No es muy complicado darse cuenta de que buena parte del crecimiento y progreso económicos de los últimos 10 a 15 años se ha dado gracias a la innovación tecnológica. Además de generar una nueva industria que ha creado miles de empleos calificados, la tecnología ha permitido a cientos de industrias tradicionales volverse más eficientes, reducir costos de transacción de manera significativa y desintermediar la relación del productor con el consumidor.
Darle la bienvenida a la tecnología, con responsabilidad y buen tino, es uno de los imperativos de las sociedades modernas. Aquellas que no lo hagan quedarán postradas en el pasado, con un aparato productivo obsoleto y poco competitivo, particularmente frente a otros países que sí lo hacen.
Por eso, la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con Uber es desconcertante. Ordenó el cese de actividades de Uber por competencia desleal y además ordenó a las compañías de telefonía móvil suspender la prestación de servicios a esta plataforma. Según Uber, esto podría afectar a más de dos millones de ciudadanos que usan la aplicación en el país y dejar sin una forma de ingreso adicional a cerca de 88.000 conductores que hoy están afiliados a ese servicio.
Esta controversial decisión sorprende en varios aspectos. La discusión sobre la legalidad de Uber no es nueva, lleva ya varios años en la agenda regulatoria del país. Importante aclarar, además, que su legitimidad, que está de lejos probada por el uso que a diario les dan todos esos ciudadanos a los servicios de transporte prestados por la aplicación, no es lo que está en juicio. Es la regulación de la aplicación. Y en lugar de sacar normas para regular la plataforma, el Estado prefiere suspenderla. Esto, en un Gobierno que supuestamente tiene la economía naranja como uno de sus pilares de desarrollo, es aún más extraño.
La SIC, teóricamente en defensa de la competencia (que en últimas lo que debe buscar es proteger al consumidor), decidió eliminar de tajo una fuente de competencia del taxi, un servicio que deja muchísimo que desear en términos de calidad, seguridad y confort. La entidad defensora de la competencia vuelve a dejar en manos exclusivamente de los taxis el servicio de transporte público individual en las ciudades, eliminando una competencia que al final debería, entre otras cosas, reflejarse en que los taxis presten un servicio mejor, más seguro y en mejores carros. La SIC y el Gobierno en general, en lugar de ver cómo adoptan medidas para dejar a Uber y los taxis competir de manera más equitativa, lo que hacen es eliminar una fuente real de competencia.
Muchos casos hay en la historia de Colombia en donde por norma y regulación se generan rentas para un grupo de interés particular, bien sea creando esas rentas o eliminando la competencia, como en este caso. El país lo que necesita no es más regulación, sino menos. Hay que dejar funcionar el mercado en aquellas industrias donde exista competencia. Ese realmente es el mayor beneficio que el Estado puede dar a los consumidores. Flaco favor le hizo la SIC a los usuarios.
No es muy complicado darse cuenta de que buena parte del crecimiento y progreso económicos de los últimos 10 a 15 años se ha dado gracias a la innovación tecnológica. Además de generar una nueva industria que ha creado miles de empleos calificados, la tecnología ha permitido a cientos de industrias tradicionales volverse más eficientes, reducir costos de transacción de manera significativa y desintermediar la relación del productor con el consumidor.
Darle la bienvenida a la tecnología, con responsabilidad y buen tino, es uno de los imperativos de las sociedades modernas. Aquellas que no lo hagan quedarán postradas en el pasado, con un aparato productivo obsoleto y poco competitivo, particularmente frente a otros países que sí lo hacen.
Por eso, la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con Uber es desconcertante. Ordenó el cese de actividades de Uber por competencia desleal y además ordenó a las compañías de telefonía móvil suspender la prestación de servicios a esta plataforma. Según Uber, esto podría afectar a más de dos millones de ciudadanos que usan la aplicación en el país y dejar sin una forma de ingreso adicional a cerca de 88.000 conductores que hoy están afiliados a ese servicio.
Esta controversial decisión sorprende en varios aspectos. La discusión sobre la legalidad de Uber no es nueva, lleva ya varios años en la agenda regulatoria del país. Importante aclarar, además, que su legitimidad, que está de lejos probada por el uso que a diario les dan todos esos ciudadanos a los servicios de transporte prestados por la aplicación, no es lo que está en juicio. Es la regulación de la aplicación. Y en lugar de sacar normas para regular la plataforma, el Estado prefiere suspenderla. Esto, en un Gobierno que supuestamente tiene la economía naranja como uno de sus pilares de desarrollo, es aún más extraño.
La SIC, teóricamente en defensa de la competencia (que en últimas lo que debe buscar es proteger al consumidor), decidió eliminar de tajo una fuente de competencia del taxi, un servicio que deja muchísimo que desear en términos de calidad, seguridad y confort. La entidad defensora de la competencia vuelve a dejar en manos exclusivamente de los taxis el servicio de transporte público individual en las ciudades, eliminando una competencia que al final debería, entre otras cosas, reflejarse en que los taxis presten un servicio mejor, más seguro y en mejores carros. La SIC y el Gobierno en general, en lugar de ver cómo adoptan medidas para dejar a Uber y los taxis competir de manera más equitativa, lo que hacen es eliminar una fuente real de competencia.
Muchos casos hay en la historia de Colombia en donde por norma y regulación se generan rentas para un grupo de interés particular, bien sea creando esas rentas o eliminando la competencia, como en este caso. El país lo que necesita no es más regulación, sino menos. Hay que dejar funcionar el mercado en aquellas industrias donde exista competencia. Ese realmente es el mayor beneficio que el Estado puede dar a los consumidores. Flaco favor le hizo la SIC a los usuarios.