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¿Cómo es posible quejarse del populismo del gobierno actual si se recurre a un populismo similar para sabotear la implementación del Acuerdo de Paz? No se puede señalar la improvisación y las prácticas cuestionables del gobierno del cambio si, a la par, se la pasa predicando que la salida a lo firmado en 2016 era continuar una guerra de 50 años. Si existiera un populistómetro en la Casa de Nariño, les aseguro que la propuesta de haber terminado el conflicto con las FARC únicamente por la vía armada estaría muy cerca del tren elevado Buenaventura-Barranquilla.
Las primeras condenas de la Justicia Especial para la Paz han sido objeto de desinformación. Se dice que no se cumplió con lo pactado, que esa paz no servía así, que la justicia transicional es simple impunidad. En suma: que era preferible seguir una confrontación armada, que entre 1995 y 2004 dejó 202.293 víctimas, a sostener la jurisdicción transicional. Populismo puro y duro. Supongo que quienes siguen imaginando que una guerra absoluta era lo sensato, también sueñan con ganar la presidencia proponiendo que al combate irán sólo las 4 mil personas más armadas de Colombia.
Ganar esa guerra, también la más larga de este hemisferio, era imposible. Lo viable fue usar la fuerza estatal para llegar a la mesa de negociación y sacar el mejor acuerdo que las condiciones permitieron. La imagen de un acuerdo ideal, por demás, es tan utópica como aquella de imponerse por la fuerza luego de cinco décadas de violencia. A pesar de eso, hay quienes insisten en la doctrina “plomo es lo que viene”. Mi consejo para esa gente es que, si quieren tener un buen desempeño en la carrera populista, mejor empiecen a decir que van “expandir el virus del plomo por las estrellas del universo”.
Populismo es vender que la justicia es igual a la venganza, un sinsentido en un Estado de derecho. La cárcel no es la única forma de justicia; sí es un castigo, pero no rompe ciclos de violencia a gran escala. Los actores armados tienen poder real y no hacen la paz a cambio de una celda, por eso se recurre a la negociación. Es obvio que el sistema de justicia ordinaria simplemente colapsaría intentando procesar los crímenes del conflicto armado y, en ese punto, los demagogos que engendraron esa opción simplemente dirían “yo no la crie”.
Conocer la verdad, promover reparaciones y la no repetición también es una forma de justicia. Y eso no debe ser confundido con el perdón: el perdón es una opción muy poderosa que tienen quienes sobrevivieron al conflicto, pero no es un deber. La justicia, por otro lado, sí es un deber del Estado y por ello, ante la enorme fractura que dejan las confrontaciones armadas, los procesos transicionales son una alternativa no sólo viable sino legítima. Eso sí, para que funcionen las sanciones JEP es necesario que se acompañen de una implementación integral del Acuerdo de Paz, el mismo al que los populistas de la guerra le han querido hacer chú, chú, chú.
