Uno de los retos claves que tiene por delante este Gobierno en los tres años que le quedan —como para cambiar por prospectiva la mirada retrospectiva que ha dominado este aniversario de Iván Duque— es el de la soberanía energética. Y la discusión de soberanía energética pasa necesariamente por el debate del fracking. Aquí sí que hay una oportunidad para dejar un legado.
A Colombia se le va a acabar el petróleo en poco más de seis años y el gas en 10 años, según los cálculos de la ANH. Además de ser un país con poco petróleo y gas (no solo tenemos menos que Venezuela, sino también menos que Ecuador), somos muy eficientes extrayéndolo (más que Venezuela y Ecuador) y eso nos hace muy dependientes de sus rentas.
Por eso quedarnos sin petróleo y gas es un problema doble. Primero, aumentaría los precios de los combustibles que necesariamente seguiremos consumiendo. Segundo, eliminaría los ingresos sustanciales que reciben el Gobierno central y los municipios por impuestos y regalías, y con los que más allá de la corrupción se ha logrado dar un salto enorme en reducción de la pobreza y bienestar social.
Para algunas voces del Gobierno y de la industria petrolera, la respuesta es obvia. Hay que hacer fracking sí o sí, y hay que hacerlo ya. Quienes piensan lo contrario no solo son unos radicales, sino que sus preocupaciones están basadas en mitos y falsas interpretaciones. Ellos no tienden a ver las enormes oportunidades de negocio y ventajas estratégicas: según los cálculos de la ANH, solo en la cuenca media del Magdalena, convenientemente cerca de la refinería de Barranca, hay gas y petróleo en roca generadora, el que se extrae con fracking, para ampliar las reservas de petróleo a 23 años y las de gas a 48 años. Y hay que hacerlo ya, porque la maduración de los proyectos de fracking tomaría más de cinco años, alrededor del tiempo que nos queda de autosuficiencia.
Para algunas voces de la política y del ambientalismo, el fracking es la muerte y quien lo propone es un asesino. Aquí es difícil el debate. Sin mucha elaboración alrededor del cómo, piensan que Colombia debe transformar su matriz energética y su dependencia económica de los hidrocarburos en seis años, y que seguir con el petróleo simplemente aplazaría esta tarea urgente.
Otras voces más moderadas en la política y el ambientalismo creen que este debate se puede aplazar por cautela. Se puede imponer una moratoria al fracking, mientras es más claro cuáles son sus impactos ambientales.
No va a ser fácil poner a todo el mundo de acuerdo, pero en medio de este escenario hay oportunidades para consensos importantes que podría dejar este Gobierno. Más allá de lo que decida el Consejo de Estado, que ha impuesto una moratoria (y más allá de que sea absurdo poner en manos de un juez la seguridad energética de un país), tanto la urgencia del Gobierno y del sector petrolero como la demanda de los ambientalistas de cambios sobre nuestra dependencia pueden articularse.
Al fracking hay que ponerle condiciones. Y no solo condiciones sociales y ambientales, como las que propone la comisión de expertos reunida por el Minminas. Al fracking hay que enmarcarlo en un pacto, de los que tanto le gustan a Duque. Un pacto de extracción a cambio de transformación, de sacar petróleo y gas para depender cada vez menos de ellos con generación de otras fuentes renovables, de realmente transformar Ecopetrol de una empresa de hidrocarburos en una empresa de energía. Un pacto de sostenibilidad financiado por el fracking.
Uno de los retos claves que tiene por delante este Gobierno en los tres años que le quedan —como para cambiar por prospectiva la mirada retrospectiva que ha dominado este aniversario de Iván Duque— es el de la soberanía energética. Y la discusión de soberanía energética pasa necesariamente por el debate del fracking. Aquí sí que hay una oportunidad para dejar un legado.
A Colombia se le va a acabar el petróleo en poco más de seis años y el gas en 10 años, según los cálculos de la ANH. Además de ser un país con poco petróleo y gas (no solo tenemos menos que Venezuela, sino también menos que Ecuador), somos muy eficientes extrayéndolo (más que Venezuela y Ecuador) y eso nos hace muy dependientes de sus rentas.
Por eso quedarnos sin petróleo y gas es un problema doble. Primero, aumentaría los precios de los combustibles que necesariamente seguiremos consumiendo. Segundo, eliminaría los ingresos sustanciales que reciben el Gobierno central y los municipios por impuestos y regalías, y con los que más allá de la corrupción se ha logrado dar un salto enorme en reducción de la pobreza y bienestar social.
Para algunas voces del Gobierno y de la industria petrolera, la respuesta es obvia. Hay que hacer fracking sí o sí, y hay que hacerlo ya. Quienes piensan lo contrario no solo son unos radicales, sino que sus preocupaciones están basadas en mitos y falsas interpretaciones. Ellos no tienden a ver las enormes oportunidades de negocio y ventajas estratégicas: según los cálculos de la ANH, solo en la cuenca media del Magdalena, convenientemente cerca de la refinería de Barranca, hay gas y petróleo en roca generadora, el que se extrae con fracking, para ampliar las reservas de petróleo a 23 años y las de gas a 48 años. Y hay que hacerlo ya, porque la maduración de los proyectos de fracking tomaría más de cinco años, alrededor del tiempo que nos queda de autosuficiencia.
Para algunas voces de la política y del ambientalismo, el fracking es la muerte y quien lo propone es un asesino. Aquí es difícil el debate. Sin mucha elaboración alrededor del cómo, piensan que Colombia debe transformar su matriz energética y su dependencia económica de los hidrocarburos en seis años, y que seguir con el petróleo simplemente aplazaría esta tarea urgente.
Otras voces más moderadas en la política y el ambientalismo creen que este debate se puede aplazar por cautela. Se puede imponer una moratoria al fracking, mientras es más claro cuáles son sus impactos ambientales.
No va a ser fácil poner a todo el mundo de acuerdo, pero en medio de este escenario hay oportunidades para consensos importantes que podría dejar este Gobierno. Más allá de lo que decida el Consejo de Estado, que ha impuesto una moratoria (y más allá de que sea absurdo poner en manos de un juez la seguridad energética de un país), tanto la urgencia del Gobierno y del sector petrolero como la demanda de los ambientalistas de cambios sobre nuestra dependencia pueden articularse.
Al fracking hay que ponerle condiciones. Y no solo condiciones sociales y ambientales, como las que propone la comisión de expertos reunida por el Minminas. Al fracking hay que enmarcarlo en un pacto, de los que tanto le gustan a Duque. Un pacto de extracción a cambio de transformación, de sacar petróleo y gas para depender cada vez menos de ellos con generación de otras fuentes renovables, de realmente transformar Ecopetrol de una empresa de hidrocarburos en una empresa de energía. Un pacto de sostenibilidad financiado por el fracking.