Mientras se va instalando “pacífica, legal, decente e incruentamente” el golpe de estado vía fast track, va tomando forma la carrera por la presidencia de la República para el periodo 2018-2022. Hasta ahora una treintena de aspirantes a esa dignidad se han lanzado al agua, algunos dejando entrever para qué la quieren y la gran mayoría limitándose a sonar y dejar sonar el sonajero.
La situación que vive el país ante la situación en que de hecho y a las malas lo metió el Gobierno Santos, es promisoria para sus seguidores, pero desastrosa para los opositores. Por ello pienso que este problema se mantendrá en primera plana y por tanto, cada partido o movimiento con sus candidatos definirá su línea de acción sobre la implementación del acuerdo de paz. No es descartable que algunas campañas traten de hacer girar el interés sobre otros temas de gran importancia e impacto en la coyuntura, como por ejemplo, la galopante corrupción, la reforma tributaria, la seguridad cotidiana, por nombrar solo unos.
Esto quiere decir que las fuerzas políticas se alinearán en dos grandes tendencias, de un lado, la de quienes se agruparán alrededor de replantear las graves concesiones hechas a las guerrillas de tal forma que se retome el orden constitucional violado y mancillado. Ello no significaría dar al traste con todo lo acordado sino la derogación de las leyes expedidas bajo el modelo fast track, muy especialmente aquellas que consagran impunidad y elegibilidad para responsables de delitos atroces, la incorporación del acuerdo como capítulo transitorio de la constitución, la modificación del régimen electoral y la conexidad del narcotráfico con el delito político.
Si la decisión del pueblo en las urnas es favorable a esta propuesta, que probablemente se presente bajo la enseña de defensa de la República y la Constitución, no habrá motivos para pensar que lo que de ella se desprende es volver a la guerra. Las guerrillas, que habrán participado en esta contienda, no tienen opción diferente a acatar ese mandato en cuanto es la expresión de la voluntad ciudadana que el Gobierno Nacional se negó a consultar. La obligación de un gobierno electo en esta dirección no se puede limitar a reversar aquellos asuntos sino también a brindar garantías efectivas para la agrupación política que las FARC hayan constituido y de cumplimiento de compromisos adquiridos que no conlleven a alteraciones institucionales.
La otra gran agrupación estará integrada por las fuerzas que integran la llamada Unidad Nacional que apoyan el proceso de paz de manera integral e incondicional y que mantendrán sus campañas orientadas a facilitar la implementación de los acuerdos de paz. El hecho de que esos partidos estén enredados internamente y quieran adelantar campañas independientes no indica, necesariamente, que dicha unidad se vaya a romper de manera definitiva. Lo que pretende cada facción es alcanzar un resultado que les permita negociar un buen lugar en las listas para Congreso, en la repartición de cargos públicos y en la coalición y batalla definitiva que ellos piensan se dará en la segunda vuelta presidencial.
Los grupos de izquierda mantendrán su apoyo al acuerdo de paz, pero harán énfasis en otros aspectos programáticos para no dejar escapar sus tradicionales electores que esperan algo más que simplemente andar plegados como vagón de cola de la que ellos denominan “alianza oligárquica”. Sus candidatos irán por separado a la primera vuelta con el objetivo de obtener un buen resultado que les abra camino a un buen espacio en el bloque continuista. Y ahí, quien señalará en últimas las formalidades a seguir será el nuevo agrupamiento de las FARC.
Los verdes en todos sus matices, fajardismo, navarristas, claudistas y mockusianos, harán el intento de hacer girar la campaña presidencial en torno a la lucha contra la corrupción, pero, no podrán zafarse de la cuestión dilemática sobre el acuerdo de paz y su implementación y, visto lo que ha mostrado hasta hoy, reingresarán a la Unidad Nacional después de la primera vuelta.
Entre los candidatos presidenciales más opcionados del continuismo para ir a la segunda vuelta, de tener lugar, muy probablemente estará el ambivalente Germán Vargas Lleras y el retórico Humberto de la Calle. No le veo mayores posibilidades a candidaturas terceristas, sobre todo a las de quienes no van a tener representación importante en el Congreso.
La campaña electoral va a estar sumamente concurrida, con listas abiertas y cerradas, escándalos, denuncias, amenazas, lenguaje ofensivo, puñaladas traperas, hasta llegar a las parlamentarias de marzo que seleccionará el numeroso grupo de precandidatos a un dígito. De haber segunda vuelta, tendríamos un duelo final que reeditará el del plebiscito del 2 de octubre. La incógnita por el lado del uribismo, el CD y los aliados es sobre quién ganará la nominación y qué propuestas liderará para recuperar la institucionalidad, una disputa para alquilar balcón.
Mientras se va instalando “pacífica, legal, decente e incruentamente” el golpe de estado vía fast track, va tomando forma la carrera por la presidencia de la República para el periodo 2018-2022. Hasta ahora una treintena de aspirantes a esa dignidad se han lanzado al agua, algunos dejando entrever para qué la quieren y la gran mayoría limitándose a sonar y dejar sonar el sonajero.
La situación que vive el país ante la situación en que de hecho y a las malas lo metió el Gobierno Santos, es promisoria para sus seguidores, pero desastrosa para los opositores. Por ello pienso que este problema se mantendrá en primera plana y por tanto, cada partido o movimiento con sus candidatos definirá su línea de acción sobre la implementación del acuerdo de paz. No es descartable que algunas campañas traten de hacer girar el interés sobre otros temas de gran importancia e impacto en la coyuntura, como por ejemplo, la galopante corrupción, la reforma tributaria, la seguridad cotidiana, por nombrar solo unos.
Esto quiere decir que las fuerzas políticas se alinearán en dos grandes tendencias, de un lado, la de quienes se agruparán alrededor de replantear las graves concesiones hechas a las guerrillas de tal forma que se retome el orden constitucional violado y mancillado. Ello no significaría dar al traste con todo lo acordado sino la derogación de las leyes expedidas bajo el modelo fast track, muy especialmente aquellas que consagran impunidad y elegibilidad para responsables de delitos atroces, la incorporación del acuerdo como capítulo transitorio de la constitución, la modificación del régimen electoral y la conexidad del narcotráfico con el delito político.
Si la decisión del pueblo en las urnas es favorable a esta propuesta, que probablemente se presente bajo la enseña de defensa de la República y la Constitución, no habrá motivos para pensar que lo que de ella se desprende es volver a la guerra. Las guerrillas, que habrán participado en esta contienda, no tienen opción diferente a acatar ese mandato en cuanto es la expresión de la voluntad ciudadana que el Gobierno Nacional se negó a consultar. La obligación de un gobierno electo en esta dirección no se puede limitar a reversar aquellos asuntos sino también a brindar garantías efectivas para la agrupación política que las FARC hayan constituido y de cumplimiento de compromisos adquiridos que no conlleven a alteraciones institucionales.
La otra gran agrupación estará integrada por las fuerzas que integran la llamada Unidad Nacional que apoyan el proceso de paz de manera integral e incondicional y que mantendrán sus campañas orientadas a facilitar la implementación de los acuerdos de paz. El hecho de que esos partidos estén enredados internamente y quieran adelantar campañas independientes no indica, necesariamente, que dicha unidad se vaya a romper de manera definitiva. Lo que pretende cada facción es alcanzar un resultado que les permita negociar un buen lugar en las listas para Congreso, en la repartición de cargos públicos y en la coalición y batalla definitiva que ellos piensan se dará en la segunda vuelta presidencial.
Los grupos de izquierda mantendrán su apoyo al acuerdo de paz, pero harán énfasis en otros aspectos programáticos para no dejar escapar sus tradicionales electores que esperan algo más que simplemente andar plegados como vagón de cola de la que ellos denominan “alianza oligárquica”. Sus candidatos irán por separado a la primera vuelta con el objetivo de obtener un buen resultado que les abra camino a un buen espacio en el bloque continuista. Y ahí, quien señalará en últimas las formalidades a seguir será el nuevo agrupamiento de las FARC.
Los verdes en todos sus matices, fajardismo, navarristas, claudistas y mockusianos, harán el intento de hacer girar la campaña presidencial en torno a la lucha contra la corrupción, pero, no podrán zafarse de la cuestión dilemática sobre el acuerdo de paz y su implementación y, visto lo que ha mostrado hasta hoy, reingresarán a la Unidad Nacional después de la primera vuelta.
Entre los candidatos presidenciales más opcionados del continuismo para ir a la segunda vuelta, de tener lugar, muy probablemente estará el ambivalente Germán Vargas Lleras y el retórico Humberto de la Calle. No le veo mayores posibilidades a candidaturas terceristas, sobre todo a las de quienes no van a tener representación importante en el Congreso.
La campaña electoral va a estar sumamente concurrida, con listas abiertas y cerradas, escándalos, denuncias, amenazas, lenguaje ofensivo, puñaladas traperas, hasta llegar a las parlamentarias de marzo que seleccionará el numeroso grupo de precandidatos a un dígito. De haber segunda vuelta, tendríamos un duelo final que reeditará el del plebiscito del 2 de octubre. La incógnita por el lado del uribismo, el CD y los aliados es sobre quién ganará la nominación y qué propuestas liderará para recuperar la institucionalidad, una disputa para alquilar balcón.