El desarrollo económico necesita correspondencia entre las transferencias de la nación a la educación superior y el valor que esta aporta a la sociedad.
Varios “abogados del diablo” (de los que hacen el favor de buscar la contra de un planteamiento para mejorarlo o aniquilarlo) reaccionaron a mi columna anterior, “Educación superior: naturaleza y función económica”, con un “sí, suena bien en la teoría que la educación superior ayude a crear la economía para obtener el recaudo tributario que requiere la equidad, pero en la práctica eso cómo sería algo nuevo”.
Una respuesta es que habría dos vías alternativas para intentarlo: i) incrustar políticas y programas en el sistema, en la línea de los comités Universidad-Empresa-Estado, que rondan las dos décadas, y del fomento de empresas de base tecnológica (spin-offs), impulsadas por la Ley 1838 de 2017. Algo así como hacer mejor lo que ya hemos pensado y venimos ejecutando.
La posibilidad ii) es repensar el sistema y meterle unos incentivos que estructuralmente lo vuelvan un generador de desarrollo económico. Un primer paso sería adoptar el siguiente principio para la oferta de educación superior estatal o pública: “cada año, como mínimo, debe aportarle a la sociedad valor económico y social equivalente a los costos que financian los contribuyentes”. Parece justo y sencillo de entender.
Actualmente no tenemos esa claridad. La nación les transfiere a las 32 universidades públicas alrededor de cinco billones de pesos, pero no sabemos cuánto está recibiendo a cambio la sociedad. Medir el valor económico (relacionado con industrias) y el valor social (soluciones sin ánimo de lucro a problemas colectivos) que puede generar una universidad no es fácil, y tampoco su conceptualización.
Para establecer ese principio de reciprocidad o correspondencia de valor entre educación superior y sociedad, tal vez ayude imaginar mecanismos de cómo podría operar la generación y distribución del valor económico y social, más que adaptaciones tempranas de metodologías de EVA (Economic Value Added de Stern, Stewart & Co.) o de S ROI (retorno social de la inversión), que en todo caso serían útiles.
Pongamos el ejemplo de una universidad que recibe transferencias de la Nación por $600.000 millones al año. Tras un proceso interno de facultades y unidades académicas, el Consejo Superior decide que el aporte de valor social de la institución a la sociedad será de $400.000 millones, y para el efecto emite títulos de valor social de diferentes denominaciones o montos que pueden ser tomados por alcaldías, entidades del orden nacional, fundaciones, asociaciones de la sociedad civil, iglesias y gremios, entre otros.
Estos títulos de valor social serían exigibles a la universidad, bajo determinadas condiciones, en proyectos de las áreas misionales de investigación y de extensión.
Ilustración real: cuatro municipios del norte del Cauca tienen múltiples problemas con dos acueductos subregionales que poca agua potable les ofrecen. Si tuvieran en su poder títulos de valor social de la Universidad del Cauca o de la del Valle, los podrían juntar y negociar una consultoría que necesitan, parte de la cual probablemente sería desarrollada por estudiantes de ingeniería civil en la asignatura de acueductos y alcantarillados. Los prototipos de cooperación gana-gana se pueden multiplicar por cientos, pero hoy no existe la obligación que la genere.
El porcentaje de “pago” o cumplimiento anual o bienal de los títulos de valor social que haya emitido sería un indicador fundamental para cada universidad. Las universidades privadas, sin estar obligadas, también podrían emitir títulos, lo que dinamizaría un mercado orientado a contribuir con soluciones desde la academia a tantas problemáticas sociales del país.
Este mecanismo podría encadenarse con las matrículas y las prácticas. Los recibos de matrícula en las instituciones de educación superior públicas deberían reflejar el costo real, así paguen cero los estudiantes (lo que pagaban era una pequeña fracción del costo real), de modo que el estudiante sea más consciente de la inversión de la sociedad en él. Y las prácticas serían una forma de crear valor social por parte del estudiante y de la institución, y aun si hubiere un componente monetario, se podrían descontar de los títulos de valor social.
Un desplazamiento de la ética del estudiante hacia “la sociedad invierte en mí y debo generarle valor económico y social” ayudaría a que la educación superior se convirtiera en palanca del desarrollo económico. También permitiría un esquema de financiación de la educación superior más sostenible y justo. No lo de ahora: a unos se les da matrícula cero, a otros más vulnerables se les ofrece préstamos o nada, y a millones de niños se les dice que de malas porque los jóvenes están haciendo marchas.
Ahora, sin duda, la creación de valor económico desde la educación superior funcionaría mejor con unos ajustes al capitalismo colombiano, un tema para después.
@DanielMeraV
