La palabra verdad nos remite a una de las nociones más complejas en la vida de los humanos. Sobre ella se ha hablado desde la religión, la filosofía, la lógica, la justicia y la historia.
Es desde esta última disciplina desde donde quiero hacer unos cuantos apuntes relacionados con lo que se espera develar a través de una comisión acordada entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
Empecemos por reconocer que alrededor de la palabra son más los desacuerdos que los consensos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de buscar y encontrar la verdad?, ¿es ella algo que está oculto en algún lugar, algo que se revela? ¿O es una construcción coherente y fundamentada resultante del análisis de todos los elementos que intervienen en la situación o problema que se estudia?
Si la verdad residiera en los hechos y solo en ellos no tendríamos, como tenemos, miles de estudios sobre acontecimientos importantes u otros fenómenos del pasado, por ejemplo, la revolución francesa, las revoluciones de independencia en América o la colonización.
La época de la violencia liberal conservadora de mediados de siglo pasado en Colombia es un buen caso para ilustrar las dificultades subyacentes a la pretensión de hallar la verdad. El presidente Alberto Lleras Camargo conformó una “Comisión” con un sacerdote, Germán Guzmán Campos, un jurista, Eduardo Umaña Luna y un sociólogo, Orlando Fals Borda para que investigara la tragedia recién superada por el pacto del Frente Nacional.
El resultado fue el libro “La Violencia en Colombia”, pionero de las investigaciones subsiguientes que por centenares se adelantaron por parte de profesionales de diversas disciplinas. Esta es la hora que no hay un consenso total y definitivo sobre esa “verdad histórica”. A lo mejor no hemos querido entender que abordar un problema desde la óptica simple de causas y consecuencias es insuficiente, inútil y en veces imposible porque una cosa es dar cuenta, v. gr., de un magnicidio y otra, explicar un conjunto de situaciones.
Eso no quiere decir que un historiador tiene carta libre para escribir y decir lo que se le ocurra. Entre nosotros existe, como en otras disciplinas de carácter especulativo de las ciencias humanas, métodos forjados a través de la experiencia para realizar investigaciones y consensos en torno a algunos temas o hechos suficientemente documentados.
En la historia sobre el nazismo hay amplios y fundados acuerdos acerca del carácter criminal de los regímenes basados en la teoría de la supremacía aria. No sucede lo mismo con los estudios sobre el comunismo por razones que no alcanzamos a incluir en este texto. Y, por tratarse de una situación del pasado reciente la historia se entrecruza con decisiones políticas que establecen penas de cárcel en algunos países para quienes nieguen el holocausto de los judíos a manos del nacionalsocialismo y su inherente xenofobia.
Hace algunos años un grupo de historiadores muy respetables y reconocidos, incluidos algunos judíos, se pronunciaron contra la pena de cárcel en Austria e Inglaterra contra historiadores que negaran el holocausto. No defendían el “derecho” a decir cualquier barrabasada, sino a tener confianza en las investigaciones hechas con espíritu académico.
Tendríamos que ponernos de acuerdo en que el estudio del pasado es más complicado que escribir un relato de los hechos, que el pasado es tan complejo como el presente y por ello, intentar una verdad oficial de cierre es, cuando menos, un camino al dogmatismo.
Ello no quiere decir que no existan acuerdos sobre hechos puntuales. Por ejemplo, a la pregunta ¿Quién mató a Gaitán? Mal que bien se responde, con elementos de prueba que fue Juan Nieto Roa. Los que dicen algo diferente, que fue la CIA, la oligarquía colombiana, el partido comunista, el gobierno, solo tienen en su favor un alegato fantasioso o ideológico sin sustento fáctico.
De esta manera, sobre todo en lo que tiene que ver con el acontecer político, terminamos, por una parte, reconociendo la complejidad de las situaciones estudiadas y de otra, la existencia de los hechos, sin los cuales la historia derivaría en un ejercicio caprichoso.
La verdad en sentido jurídico es de una dimensión diferente, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones sobre conductas delictivas en el marco de guerras, insurrecciones, revoluciones, golpes de estado, magnicidios, crímenes de guerra.
Ahí está el ejemplo del Tribunal de Nuremberg que juzgó a los jefes nazis. Allí, si bien se tuvo en cuenta el papel jugado por una ideología que justificaba el horror, los jueces tuvieron que individualizar responsabilidades en la comisión de X o Y crímenes. Ahí se puede apreciar que la verdad jurídica es diferente (y es un insumo) a la verdad en Historia.
Termino con la reflexión del historiador francés de origen judío y tendencia marxista ejecutado por los nazis, Marc Bloch, quien planteó que la historia no es tribunal para juzgar el pasado, para absolver o condenar están los jueces. Y es que si la historia, como disciplina, tuviese la función de ser ejemplarizante, hace siglos los seres humanos habrían dejado de apelar a la guerra.
En próxima columna explicaré mi opinión en el sentido de que la historia sobre el llamado conflicto armado en Colombia no puede ser fruto de un tratado o un acuerdo político ni puede estar en manos de una comisión.
La palabra verdad nos remite a una de las nociones más complejas en la vida de los humanos. Sobre ella se ha hablado desde la religión, la filosofía, la lógica, la justicia y la historia.
Es desde esta última disciplina desde donde quiero hacer unos cuantos apuntes relacionados con lo que se espera develar a través de una comisión acordada entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
Empecemos por reconocer que alrededor de la palabra son más los desacuerdos que los consensos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de buscar y encontrar la verdad?, ¿es ella algo que está oculto en algún lugar, algo que se revela? ¿O es una construcción coherente y fundamentada resultante del análisis de todos los elementos que intervienen en la situación o problema que se estudia?
Si la verdad residiera en los hechos y solo en ellos no tendríamos, como tenemos, miles de estudios sobre acontecimientos importantes u otros fenómenos del pasado, por ejemplo, la revolución francesa, las revoluciones de independencia en América o la colonización.
La época de la violencia liberal conservadora de mediados de siglo pasado en Colombia es un buen caso para ilustrar las dificultades subyacentes a la pretensión de hallar la verdad. El presidente Alberto Lleras Camargo conformó una “Comisión” con un sacerdote, Germán Guzmán Campos, un jurista, Eduardo Umaña Luna y un sociólogo, Orlando Fals Borda para que investigara la tragedia recién superada por el pacto del Frente Nacional.
El resultado fue el libro “La Violencia en Colombia”, pionero de las investigaciones subsiguientes que por centenares se adelantaron por parte de profesionales de diversas disciplinas. Esta es la hora que no hay un consenso total y definitivo sobre esa “verdad histórica”. A lo mejor no hemos querido entender que abordar un problema desde la óptica simple de causas y consecuencias es insuficiente, inútil y en veces imposible porque una cosa es dar cuenta, v. gr., de un magnicidio y otra, explicar un conjunto de situaciones.
Eso no quiere decir que un historiador tiene carta libre para escribir y decir lo que se le ocurra. Entre nosotros existe, como en otras disciplinas de carácter especulativo de las ciencias humanas, métodos forjados a través de la experiencia para realizar investigaciones y consensos en torno a algunos temas o hechos suficientemente documentados.
En la historia sobre el nazismo hay amplios y fundados acuerdos acerca del carácter criminal de los regímenes basados en la teoría de la supremacía aria. No sucede lo mismo con los estudios sobre el comunismo por razones que no alcanzamos a incluir en este texto. Y, por tratarse de una situación del pasado reciente la historia se entrecruza con decisiones políticas que establecen penas de cárcel en algunos países para quienes nieguen el holocausto de los judíos a manos del nacionalsocialismo y su inherente xenofobia.
Hace algunos años un grupo de historiadores muy respetables y reconocidos, incluidos algunos judíos, se pronunciaron contra la pena de cárcel en Austria e Inglaterra contra historiadores que negaran el holocausto. No defendían el “derecho” a decir cualquier barrabasada, sino a tener confianza en las investigaciones hechas con espíritu académico.
Tendríamos que ponernos de acuerdo en que el estudio del pasado es más complicado que escribir un relato de los hechos, que el pasado es tan complejo como el presente y por ello, intentar una verdad oficial de cierre es, cuando menos, un camino al dogmatismo.
Ello no quiere decir que no existan acuerdos sobre hechos puntuales. Por ejemplo, a la pregunta ¿Quién mató a Gaitán? Mal que bien se responde, con elementos de prueba que fue Juan Nieto Roa. Los que dicen algo diferente, que fue la CIA, la oligarquía colombiana, el partido comunista, el gobierno, solo tienen en su favor un alegato fantasioso o ideológico sin sustento fáctico.
De esta manera, sobre todo en lo que tiene que ver con el acontecer político, terminamos, por una parte, reconociendo la complejidad de las situaciones estudiadas y de otra, la existencia de los hechos, sin los cuales la historia derivaría en un ejercicio caprichoso.
La verdad en sentido jurídico es de una dimensión diferente, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones sobre conductas delictivas en el marco de guerras, insurrecciones, revoluciones, golpes de estado, magnicidios, crímenes de guerra.
Ahí está el ejemplo del Tribunal de Nuremberg que juzgó a los jefes nazis. Allí, si bien se tuvo en cuenta el papel jugado por una ideología que justificaba el horror, los jueces tuvieron que individualizar responsabilidades en la comisión de X o Y crímenes. Ahí se puede apreciar que la verdad jurídica es diferente (y es un insumo) a la verdad en Historia.
Termino con la reflexión del historiador francés de origen judío y tendencia marxista ejecutado por los nazis, Marc Bloch, quien planteó que la historia no es tribunal para juzgar el pasado, para absolver o condenar están los jueces. Y es que si la historia, como disciplina, tuviese la función de ser ejemplarizante, hace siglos los seres humanos habrían dejado de apelar a la guerra.
En próxima columna explicaré mi opinión en el sentido de que la historia sobre el llamado conflicto armado en Colombia no puede ser fruto de un tratado o un acuerdo político ni puede estar en manos de una comisión.