El riesgo es que el árbol no nos deje ver el bosque.
Quién va a negar la importancia de las noticias sobre la peste (léase coronavirus), pero no hay que olvidar que hay otros dramas.
Hay hechos que castigan muy duramente a los seres humanos tan injustos e indeseados como los que apareja la pandemia. En Nicaragua, por ejemplo, desde el 18 de abril del 2018, cuando inició la represión de la dictadura Ortega-Murillo han muerto, por lo menos, 328 personas. En Suramérica sumados los de Argentina, Chile, Uruguay, Guyana, Paraguay y Venezuela, el total de fallecidos por coronavirus no llega a 340 personas. Si se cotejan los números uno diría que es preferible que te ataque el Covid-19 a que lo hagan los soldados, policías y fuerzas de choque mandados por esta dupla.
Esto no es broma. Y menos que hay quienes se aprovechan de esta desgracia mundial para esconder lo suyo e incluso, amparados en el barullo noticioso, continúen con sus desmanes.
Entre estos precisamente se enmarca lo de Nicaragua, país en el que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a dos años de iniciada la crisis “de derechos humanos” se “constata la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno”.
La Comisión destaca que “bajo diferentes modalidades o etapas de represión”, ha habido como resultado la muerte de 328 personas, entre ellas 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad”… y sigue,“ más de 100 mil personas se habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos; más de 90 periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios forzadas al exilio. Dichas violaciones permanecen en absoluta impunidad”.
Los ataques a la prensa y periodistas -cerca de 100 han tenido que salir del país-, las clausuras, directa o indirectamente, nos duelen por cuanto atacan a la libertad de prensa y a la profesión, pero ciertamente más nos duele la suerte de los nicaragüenses sea cualquier cosa que hagan.
En aras de una credibilidad mayor, puesto que se puede decir que nos duelen prendas, seguimos con la CIDH cuando afirma que “a dos años de iniciada la crisis de derechos humanos, observamos la persistencia del quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de independencia del poder Judicial y del Ministerio Público”. “ Asimismo, la evidencia muestra la existencia de coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno.”
La Comisión dice que desde el segundo semestre de 2019 hasta la fecha ha identificado “violaciones a los derechos humanos consistentes en la intensificación de la vigilancia, hostigamiento y represión selectiva de líderes y lideresas sociales y políticos; defensoras y defensores de derechos humanos; periodistas y trabajadores de la prensa; así como contra cualquier persona identificada con la oposición; ataques sistemáticos contra comunidades y pueblos indígenas; así como denuncias de ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras y campesinas”.
En esta nueva etapa la CIDH “expresa su preocupación por el mantenimiento de un Estado de Excepción de Hecho, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados los derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, donde no se permite ninguna forma de disidencia, el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos, consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurrido en el país desde el inicio de la crisis”.
El informe es lapidario. Sin duda que, para los nicaragüenses, hoy por hoy existen cosas peores que el coronavirus.
Lo que preocupa es que, tratándose de una peste más antigua, todavía no se haya encontrado la vacuna.
El riesgo es que el árbol no nos deje ver el bosque.
Quién va a negar la importancia de las noticias sobre la peste (léase coronavirus), pero no hay que olvidar que hay otros dramas.
Hay hechos que castigan muy duramente a los seres humanos tan injustos e indeseados como los que apareja la pandemia. En Nicaragua, por ejemplo, desde el 18 de abril del 2018, cuando inició la represión de la dictadura Ortega-Murillo han muerto, por lo menos, 328 personas. En Suramérica sumados los de Argentina, Chile, Uruguay, Guyana, Paraguay y Venezuela, el total de fallecidos por coronavirus no llega a 340 personas. Si se cotejan los números uno diría que es preferible que te ataque el Covid-19 a que lo hagan los soldados, policías y fuerzas de choque mandados por esta dupla.
Esto no es broma. Y menos que hay quienes se aprovechan de esta desgracia mundial para esconder lo suyo e incluso, amparados en el barullo noticioso, continúen con sus desmanes.
Entre estos precisamente se enmarca lo de Nicaragua, país en el que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a dos años de iniciada la crisis “de derechos humanos” se “constata la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno”.
La Comisión destaca que “bajo diferentes modalidades o etapas de represión”, ha habido como resultado la muerte de 328 personas, entre ellas 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad”… y sigue,“ más de 100 mil personas se habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos; más de 90 periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios forzadas al exilio. Dichas violaciones permanecen en absoluta impunidad”.
Los ataques a la prensa y periodistas -cerca de 100 han tenido que salir del país-, las clausuras, directa o indirectamente, nos duelen por cuanto atacan a la libertad de prensa y a la profesión, pero ciertamente más nos duele la suerte de los nicaragüenses sea cualquier cosa que hagan.
En aras de una credibilidad mayor, puesto que se puede decir que nos duelen prendas, seguimos con la CIDH cuando afirma que “a dos años de iniciada la crisis de derechos humanos, observamos la persistencia del quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de independencia del poder Judicial y del Ministerio Público”. “ Asimismo, la evidencia muestra la existencia de coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno.”
La Comisión dice que desde el segundo semestre de 2019 hasta la fecha ha identificado “violaciones a los derechos humanos consistentes en la intensificación de la vigilancia, hostigamiento y represión selectiva de líderes y lideresas sociales y políticos; defensoras y defensores de derechos humanos; periodistas y trabajadores de la prensa; así como contra cualquier persona identificada con la oposición; ataques sistemáticos contra comunidades y pueblos indígenas; así como denuncias de ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras y campesinas”.
En esta nueva etapa la CIDH “expresa su preocupación por el mantenimiento de un Estado de Excepción de Hecho, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados los derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, donde no se permite ninguna forma de disidencia, el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos, consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurrido en el país desde el inicio de la crisis”.
El informe es lapidario. Sin duda que, para los nicaragüenses, hoy por hoy existen cosas peores que el coronavirus.
Lo que preocupa es que, tratándose de una peste más antigua, todavía no se haya encontrado la vacuna.