Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Dos millones de accionistas y un fondo soberano revalorizando el modelo económico, político y social liberal, no estatista.
Para no estar sufriendo en 2030 con un regreso del populismo estatista, hay que ganarse una sólida mayoría para el modelo económico, político y social liberal, más o menos el de la Constitución de 1991, sin tanta jurisprudencia que ha enredado el camino.
Algunas de las reformas estructurales, como el tipo de capitalismo, pueden comenzar con medidas audaces y razonables. Por ejemplo: democratizar en 8,5 % la propiedad accionaria de la principal empresa del país, Ecopetrol. ¿Por qué 8,5 %? Porque es un porcentaje ya autorizado y no habría que tramitar una ley.
La ecuación política es clara: el gobierno Petro, por ideología e incompetencia, destruyó terriblemente valor de Ecopetrol (se estima que en 100 billones de pesos); en contraste, el nuevo gobierno se propone recuperar gran parte de ese valor y compartiría una fracción, vía dividendos y valorización de la acción, con los bolsillos de millones de colombianos.
El 8,49 % del total de 41.116′694.690 acciones equivale a 3.491 millones de acciones (aproximado). El precio de la acción ronda hoy los 2.535 pesos. Si esta vez se venden paquetes de 100 acciones, habrá suficientes colombianos dispuestos a invertir de 253.500 a 300.000 pesos y más en Ecopetrol.
En las pasadas democratizaciones accionarias de la petrolera, en 2007 y 2011, se podía comprar paquetes de 1.000 y 500 acciones en supermercados y múltiples puntos, incluso a cuotas, y por eso hay más de 500.000 accionistas minoritarios. Una ronda en 2027 perfectamente podría sumar 2′000.000 de accionistas.
La conversión de uno a dos millones de colombianos en accionistas de Ecopetrol sería un hecho político de apoyo a una política de seguridad energética y a un modelo de capitalismo donde hay mayor participación en el capital y los riesgos y beneficios se comparten más ampliamente. Hay distintas maneras de ir en el mismo barco, con sus correspondientes formas de cuidarlo.
Si se enajena el 8,49 % autorizado, el Estado todavía tendría el 80 % de la propiedad accionaria. De funcionar la recuperación de valor y la mejor distribución de riqueza, habría razones para modificar la Ley 1118 de 2006 y permitir una democratización adicional, con más participación de los fondos de pensiones (Porvenir, el que más tiene acciones, cuenta con 1,28 %).
Ahora, la venta del 8,49 % de las acciones de Ecopetrol puede representar entre 8,5 y 9 billones de pesos. Un tema de conversación asociado muy instructivo es para qué esa plata. Su destino puede ser otro acto de educación política y cultural. ¿Para pagar gasto corriente, para matrícula gratuita en la educación superior, para inversión social?
Tal vez la intuición política y moral les indicaría a los nuevos accionistas de Ecopetrol que la destinación de los recursos no debería ser ningún barril sin fondo, sino una inversión estratégica y controlable. Un gobierno decidido a cambiar el juego metería esos ocho billones de pesos en un fondo soberano para el desarrollo agroindustrial de algunas regiones.
Un fondo soberano que apalanque con capital la participación de los campesinos en la propiedad de grandes desarrollos agroindustriales, donde puedan ser asalariados y accionistas, en lugar de seguir sujetos a pequeñas parcelas de subsistencia. Solo una ecuación así destrabaría políticamente las posibilidades de la altillanura. Luego, más lentamente, cambiaría la cultura económica tradicional.
Cambios económicos de este tipo facilitarían la enseñanza de las matemáticas en los colegios, usando de insumos los intereses de los colombianos comunes en la bolsa de valores y los mercados internacionales. Crear masivamente ese nexo nos empujaría al “milagro colombiano”.
