Insistir en la reforma a la justicia, vía Congreso, es un esfuerzo inútil. Han transcurrido nueve años sin lograr ese propósito.
Creer que el Legislativo aprobará una reforma estructural sobre este tema es tan ingenuo y utópico, como pensar que la Corte Constitucional la viabilizará, una vez realice el control constitucional.
Por la fuerte oposición de las cortes al proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo, fundamentada en razones como el atentado a la vigencia del Estado de Derecho y el régimen democrático, fácilmente se concluye que es imposible conciliar. El Gobierno es dueño de la iniciativa, el Congreso del pleito y la Magistratura Constitucional de la decisión final.
Al Congreso lo colocan entre la espada y la pared. De un lado están sus compromisos políticos con el programa del presidente Santos, y del otro, la espada pendiente de sus jueces. Así jurídicamente haya desaparecido el conflicto de intereses en esta reforma constitucional, el impedimento ético se mantiene frente al elevado número de investigaciones penales y disciplinarias en contra de varios congresistas.
El bien común, la justicia y el interés general —valores supremos que deben consultar en sus actuaciones los senadores y representantes— los alegan a su favor en este enfrentamiento el Gobierno y los altos tribunales. El presidente Santos reclama un sano equilibrio de las ramas del Poder Público, otro tanto hacen las Cortes. ¿Cuál podría ser el otro interés colectivo y el equilibrio que el Congreso como árbitro debe buscar? ¿Es posible imaginar un Congreso neutral, incoloro y desideologizado que esté por encima del bien y del mal?
La realidad y la experiencia política enseñan que quien lleva la peor parte en esta clase de disputas es el Parlamento. A éste lo doblega más el temor que las prebendas. Esta controversia trasciende lo formal y en algunos aspectos está en juego la pérdida de ciertos privilegios.
El daño que se puede causar a las instituciones democráticas, la armonía social y a la obtención de los fines esenciales del Estado sería inmenso si el choque entre el Ejecutivo y la Rama Judicial se traslada al escenario del Congreso y éste no cumple con el encargo de ser mediador. Su función constituyente en la práctica desaparece o es minusválida.
La idea de la Asamblea Constituyente, como mecanismo convocado por el pueblo para evitar que se petrifique la Constitución, reordenando la anatomía y funcionamiento del Estado con énfasis en la justicia, es posible desde el campo jurídico y político. Esa decisión histórica sólo la puede tomar el presidente Santos. Es una salida constitucional que permite desbloquear la contención interinstitucional presentada y garantizar el necesario evolucionismo jurídico que acople el derecho con las nuevas y urgentes realidades sociales.
*Exsenador de la República.
