Apreciados amigos y lectores:
Con estas notas concluyo un importante ciclo en mi papel de columnista en el diario El Espectador, que me acogió desde el 2012 para que yo expusiera, sin límites, sin cortapisas, sin sugerencias, es decir, con entera libertad, mis opiniones sobre diversos asuntos, muy especialmente sobre temas de la vida política nacional.
El presidente Iván Duque me ha concedido el honor de dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo creado por la Ley de Víctimas 1448 de 2011. La delicada tarea de proseguir en la labor de escuchar con respeto y técnicas adecuadas los testimonios de las comunidades y las personas que sufrieron pérdidas materiales y humanas y asegurar su divulgación, su ubicación en lugar propicio y seguro, y disponer para las investigaciones que los académicos a bien tengan hacer, es razón más que suficiente para dedicarme de tiempo completo a esa tarea.
Mi nominación ha suscitado reacciones de diferente índole. He recibido felicitaciones y apoyos de personas que leen mi columna y me siguen en las redes sociales, en especial en Twitter. También hay voces críticas de distinto calibre y rigor. Y, más allá de cualquier posibilidad de controversia, expresiones de mal gusto, insultos, descalificaciones morales, mentiras y afrentas.
En estas últimas se percibe un ánimo inquisidor. Es como si se quisiera condenar a alguien porque en su vida como ciudadano autónomo, y en uso del derecho constitucional de la libertad de opinión, haya expresado puntos de vista y apreciaciones que, según su peculiar sentido ético, me inhabilitarían para desempeñar un cargo hecho a la medida para un historiador, que es lo que más me ha caracterizado en los últimos 30 años de mi vida.
De acuerdo con mi trayectoria como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, pienso que uno no debe utilizar los cargos de responsabilidad en el campo de la educación, la ciencia o la salud, por mencionar algunos, para realizar adoctrinamiento ideológico, religioso o proselitismo político, de manera que no se confundan espacios ni roles, ni se abuse de la posición de autoridad o jerarquía para reclutar adeptos o atizar pasiones y causas partidistas, y que en la función pública como funcionario de alto rango, con mayor razón se debe evitar mezclar o imponer las creencias personales en los procesos de trabajo y en el desempeño de las funciones.
Me he topado con unos cuantos periodistas que tergiversan frases de una entrevista concedida con la confianza que uno tiene de no ser manipulado. Se titula erróneamente, se recorta una frase, se destaca lo que es secundario, y se le sirve un plato al gusto de quienes, desde las redes como una jauría, atacan en manada, hacen bullying y divulgan mentiras e insultos.
Se ha instalado arteramente, sin que podamos reaccionar, el delito de opinión o el veto inquisitorial contra quien piensa diferente a quien va a reemplazar. Se desconoce que el presidente elegido democráticamente tiene el poder nominador en ciertos cargos.
Hay líderes de opinión que fungen de pontífices de la moral y dueños de la verdad, para quienes no son los méritos académicos y profesionales los que deben tenerse en cuenta para nombrar a una persona en un cargo de responsabilidad, sino lo que esa persona haya opinado libremente. Y mancillan el principio de no impregnar con sus opiniones la labor informativa.
Hay dirigentes políticos, columnistas, opinadores y algunos entrevistadores que dejan ver impúdicamente sus sesgos que se quedan en la lapidación mediática y en el ataque ad hominem.
Y entonces, después de llenarse la boca hablando de paz, reconciliación, entendimiento y cordura, proceden como las fieras hambrientas sobre sus víctimas para destrozarlas moralmente, pisoteando el derecho a la honra y al buen nombre.
Sé que la lucha política es cruel en todas partes. Todos los que participamos en ella hemos hecho daño. Pero aquí hemos llegado al extremo de validar, sin rubor, el delito de opinión, pues según lo manido de la manada, el pecado consiste en pensar diferente a ella.
Apreciados amigos y lectores:
Con estas notas concluyo un importante ciclo en mi papel de columnista en el diario El Espectador, que me acogió desde el 2012 para que yo expusiera, sin límites, sin cortapisas, sin sugerencias, es decir, con entera libertad, mis opiniones sobre diversos asuntos, muy especialmente sobre temas de la vida política nacional.
El presidente Iván Duque me ha concedido el honor de dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo creado por la Ley de Víctimas 1448 de 2011. La delicada tarea de proseguir en la labor de escuchar con respeto y técnicas adecuadas los testimonios de las comunidades y las personas que sufrieron pérdidas materiales y humanas y asegurar su divulgación, su ubicación en lugar propicio y seguro, y disponer para las investigaciones que los académicos a bien tengan hacer, es razón más que suficiente para dedicarme de tiempo completo a esa tarea.
Mi nominación ha suscitado reacciones de diferente índole. He recibido felicitaciones y apoyos de personas que leen mi columna y me siguen en las redes sociales, en especial en Twitter. También hay voces críticas de distinto calibre y rigor. Y, más allá de cualquier posibilidad de controversia, expresiones de mal gusto, insultos, descalificaciones morales, mentiras y afrentas.
En estas últimas se percibe un ánimo inquisidor. Es como si se quisiera condenar a alguien porque en su vida como ciudadano autónomo, y en uso del derecho constitucional de la libertad de opinión, haya expresado puntos de vista y apreciaciones que, según su peculiar sentido ético, me inhabilitarían para desempeñar un cargo hecho a la medida para un historiador, que es lo que más me ha caracterizado en los últimos 30 años de mi vida.
De acuerdo con mi trayectoria como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, pienso que uno no debe utilizar los cargos de responsabilidad en el campo de la educación, la ciencia o la salud, por mencionar algunos, para realizar adoctrinamiento ideológico, religioso o proselitismo político, de manera que no se confundan espacios ni roles, ni se abuse de la posición de autoridad o jerarquía para reclutar adeptos o atizar pasiones y causas partidistas, y que en la función pública como funcionario de alto rango, con mayor razón se debe evitar mezclar o imponer las creencias personales en los procesos de trabajo y en el desempeño de las funciones.
Me he topado con unos cuantos periodistas que tergiversan frases de una entrevista concedida con la confianza que uno tiene de no ser manipulado. Se titula erróneamente, se recorta una frase, se destaca lo que es secundario, y se le sirve un plato al gusto de quienes, desde las redes como una jauría, atacan en manada, hacen bullying y divulgan mentiras e insultos.
Se ha instalado arteramente, sin que podamos reaccionar, el delito de opinión o el veto inquisitorial contra quien piensa diferente a quien va a reemplazar. Se desconoce que el presidente elegido democráticamente tiene el poder nominador en ciertos cargos.
Hay líderes de opinión que fungen de pontífices de la moral y dueños de la verdad, para quienes no son los méritos académicos y profesionales los que deben tenerse en cuenta para nombrar a una persona en un cargo de responsabilidad, sino lo que esa persona haya opinado libremente. Y mancillan el principio de no impregnar con sus opiniones la labor informativa.
Hay dirigentes políticos, columnistas, opinadores y algunos entrevistadores que dejan ver impúdicamente sus sesgos que se quedan en la lapidación mediática y en el ataque ad hominem.
Y entonces, después de llenarse la boca hablando de paz, reconciliación, entendimiento y cordura, proceden como las fieras hambrientas sobre sus víctimas para destrozarlas moralmente, pisoteando el derecho a la honra y al buen nombre.
Sé que la lucha política es cruel en todas partes. Todos los que participamos en ella hemos hecho daño. Pero aquí hemos llegado al extremo de validar, sin rubor, el delito de opinión, pues según lo manido de la manada, el pecado consiste en pensar diferente a ella.