Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Política e ideología con la Ley 2568 de 2026, que refuerza un “equilibrio perverso”, desafío para un gobierno no continuista.
Escena 1: el 26 de febrero se realizó en la Universidad Popular del Cesar (UPC) la consulta a estudiantes, docentes y egresados para seleccionar cinco candidatos a rector, de los cuales escogerá el Consejo Superior.
Con aspirantes apoyados por clanes políticos, hubo compraventa de votos a 50 mil y a 100 mil pesos, naturalmente sin preocuparse por la Policía, cuya ausencia es parte del error de entender autonomía universitaria como extra-territorialidad. Como sabemos, no es un caso aislado.
Escena 2: el 3 de marzo, en un coliseo repleto de la Universidad del Cauca en Popayán, el presidente Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas, presentaron la Ley 2568 de 2026, que aumenta las transferencias de la nación a las instituciones de educación superior estatales.
“Es con inversión real y con voluntad política como se responde a la juventud, no es agrediendo a nuestros estudiantes ni asesinándolos”, dijo la narrativa oficial, al son pegajoso de la canción “Resistencia” de la agrupación Clase Obrera Latin Beats. Política e ideología en acción.
Spoiler: petristas que vendieron el voto en UPC y la mayoría de los asistentes en Popayán votarán por Iván Cepeda, y si el próximo gobierno quiere ponerle más racionalidad, eficiencia, transparencia y control a ese gasto o inversión, se opondrán en nombre de la autonomía universitaria (que es necesario rescatar y redefinir en la ley, como dice la Constitución).
La misma que ampara, ya por décadas, un “equilibrio perverso” entre i) captura clientelista de universidades por la clase política (con apoyo del gobierno nacional), ii) radicalismo ideológico de izquierda de grupos de profesores y estudiantes, iii) prebendas o rentas para los que tienen algún poder de decisión o movilización interna, y iv) la política de “hacerse pasito” todos en el cumplimiento de los deberes, con variaciones de una institución a otra. En las grandes universidades, más radicalismo que captura clientelista, como he anotado antes.
Bajo este “equilibrio perverso” el “subsistema” de educación superior estatal seguirá cumpliendo mediocremente sus funciones, con perjuicio de la productividad, la equidad y la democracia (ya tenemos docentes y estudiantes que intercambian notas por votos).
Dos botones de intereses creados que sostienen el equilibrio: i) las plantas de administrativos son en general de contratistas, al vaivén de las recomendaciones clientelistas, y ii) la bonificación salarial permanente por publicaciones para los profesores, cuya corrección es un requisito ético para aumentar el gasto (costo al que este gobierno le sacó el cuerpo).
Las soluciones estructurales serían i) profesionalizar la administración de las universidades estatales con un régimen de carrera nacional, y ii) no solo establecer pago por una sola vez en cada publicación, como es común, sino corregir el sesgo anti-docencia de los estímulos, premiando también a los profesores maravillosos que despiertan la curiosidad y el amor por el conocimiento de los jóvenes. Son subtemas fuertes que ayudarían a alterar el statu quo profundo.
Así, es necesario que el próximo gobierno, si no es continuista, tenga una estrategia, una coalición y un plan (con y sin reformas legales) para alterar el actual equilibro y moverse hacia uno nuevo. Esto implica elevar la prioridad política de la educación para asegurarle lugar alto en la agenda de la coalición multipartidista de gobierno y crearle su propia “bancada”, efectiva y convencida.
