Cuando las Farc reivindican el derecho a secuestrar y a continuar sus ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura no están violando la palabra empeñada en la Agenda que firmó con el gobierno Santos.
Claro, ellos se habían comprometido a cesar el secuestro con fines extorsivos, pero con lo que no contaban Sergio Jaramillo y Enrique Santos en la fase previa de las conversaciones era con la habilidad de los farianos para burlar la palabra apelando a eufemismos. Ellos no están secuestrando sino reteniendo, no están extorsionando porque no piden nada a cambio, sólo que en La Habana entiendan que si no se aprueba Constituyente y cese bilateral del fuego seguirán “reteniendo”.
Pero más allá de ese burdo juego con la semántica que ya conocemos de tiempo atrás, lo procedente es ubicar la raíz de este embeleco de negociación en que han metido al país a sabiendas del altísimo riesgo de fracaso. Todo se origina con la expedición de la ley marco para la paz que estipula en uno de sus artículos el reconocimiento de que lo que hay en Colombia es un “conflicto armado”. De ahí en adelante, las calificadas fuerzas terroristas dejaron de ser tales para convertirse en contraparte, ante la nación y el mundo. Y la guerrilla ni corta ni perezosa está aprovechando la ocasión. Se comporta como si fuese expresión de un poder dual, hace uso del reconocimiento político otorgado por el gobierno a cambio de nada. Se han negado a acatar el derecho internacional humanitario, pero se apoyan en él para decir que los secuestrados son “prisioneros de guerra”, figura aplicable a un conflicto internacional.
Si hacemos un buen ejercicio de memoria reciente, nos daremos cuenta de que estamos en una especie de retorno al pasado, más concretamente a la experiencia del Caguán. Se habla de todo menos de lo sustancial en una negociación de paz, ¿cómo terminar el conflicto?, más bien se enreda la pita hablando de temas por fuera de los cinco puntos de la Agenda, como la propuesta de convocar una Constituyente, el cese bilateral del fuego, la participación de la “sociedad civil”, la exigencia al gobierno para que saque el país de la pobreza, condición para firmar la paz según Márquez: “que con hechos concretos, sin demagogias, el Gobierno dé pasos definitivos sacando a la gente de la miseria para acabar la guerra que desangra a la Patria” (Iván Márquez, ElEspectador.com enero 31/2013). Y se realizan acciones de “retención de miembros de la Fuerza Pública” para sentar las bases de una reedición del chantaje de intercambio de guerrilleros presos por soldados y policías “retenidos”, despeje de territorios, designación de Piedad Córdoba, la Cruz Roja Internacional y Colombianos por la Paz como intermediarios. Una película que ya vimos varias veces.
Es tan crítica la situación que Enrique, el hermano del presidente, dijo con angustia que “lo grave no es el secuestro”(sic) sino el “ritmo lento…” (declaraciones a RCNradio, enero 29/2013). ¿Acaso no sabía desde el siglo pasado que la diletancia es uno de los atributos de la guerrilla? ¿No entiende que no es necesario intoxicarse dos, tres veces, para saber que el alimento está podrido?
El gobierno se dejó enredar y le será muy difícil y costoso salir del embrollo. Al no exigirles una declaración de su disposición a dejar las armas, a reconocer la inviabilidad de la lucha armada y el compromiso de entregar las armas al final de la negociación, al tratarlos en condición de igualdad, al aceptar la discusión de temas de política públicas como si fuesen representantes legítimos o de hecho de la sociedad o de un sector importante de ella, se quedó sin argumentos lógicos para demandarles concreción y sensatez.
Por otra parte, sorprende la posición de algunos líderes de opinión para quienes lo pernicioso no es que la guerrilla engañe de nuevo a la sociedad colombiana sino que la derecha se beneficie del fracaso de la negociación. También sostienen que lo malo del secuestro de militares no es este como tal sino que se le abre espacio a las posiciones guerreristas de la derecha, que lo inconveniente de la propuesta de convocar una constituyente no es que la guerrilla carezca de méritos políticos y morales para proponerla sino que una vez convocada triunfaría el uribismo. De tal suerte que para este sector de opinión el mayor peligro no es la violencia guerrillera, sus crímenes, sus atentados, sus secuestros, el reclutamiento de menores, el maltrato a las mujeres embarazadas, sino el fortalecimiento de lo que llaman la derecha, donde ubican a todos los que hablan y escriben criticando las fallas de este experimento condenado al fracaso por una guerrilla que nos quiere repetir el libreto.
*Darío Acevedo Carmona
Cuando las Farc reivindican el derecho a secuestrar y a continuar sus ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura no están violando la palabra empeñada en la Agenda que firmó con el gobierno Santos.
Claro, ellos se habían comprometido a cesar el secuestro con fines extorsivos, pero con lo que no contaban Sergio Jaramillo y Enrique Santos en la fase previa de las conversaciones era con la habilidad de los farianos para burlar la palabra apelando a eufemismos. Ellos no están secuestrando sino reteniendo, no están extorsionando porque no piden nada a cambio, sólo que en La Habana entiendan que si no se aprueba Constituyente y cese bilateral del fuego seguirán “reteniendo”.
Pero más allá de ese burdo juego con la semántica que ya conocemos de tiempo atrás, lo procedente es ubicar la raíz de este embeleco de negociación en que han metido al país a sabiendas del altísimo riesgo de fracaso. Todo se origina con la expedición de la ley marco para la paz que estipula en uno de sus artículos el reconocimiento de que lo que hay en Colombia es un “conflicto armado”. De ahí en adelante, las calificadas fuerzas terroristas dejaron de ser tales para convertirse en contraparte, ante la nación y el mundo. Y la guerrilla ni corta ni perezosa está aprovechando la ocasión. Se comporta como si fuese expresión de un poder dual, hace uso del reconocimiento político otorgado por el gobierno a cambio de nada. Se han negado a acatar el derecho internacional humanitario, pero se apoyan en él para decir que los secuestrados son “prisioneros de guerra”, figura aplicable a un conflicto internacional.
Si hacemos un buen ejercicio de memoria reciente, nos daremos cuenta de que estamos en una especie de retorno al pasado, más concretamente a la experiencia del Caguán. Se habla de todo menos de lo sustancial en una negociación de paz, ¿cómo terminar el conflicto?, más bien se enreda la pita hablando de temas por fuera de los cinco puntos de la Agenda, como la propuesta de convocar una Constituyente, el cese bilateral del fuego, la participación de la “sociedad civil”, la exigencia al gobierno para que saque el país de la pobreza, condición para firmar la paz según Márquez: “que con hechos concretos, sin demagogias, el Gobierno dé pasos definitivos sacando a la gente de la miseria para acabar la guerra que desangra a la Patria” (Iván Márquez, ElEspectador.com enero 31/2013). Y se realizan acciones de “retención de miembros de la Fuerza Pública” para sentar las bases de una reedición del chantaje de intercambio de guerrilleros presos por soldados y policías “retenidos”, despeje de territorios, designación de Piedad Córdoba, la Cruz Roja Internacional y Colombianos por la Paz como intermediarios. Una película que ya vimos varias veces.
Es tan crítica la situación que Enrique, el hermano del presidente, dijo con angustia que “lo grave no es el secuestro”(sic) sino el “ritmo lento…” (declaraciones a RCNradio, enero 29/2013). ¿Acaso no sabía desde el siglo pasado que la diletancia es uno de los atributos de la guerrilla? ¿No entiende que no es necesario intoxicarse dos, tres veces, para saber que el alimento está podrido?
El gobierno se dejó enredar y le será muy difícil y costoso salir del embrollo. Al no exigirles una declaración de su disposición a dejar las armas, a reconocer la inviabilidad de la lucha armada y el compromiso de entregar las armas al final de la negociación, al tratarlos en condición de igualdad, al aceptar la discusión de temas de política públicas como si fuesen representantes legítimos o de hecho de la sociedad o de un sector importante de ella, se quedó sin argumentos lógicos para demandarles concreción y sensatez.
Por otra parte, sorprende la posición de algunos líderes de opinión para quienes lo pernicioso no es que la guerrilla engañe de nuevo a la sociedad colombiana sino que la derecha se beneficie del fracaso de la negociación. También sostienen que lo malo del secuestro de militares no es este como tal sino que se le abre espacio a las posiciones guerreristas de la derecha, que lo inconveniente de la propuesta de convocar una constituyente no es que la guerrilla carezca de méritos políticos y morales para proponerla sino que una vez convocada triunfaría el uribismo. De tal suerte que para este sector de opinión el mayor peligro no es la violencia guerrillera, sus crímenes, sus atentados, sus secuestros, el reclutamiento de menores, el maltrato a las mujeres embarazadas, sino el fortalecimiento de lo que llaman la derecha, donde ubican a todos los que hablan y escriben criticando las fallas de este experimento condenado al fracaso por una guerrilla que nos quiere repetir el libreto.
*Darío Acevedo Carmona