Saltarse trámites de ley para llegar a un alto cargo público es una vieja tradición colombiana. No desaparece porque, en una sociedad desigual, prima la urgencia de quedarse con un trozo de poder sobre la capacidad genuina. Hay gente que valora más las habilidades que les sirvieron para acercarse al político de turno que cualquier diploma. Básicamente son quienes se graduaron de la Universidad de la Vida, donde cursaron materias como Introducción a comer callado y Teorías aplicadas de cargamaletas.
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¿Son los títulos universitarios y las extensas hojas de vida indicadores confiables de mérito para acceder a cargos de liderazgo en el Estado? Probablemente no y se requieren reformas en manuales meritocráticos escritos sin enfoques de inclusión, pero eso no justifica saltarse la ley ni defraudar a millones de personas que se parten el lomo para demostrar su capacidad aunque no nacieron en cuna de oro. Generalmente los altos cargos permiten homologar títulos siempre y cuando sigan el Manual de funciones, cuyo nombre completo en los gobiernos recientes ha sido Manual de funciones circenses.
Una viceministra con título de pregrado exprés no es novedad, sólo un signo más de que no hubo cambio en las mañas políticas. Ya hemos visto congresistas que compraron sus títulos de abogados, otros que plagiaron sus tesis de grado, alcaldes que hacen pasar cursos sencillos de posgrado por maestrías formales, funcionarias que han certificado en notaría su experiencia laboral para llegar a agencias relevantes del Estado y más. Un breve recuento para demostrar que la Universidad de la Vida ha puesto a muchos ilustres graduados en importantes posiciones, aunque la viceministra Juliana Guerrero parece que realmente se graduó de la Universidad de la Vida.
¿Dónde trazar el punto razonable para abrir oportunidades de liderazgo en el poder Ejecutivo a personas históricamente excluidas? Una posible respuesta pudo estar en una política pública sostenida desde un Ministerio de la Igualdad fortalecido, siempre que el presidente lo hubiera acompañado de forma decidida, en lugar de dejarlo diluirse por las tensiones con la vicepresidenta. Alguna bancada legislativa pensará que sería bueno crear un tipo de prueba Saber Pro específica para estudiantes que sueñan con gobernar, o como ya le llaman los autores del proyecto de ley: la prueba Saber Proponer y no cumplir.
Sí, la meritocracia como la conocemos hoy merece muchas críticas. Sin embargo, hay un punto en el que esa crítica, legítima en su origen, se convierte en coartada para justificar la captura del Estado de Derecho. Un riesgo que no deberíamos darnos el lujo de correr justo cuando a la democracia la acecha una manada de hienas autoritarias. Creo firmemente que, para contener a esos depredadores, el conocimiento y la capacidad académica es clave aún y tiene que seguirlo siendo. ¡Y pues vaya! Colombia tiene muchos funcionarios cuyo paso por la academia ha dejado importantes investigaciones, principalmente en la Procuraduría y la Fiscalía.
Por Daniel Ruge Chamucero
