intelectual comparable al de 1989-1991: un país que necesita tomar el control de su seguridad, reorientar el rumbo y adecuar instituciones con un horizonte de largo plazo.
Un país que si no elige la continuidad del populismo estatista tendrá que aprovechar con ahínco y determinación su “segunda oportunidad sobre la tierra”. O será una nación a la que el envejecimiento de la población le llegó sin haber construido la riqueza necesaria para vivir bien.
En 2026-2030, ¿cuál sería el pensamiento unificador y cuáles serían las reformas? A diferencia de 1990-1994, no hay que inventarse una nueva Constitución ni adoptar nuevos principios de política económica, sino tal vez una tarea más compleja: adaptar y profundizar el modelo esencialmente liberal que tenemos en una cultura adversa y en medio de severas restricciones fiscales.
En la “revolución pacífica” de Gaviria hubo apertura comercial, reformas financiera (Ley 45 de 1990), laboral (Ley 50 de 1990), cambiaria (Ley 9/1991), educativas (Ley 30/1992, Ley 115/1994), de seguridad social (Ley 100 de 1993), de contratación estatal (Ley 80 de 1993), de desarrollo agropecuario (Ley 101 de 1993). Una sinfonía de reformas bajo el signo de modernización.
Y aquí cabe la advertencia de Albert Hirschman sobre la idea de pretender reformas integrales y simultáneas en todos los sectores, una meta inalcanzable por falta de recursos y capital político y humano, y su recomendación de reformas estratégicas con arrastre o encadenamientos. Pero, ¿cuál es la agenda reformista liberal para el próximo periodo?
La respuesta requiere un “pensamiento unificador”. Aunque son de segundo orden, estas ideas nos servirían de base: i) la productividad como condición del bienestar social, no como su rival; ii) la formalización del capitalismo colombiano como proyecto de equidad, no solo de eficiencia, y iii) el Estado como orquestador de complementariedades institucionales, no como proveedor único de servicios.
La campaña presidencial no está ofreciendo suficientes señales acerca de la visión y la capacidad para enfrentar los “monstruos”, los cuellos de botella y los equilibrios institucionales perversos que nos llevaron a un crecimiento mediocre. Se dirá que es pedir demasiado. Que lo fundamental es ganar la elección presidencial para sacudirnos del experimento populista.
También es cierto que si se hubiera renovado el pensamiento unificador de las reformas de 1990-1994 no estaríamos en esta situación. Improvisando propuestas y prometiendo cosas para las cuales no hay recursos.
