El famoso fast track, la vía rápida para implementar los acuerdos con las Farc, se está pareciendo más a un fast crack, que al Farc track que impulsan con graciosa ironía en las redes del Centro Democrático.
Por un lado, para quienes apoyan los acuerdos, el fast track es una medida que sienten que necesitan con ansias imperiosas, pero saben que para conseguirla tendrían que hacerse cosas cuestionables, con consecuencias aún más preocupantes. Un poco como las ansias por el crack, el llamado basuco, en un adicto o un consumidor recreativo: genera una gratificación inmediata para una necesidad urgente, pero que luego tiene consecuencias negativas a largo plazo.
Por otro lado, de aprobarse el fast track, sin duda se generaría una gran y rápida grieta, una fast crack, en la ya resquebrajada legitimidad de las instituciones colombianas. Una decisión de este tipo pondría a la Corte Constitucional del lado del gobierno Santos en el asunto más polarizante de la política colombiana de los últimos tiempos, y en abierta contradicción con la coalición del No, liderada por el uribismo.
No voy a hacer acá un análisis legal de la constitucionalidad de la vía rápida. Pero creo que en este caso no se necesita ser abogado constitucionalista para ver que habilitar la vía rápida luego de la derrota del plebiscito sería una decisión de legitimidad endeble.
Recuerden, por ejemplo, que la aprobación de la reforma constitucional que crea la vía rápida, el famoso Acto Legislativo para la Paz, se tramitó de afán y al ras de las exigencias mínimas para modificar la Constitución. En esa reforma, el Gobierno logró que sus mayorías en el Congreso supeditaran los amplios y extraordinarios poderes para implementar los acuerdos de paz (impidiendo que los congresistas puedan hacer modificaciones a los textos que presenta el Gobierno, y reduciendo los tiempos de aprobación) a la aprobación del plebiscito (que ya había nacido con sus pecados avalados por la Corte Constitucional). Recuerden también que en la demanda presentada por el Centro Democrático al Acto Legislativo, se presentaron también un millón de firmas, producto de la famosa resistencia civil del uribismo.
La ironía de utilizar esa demanda para revivir los poderes del Acto Legislativo luego de haber pedido el plebiscito sería tan deliciosa para una novela, como nefasta para una democracia. Además, sería el plato irresistible para alguien que quisiera, digamos, sacar a votar a la gente berraca en el 2018.
Para quienes sienten que sin el fast track no hay paz, en el Gobierno y en las Farc, recomiendo una lectura a las dos últimas columnas de Rodrigo Uprimny, que con propuestas menos seductoras que el pase legislativo de la vía rápida, muestran que sí hay alternativas al fast crack. Las Farc, especialmente, deben entender que están en nuevo terreno, y que el país entero no se va a doblar para ajustarse a sus necesidades.
Al final esta es una lección sencilla. En un mundo con reglas perder tiene consecuencias, sobre todo cuando se pierde por voto popular. Y cuando surge una opción para saltarse esas reglas —parafraseando a Nancy Reagan, como para rescatar algo de ironía—, a veces es mejor decir que no.
El famoso fast track, la vía rápida para implementar los acuerdos con las Farc, se está pareciendo más a un fast crack, que al Farc track que impulsan con graciosa ironía en las redes del Centro Democrático.
Por un lado, para quienes apoyan los acuerdos, el fast track es una medida que sienten que necesitan con ansias imperiosas, pero saben que para conseguirla tendrían que hacerse cosas cuestionables, con consecuencias aún más preocupantes. Un poco como las ansias por el crack, el llamado basuco, en un adicto o un consumidor recreativo: genera una gratificación inmediata para una necesidad urgente, pero que luego tiene consecuencias negativas a largo plazo.
Por otro lado, de aprobarse el fast track, sin duda se generaría una gran y rápida grieta, una fast crack, en la ya resquebrajada legitimidad de las instituciones colombianas. Una decisión de este tipo pondría a la Corte Constitucional del lado del gobierno Santos en el asunto más polarizante de la política colombiana de los últimos tiempos, y en abierta contradicción con la coalición del No, liderada por el uribismo.
No voy a hacer acá un análisis legal de la constitucionalidad de la vía rápida. Pero creo que en este caso no se necesita ser abogado constitucionalista para ver que habilitar la vía rápida luego de la derrota del plebiscito sería una decisión de legitimidad endeble.
Recuerden, por ejemplo, que la aprobación de la reforma constitucional que crea la vía rápida, el famoso Acto Legislativo para la Paz, se tramitó de afán y al ras de las exigencias mínimas para modificar la Constitución. En esa reforma, el Gobierno logró que sus mayorías en el Congreso supeditaran los amplios y extraordinarios poderes para implementar los acuerdos de paz (impidiendo que los congresistas puedan hacer modificaciones a los textos que presenta el Gobierno, y reduciendo los tiempos de aprobación) a la aprobación del plebiscito (que ya había nacido con sus pecados avalados por la Corte Constitucional). Recuerden también que en la demanda presentada por el Centro Democrático al Acto Legislativo, se presentaron también un millón de firmas, producto de la famosa resistencia civil del uribismo.
La ironía de utilizar esa demanda para revivir los poderes del Acto Legislativo luego de haber pedido el plebiscito sería tan deliciosa para una novela, como nefasta para una democracia. Además, sería el plato irresistible para alguien que quisiera, digamos, sacar a votar a la gente berraca en el 2018.
Para quienes sienten que sin el fast track no hay paz, en el Gobierno y en las Farc, recomiendo una lectura a las dos últimas columnas de Rodrigo Uprimny, que con propuestas menos seductoras que el pase legislativo de la vía rápida, muestran que sí hay alternativas al fast crack. Las Farc, especialmente, deben entender que están en nuevo terreno, y que el país entero no se va a doblar para ajustarse a sus necesidades.
Al final esta es una lección sencilla. En un mundo con reglas perder tiene consecuencias, sobre todo cuando se pierde por voto popular. Y cuando surge una opción para saltarse esas reglas —parafraseando a Nancy Reagan, como para rescatar algo de ironía—, a veces es mejor decir que no.