Sobre reelección rectoral, delegados del presidente, autonomía universitaria, racionalización administrativa y régimen salarial.
Por razones políticas, el año pasado el gobierno Petro ayudó a reelegir al rector que ahora saca sin ceñirse a la ley. Usa una partida de COP70 mil millones para acompañar el anuncio del abuso, lo que retrata el espíritu con el que actúa. Sin embargo, del triste espectáculo que ha dado el gobierno con las universidades públicas, en especial con la Universidad Nacional (UNAL) y la Universidad de Antioquia (UdeA), podemos reforzar unas claridades.
1) Las reelecciones de rector rara vez son buenas. El rector Arboleda está en su tercer mandato consecutivo, es decir, la UdeA llegó a esta crisis bajo siete años largos de su gestión. La ola de cambios en estatutos para permitir una y otra reelección ha dejado muy malas experiencias. Periodos únicos de cuatro años parece una cláusula razonable para introducir en la Ley 30 de 1992.
2) El presidente no debería poder designar a cualquiera como delegado en los consejos superiores universitarios (CSU). Anteriores presidentes no han tenido escrúpulos para nombrar a clientelistas. Petro tampoco: ha enviado sistemáticamente a activistas de su revolución. En UdeA, a alguien de su combo de la Dirección Nacional de Inteligencia. En la UNAL, a una exUTL de Jesús Santrich. Mientras se reforma la ley, el próximo presidente puede dar la señal correcta con el perfil de sus designados en los CSU, junto con otras medidas concurrentes.
3) La autonomía universitaria como la percibíamos “ha dejado de existir”. Se usaba como escudo de protección ante eventuales intervenciones de los gobiernos, pero fue abandonada por sus defensores históricos cuando un gobierno de izquierda la desconoció. Ahora sus nuevos defensores podrían tener la oportunidad de redefinirla. Frente a la UdeA, el gobierno ha procedido con arbitrariedad, saltándose el debido proceso, pero ha mostrado los dientes de la función de inspección y vigilancia (Ley 1740/2014).
Así, la autonomía universitaria podría pasar de unos defensores radicales hipócritas, que en realidad la instrumentalizaban, a unos partidarios moderados, pero genuinamente convencidos.
4) Hay que estar siempre en racionalización administrativa, no solo cuando se presenta la vigilancia especial del Ministerio de Educación. La rectoría de la UdeA tuvo que ensamblar en dos días un “Plan de reducción y contención del gasto de funcionamiento” y un “Plan integral de saneamiento financiero”, y además elaboró un presupuesto para 2026 que prácticamente no crece. Esto debería ser lo común antes de hablar del incremento de las transferencias por el proyecto de ley que pasó a sanción del presidente.
Los grupos de interés internos son amigos de “gastar más” y reacios a “gastar mejor”, como este gobierno, aunque tal vez el próximo opere en modo de “racionalización administrativa” para todos, no solo para el que quieren sacar.
5) El régimen salarial de los docentes, específicamente las remuneraciones vitalicias por publicaciones, son cuestionadas por las autoridades territoriales que aportan a la financiación. El gobernador de Antioquia ha sido claro al respecto, convirtiéndolo en un punto sensible de la conversación pública. No es solamente el impacto financiero, es el sesgo inherente que desestimula la labor propiamente docente, y estimula a pagarles a revistas internacionales piratas, corrompiendo el ethos universitario.
