Haciendo difícil lo fácil

Siempre que salgo a manejar por carretera me sorprendo del retraso que tiene Colombia en materia de peajes. Una caseta de peajes en el país es, en cierta medida, un reflejo de lo difícil que es gestionar el Estado, de hacer las cosas más sencillas para los ciudadanos, de progresar.

Es absolutamente increíble, por ejemplo, que en el año 2021 aún no exista en el país un sistema unificado de peajes electrónicos. Es más, en la mayoría de los peajes el carril electrónico sigue siendo minoría frente al ineficiente sistema de recaudo en efectivo. Esto no solamente genera unos trancones monumentales, considerando además otra de las características sobresalientes del peaje colombiano: es imposible pensar que los conductores lleguen con la plata lista para pagar. Hay que esperar a que busquen la moneda de $500 para completar el pago.

La forma de tasar los peajes es otra señal de lo complicado que es a veces ser ciudadano en Colombia. Ya que no hay peajes electrónicos, ¿por qué entonces no ponen un precio que no implique tener que buscar monedas en lugares recónditos para dar el precio exacto? ¿No es más fácil, digamos, poner el peaje a $10.000 que a $10.200? Esto seguro ayudaría, en algo, a disminuir los tiempos de espera de conductores en eternas colas de pago.

La pregunta que inmediatamente asalta al conductor es por qué esto no se puede cambiar. ¿Por qué es tan difícil en Colombia aplicar tecnologías que existen hace décadas en otros países del mundo, tecnologías que permitirían mejorar de manera importante la competitividad del país y el bienestar de sus ciudadanos?

Sin pretender tener un estudio con ningún tipo de rigor científico, creo que hay varias razones detrás del diseño del peaje colombiano. Una primera es una desarticulación entre diferentes entidades del Estado. Hay carreteras municipales, departamentales y nacionales. Hay secretarías de Tránsito en cada una, están el Invías, la ANI y el Ministerio de Transporte. En el pasado se han tramitado leyes, pero con consecuencias poco concretas en la materia, sobre la obligatoriedad de tener al menos un carril electrónico en todos los peajes e incluso se ha abierto una licitación para homologar las diferentes tecnologías y asegurarse de que todos los chips funcionen en todos los peajes.

¿Pero no es más fácil seleccionar una única tecnología para todos los peajes? ¿Por qué dejar a discreción de los concesionarios qué tecnología adoptar? Así funcionan los sistemas de transporte masivo en las ciudades, un modelo que tal vez se podría aplicar para las carreteras nacionales y departamentales.

Otra razón es, pensaría uno, la defensa de unos intereses creados detrás del recaudo de peajes en efectivo. Esto requiere una logística no menor: cajas fuertes para guardar el efectivo, transporte de seguridad en carros blindados hasta el banco, consignaciones en efectivo en sucursales bancarias. Hay que aceptar que, en materia de creación de empleo, sí es posible que el ineficiente sistema actual le gane al peaje electrónico.

Solucionar el problema de los peajes en el país es una tarea sencilla, pero requiere el concurso de varios actores. Y como suele suceder con muchos temas, ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil?