Para proceder con el trámite de supresión de la Jurisdicción Especial para la Paz, surgida del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón en 2016, por favor responda las siguientes preguntas de manera certera y, sobre todo, extremadamente coherente. No se aceptan respuestas del tipo “porque eso no es justicia”.
Nadie está obligado a perdonar las atrocidades de la guerra. Pero si una víctima decide hacerlo, ¿por qué habría que arrebatarle esa posibilidad? ¿Por qué el Estado no puede ofrecer un marco institucional para quienes quieren cerrar un ciclo de dolor a cambio de verdad, reconocimiento de responsabilidad y reparación?
¿Por qué genera tanta sospecha ese mecanismo, pero no las enseñanzas religiosas que durante siglos han defendido el perdón como una forma de romper el ciclo de la venganza? Al menos muy similar a lo que enseñan en colegios católicos: que perdonar es poner la otra mejilla, pero no equivale a fingir que nada ocurrió, y que la justicia no tiene por qué confundirse con el placer de ver sufrir al otro.
¿Por qué llevamos generaciones diciendo que la justicia ordinaria es para los de ruana, pero a nadie se le ocurre concluir que, por eso, debemos cerrarla de un día para otro?
¿Por qué una institución creada precisamente porque el sistema existente no podía procesar por sí solo la dimensión del conflicto tendría que demostrar su utilidad comportándose exactamente como ese sistema?
Si la JEP resulta demasiado costosa y la justicia de verdad está en la jurisdicción ordinaria, indique, por favor, cuánto dinero haría falta para reformarla hasta lograr que todos los actores del conflicto con cuentas pendientes paguen sus penas y no quede un ápice de impunidad. Favor adjuntar presupuesto.
¿Por qué queremos que los responsables cuenten toda la verdad si al mismo tiempo queremos eliminar los incentivos para que la cuenten?
¿Por qué a la JEP se le exige lo que jamás le hemos pedido a otras ramas de la justicia? Desde luego tiene problemas; sería extraordinario que una institución colombiana no los tuviera. Tenga en cuenta que, de hecho, la propia Fiscalía llegó a reconocer que, en 2015, las sentencias condenatorias equivalían apenas al 6 % de las noticias criminales efectivas registradas.
Y si la JEP se acaba, ¿qué debe ocurrir con los procesos de los miembros de la Fuerza Pública que están allí y que tantos honores y respeto merecen? ¿Quién los recibe? ¿Cuánto tardan? ¿Quién paga la defensa? ¿Estamos seguros de que trasladarlos a otro sistema mejora su situación o simplemente nos gusta más el nombre de ese sistema?
Finalmente, si usted no es víctima directa del conflicto, explique por qué su idea de justicia debería pesar más que la de alguien que sí los perdió y quiere verdad y reparación. Y explique también por qué debería satisfacerle más ver preso a un máximo responsable que permitirle a una familia saber, por fin, qué pasó con la persona que lleva décadas buscando.
Una vez termine de resolver el cuestionario, adjunte su cédula ampliada al 150 %.