Pese a los fallos del Consejo de Estado, la solución no está a la vista.
2024 puede quedar en los registros de la Universidad Nacional de Colombia como el año de una tragedia incruenta, un punto de inflexión. Por primera vez podía decirse que era la universidad en el poder y, sin embargo, tomó el camino que conduce a la pérdida de la poca centralidad que mantiene en funciones estratégicas para la sociedad.
La Nacional parece tener un sino triste con los años terminados en 4. En 1954, 8 y 9 de junio, estudiantes asesinados bajo el gobierno dictatorial de Rojas Pinilla. 30 años después, en 1984, 16 de mayo, una masacre estudiantil bajo la lucha revolucionaria, que llevó al cierre durante un año.
40 años después, parecía vivir una situación largamente anhelada: las ideas de izquierda al mando en el gobierno nacional. Una participación masiva de sus egresados en cargos de decisión en instituciones estratégicas del poder ejecutivo. Todo un momento propicio para su fortalecimiento y recuperar preeminencia.
Pero ocurrió lo contrario, debido a dos factores: i) una corriente de radicalización ideológica interna en la concepción de la propia universidad que ganó la consulta interna de rector, y ii) la impericia de un gobierno populista y autoritario que decidió irrespetar las formas y la autonomía universitaria para imponer su voluntad (sin importarle el Estado de derecho).
Cuando la política se toma el alma de una universidad es una señal de fracaso en su misión. La universidad es un paso previo a la política. En la Nacional pasamos de instrumentalizar la institución para hacer la revolución en la sociedad a querer adelantar la revolución dentro de la universidad, que es lo que busca la constituyente interna que lidera la corriente de los exrectores Víctor Manuel Moncayo y Leopoldo Múnera.
La política, la lucha por el poder, determinando la vida universitaria, las libertades, los derechos, cuando la naturaleza de la institución es la dedicación a la transmisión y apropiación de conocimiento, a la investigación científica, al pensamiento creativo, a la cultura, para lo cual la política es una de las variables, no eje vertebrador.
Como demostró la administración Petro, la politización de la vida universitaria no prepara a los egresados para el gobierno. Permite la captura interna y externa de las universidades, con desmedro de la meritocracia, el pluralismo, la eficiencia y la integridad, creando un vacío que han llenado universidades privadas.
Así que el propio gobierno de izquierda sumió a la Universidad Nacional en una crisis institucional, con la ayuda invaluable de Rodrigo Uprimny, quien prestó su prestigio y sus servicios para hacer creer que era ilegítimo e ilegal el rector Ismael Peña. Ahora la “mesa constituyente” rechaza el fallo del Consejo de Estado, desde una realidad jurídica paralela que haría bien en pinchar Uprimny.
La solución no está a la vista: la mayoría radical del Consejo Superior decidirá cualquier cosa, a menos que la Procuraduría ejerza, y el uso de la violencia coercitiva buscará impedir que un rector que no sea de los suyos gobierne, como Peña. El rescate de la UNAL será un gran reto ineludible del próximo gobierno en materia de educación superior.
