El fiscal Martínez se ha convertido en un lastre tan pesado para la credibilidad de la justicia que hasta las mentes más institucionalistas y aterrizadas que conozco se han dejado arrastrar por teorías de la conspiración. No me he cruzado a nadie que comente los últimos acontecimientos —los exámenes a los tejidos de Jorge Pizano según los cuales no consumió cianuro, el hallazgo del tarro con el compuesto letal en su baño, etc.— sin hacer una pausa incrédula, sin expresar un escepticismo que pone en duda todo y al mismo tiempo abre la puerta a todas las posibilidades, hasta las más inverosímiles.
La razón de las conspiraciones, a diferencia de lo que ha sostenido Martínez, no son unos supuestos conspiradores. Ni siquiera los que llaman al teléfono privado de Néstor Humberto, como Ernesto Yamhure. La razón de la pérdida de credibilidad, del desprestigio que se derrama de la oficina del fiscal general a toda la Fiscalía, a Medicina Legal, al CTI, a la rama judicial, es el propio Néstor Humberto Martínez.
No es su persona, ni siquiera sus conflictos de interés, ahí no hay nada nuevo. Lo nuevo es una desvergüenza frente a los hechos, lo nuevo es un talante ya abiertamente mentiroso. No es que no existiera antes, sino que era menos evidente. Pero ante las grabaciones de Pizano, el fiscal perdió ya toda verosimilitud. Porque además del preocupante contenido de esas grabaciones, son igual de graves las mentiras que ha sumado Martínez para explicarlas, corroyendo la credibilidad de la institución que preside.
La mayor mentira y la más grave ha sido alrededor del asunto clave: ¿qué sabía Martínez sobre delitos de Odebrecht antes de ser fiscal y por qué no lo denunció? Así ha cambiado su versión. Primero, a mediados de este año Martínez le dijo a la Corte Suprema de Justicia que entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, cuando fue abogado del Grupo Aval para reclamarles a los brasileños, “nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”. Esto lo repitió en varias entrevistas hasta septiembre de 2018, a pesar de que Marcelo Odebrecht había sido capturado en junio del 2015. Esta mentirilla se convirtió en mentirota cuando Noticias Uno publicó la primera grabación de Pizano, de una reunión de agosto de 2015, en la que Martínez dice: “Pero, entonces, no sea hijueputa, [Odebrecht] son unos pícaros, marica… Entonces se putió esta compañía (…)”.
Tres días después, en su ronda de medios, Martínez ahondó en la mentira cuando, según El Tiempo, dijo que no había denunciado esta picaresca porque “si hubiera tenido la certeza (de coimas), lo hubiera hecho conocer a las autoridades (…) En esos audios, Pizano y yo estábamos sacando conclusiones, pero no había un delito específicamente (...). Yo, como ente privado, no podía ir ante la justicia a denunciar un posible hecho de corrupción”. Sin embargo, unos días después, en una nueva grabación publicada por El Espectador, se escucha decir al hoy fiscal: “Mire todos los delitos que se han cometido (…). Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado... peculado por apropiación”. Ahora dice Martínez que es que estaba leyendo un concepto jurídico y no afirmando que hubiera delitos, que para eso se necesitaba una auditoría forense, que era responsabilidad del Grupo Aval.
En estos tiempos de posverdad es importante separar los hechos de las falsedades. Sobre todo cuando están en juego el prestigio y la credibilidad de una institución como la Fiscalía, no decir la verdad debe tener consecuencias. Y si no las tiene para Martínez, seguro sí las tendrá para la Fiscalía, que ha lanzado la iniciativa #YoDenuncioLaCorrupción del programa insigne de Martínez, Bolsillos de Cristal. Se trata de una línea directa para “denunciar posibles hechos de corrupción”. Pero, ¿por qué deberían hacerlo los ciudadanos si en su momento no lo hizo quien hoy es el fiscal general?
El fiscal Martínez se ha convertido en un lastre tan pesado para la credibilidad de la justicia que hasta las mentes más institucionalistas y aterrizadas que conozco se han dejado arrastrar por teorías de la conspiración. No me he cruzado a nadie que comente los últimos acontecimientos —los exámenes a los tejidos de Jorge Pizano según los cuales no consumió cianuro, el hallazgo del tarro con el compuesto letal en su baño, etc.— sin hacer una pausa incrédula, sin expresar un escepticismo que pone en duda todo y al mismo tiempo abre la puerta a todas las posibilidades, hasta las más inverosímiles.
La razón de las conspiraciones, a diferencia de lo que ha sostenido Martínez, no son unos supuestos conspiradores. Ni siquiera los que llaman al teléfono privado de Néstor Humberto, como Ernesto Yamhure. La razón de la pérdida de credibilidad, del desprestigio que se derrama de la oficina del fiscal general a toda la Fiscalía, a Medicina Legal, al CTI, a la rama judicial, es el propio Néstor Humberto Martínez.
No es su persona, ni siquiera sus conflictos de interés, ahí no hay nada nuevo. Lo nuevo es una desvergüenza frente a los hechos, lo nuevo es un talante ya abiertamente mentiroso. No es que no existiera antes, sino que era menos evidente. Pero ante las grabaciones de Pizano, el fiscal perdió ya toda verosimilitud. Porque además del preocupante contenido de esas grabaciones, son igual de graves las mentiras que ha sumado Martínez para explicarlas, corroyendo la credibilidad de la institución que preside.
La mayor mentira y la más grave ha sido alrededor del asunto clave: ¿qué sabía Martínez sobre delitos de Odebrecht antes de ser fiscal y por qué no lo denunció? Así ha cambiado su versión. Primero, a mediados de este año Martínez le dijo a la Corte Suprema de Justicia que entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, cuando fue abogado del Grupo Aval para reclamarles a los brasileños, “nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”. Esto lo repitió en varias entrevistas hasta septiembre de 2018, a pesar de que Marcelo Odebrecht había sido capturado en junio del 2015. Esta mentirilla se convirtió en mentirota cuando Noticias Uno publicó la primera grabación de Pizano, de una reunión de agosto de 2015, en la que Martínez dice: “Pero, entonces, no sea hijueputa, [Odebrecht] son unos pícaros, marica… Entonces se putió esta compañía (…)”.
Tres días después, en su ronda de medios, Martínez ahondó en la mentira cuando, según El Tiempo, dijo que no había denunciado esta picaresca porque “si hubiera tenido la certeza (de coimas), lo hubiera hecho conocer a las autoridades (…) En esos audios, Pizano y yo estábamos sacando conclusiones, pero no había un delito específicamente (...). Yo, como ente privado, no podía ir ante la justicia a denunciar un posible hecho de corrupción”. Sin embargo, unos días después, en una nueva grabación publicada por El Espectador, se escucha decir al hoy fiscal: “Mire todos los delitos que se han cometido (…). Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado... peculado por apropiación”. Ahora dice Martínez que es que estaba leyendo un concepto jurídico y no afirmando que hubiera delitos, que para eso se necesitaba una auditoría forense, que era responsabilidad del Grupo Aval.
En estos tiempos de posverdad es importante separar los hechos de las falsedades. Sobre todo cuando están en juego el prestigio y la credibilidad de una institución como la Fiscalía, no decir la verdad debe tener consecuencias. Y si no las tiene para Martínez, seguro sí las tendrá para la Fiscalía, que ha lanzado la iniciativa #YoDenuncioLaCorrupción del programa insigne de Martínez, Bolsillos de Cristal. Se trata de una línea directa para “denunciar posibles hechos de corrupción”. Pero, ¿por qué deberían hacerlo los ciudadanos si en su momento no lo hizo quien hoy es el fiscal general?