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El decreto de formalización laboral permitirá ver qué tanto las IES estatales se prestan para intereses políticos y sindicales.
Con razón, ha causado alarma el Decreto 0391 del 01 de abril de 2025 sobre formalización laboral de personal por fuera de la carrera docente y administrativa en las instituciones de educación superior (IES) estatales. Está claro que si el gobierno pudiera, formalizaría al mayor número posible para darles gusto a los sindicatos con los que trabajó el decreto, ASPU, Sintraunicol y Utradec.
Recordemos que el populismo se caracteriza por desconocer el deber del gobierno de ser árbitro de los intereses particulares o gremiales para defender el interés general. Como en otros sectores, el gobierno privilegia su interés político con los sindicatos, sin importar las consecuencias para las instituciones, el subsector y el país.
Al ministro poco le debe importar lo que piensen los rectores y expertos, pues él está allí como un operador político para tratar de consolidar bastiones de la izquierda. Por eso no se ocupa de cambiar los puntos salariales por bonificaciones como premio a las publicaciones, una vena rota (Decreto 1279 de 2002), y en cambio sí sale con este decreto, cuyo propósito es irresponsable fiscalmente, como se ha dicho.
Sin embargo, igual de preocupante es que ignore el ministerio que la educación terciaria está abocada a cambios por múltiples tendencias (tecnológicas, sociales, laborales, económicas), que llevarán a reconfiguraciones de la oferta académica, el servicio y la administración, todavía no del todo imaginadas. Justo cuando avanzamos en esta incertidumbre, quieren amarrar a las IES estatales a nuevas plantas de personal sin saber qué cargos y perfiles demandará el futuro cercano.
El gobierno cree que empleo digno es uno con la estabilidad de un régimen de carrera. Un concepto que ni en el pasado fue así. Van a descubrir que profesionales destacados que prestan el servicio de catedráticos, tan necesarios para la conexión con la realidad, tienen otra idea de la dignidad en el trabajo de enseñar. En general, invertir en calidad y en estabilidad no es siempre lo mismo.
Afortunadamente, la implementación del decreto no depende del gobierno, sino de las IES. Pero el ministerio les mete presión a las IES para que le sigan la corriente: i) deberán “garantizar la participación de los sindicatos en el proceso de elaboración y ejecución de los planes de formalización laboral”; ii) los perfiles de concurso contemplarán la experiencia relacionada, obviamente buscando que queden los que están; y iii) les recuerda que para obtener el registro calificado de programas hay que demostrar “las condiciones del programa de fortalecimiento del número y calidad del personal docente”, como si la formalización fuera la única manera.
El decreto no deja dudas sobre lo que quiere el gobierno: “mínimo un avance del 40 % del Plan de Formalización Laboral a 31 de diciembre de 2026, y del 80 % a 31 de diciembre de 2027”. Es decir, celeridad en la creación de nuevos servidores públicos militantes.
Las IES, dentro de su autonomía, pueden hacer planes responsables de formalización laboral, sin sucumbir a las presiones y afanes del gobierno y los sindicatos. Revisar esos planes nos dará otro indicio de qué tanto hemos perdido a las IES estatales (64).
