Un verdadero revuelo se ha armado por la posible objeción de ciertos elementos que el presidente de la República pudiera hacer con respecto a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
La mitad del país, aquellos que dicen estar a favor de la paz, ha manifestado su profunda preocupación por esa posible objeción. Y la otra mitad ha llegado hasta decir que hay que eliminarla del todo, y que la objeción de alguno u otro artículo de la ley estatutaria no es suficiente. Unos tildan de guerreristas a otros, y otros tildan de mamertos a quienes no piensan como ellos. Y en la mitad quedan perdidas discusiones sobre temas fundamentales de lo que queremos construir como sociedad hacia futuro.
Lo que se percibe de la discusión de este tema es que pareciera ser que lo que da legitimidad a la JEP es la aprobación a rajatabla de la ley estatutaria, sin ni siquiera poder abrir un espacio para estudiar si vale la pena aclarar ciertos temas. “A estas alturas #ObjetarLaJEP es la prueba contundente de la polarización que continúa vigente en Colombia”, reza un trino de un reconocidísimo periodista publicado el 19 de febrero.
Sin embargo, a quienes defienden sin reparos la ley se les parece olvidar que la mitad —o incluso más— de los colombianos no están de acuerdo con la implementación de la JEP tal y como está planteada. Y que existen serios problemas, algunos destacados por el fiscal en carta reciente al presidente de la República, que lo que hacen es minar de manera importante la posibilidad de lograr algún día la tan anhelada paz.
Parece ser igual de ilegítimo objetar la JEP que no objetarla. Desafortunadamente, así de dividida está la opinión. Razón por la cual hay que analizar el tema con mucha cabeza fría y realmente pensar en qué es lo que más le conviene, de fondo, a esta sociedad politizada y polarizada, por encima de los intereses coyunturales de política.
La JEP debe tener una ley, así lo ha dicho la Corte Constitucional, y así reza el acuerdo con las Farc. Pero para que la implementación de la JEP salga bien, es necesario volver a dar la discusión con base en algunos principios fundamentales que son requisito indispensable para comenzar a construir algo que se parezca a la convivencia en paz. La justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. La aplicación de estos principios debería estar absolutamente garantizada, sin ninguna duda y titubeo por parte de ninguna institución judicial en el país. Incluida la JEP.
¿Será que no nos podemos poner de acuerdo en que la no repetición debe ser absoluta y garantizada por parte de la justicia transicional? ¿Y si algún artículo de la ley estatutaria no deja claro este principio fundamental, es tan complicado realmente que se le pida al Congreso que se cambie y se aclare? Tan jodida y politizada está la situación, que ni siquiera alrededor de algo tan contundente como esto se puede generar consenso. Tristemente, hay quienes están dispuestos a sacrificar este tipo de acuerdos fundamentales por odios políticos o por ideas románticas de la paz.
La paz nunca se va a construir si no se logran consensos sobre principios fundamentales.
Un verdadero revuelo se ha armado por la posible objeción de ciertos elementos que el presidente de la República pudiera hacer con respecto a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
La mitad del país, aquellos que dicen estar a favor de la paz, ha manifestado su profunda preocupación por esa posible objeción. Y la otra mitad ha llegado hasta decir que hay que eliminarla del todo, y que la objeción de alguno u otro artículo de la ley estatutaria no es suficiente. Unos tildan de guerreristas a otros, y otros tildan de mamertos a quienes no piensan como ellos. Y en la mitad quedan perdidas discusiones sobre temas fundamentales de lo que queremos construir como sociedad hacia futuro.
Lo que se percibe de la discusión de este tema es que pareciera ser que lo que da legitimidad a la JEP es la aprobación a rajatabla de la ley estatutaria, sin ni siquiera poder abrir un espacio para estudiar si vale la pena aclarar ciertos temas. “A estas alturas #ObjetarLaJEP es la prueba contundente de la polarización que continúa vigente en Colombia”, reza un trino de un reconocidísimo periodista publicado el 19 de febrero.
Sin embargo, a quienes defienden sin reparos la ley se les parece olvidar que la mitad —o incluso más— de los colombianos no están de acuerdo con la implementación de la JEP tal y como está planteada. Y que existen serios problemas, algunos destacados por el fiscal en carta reciente al presidente de la República, que lo que hacen es minar de manera importante la posibilidad de lograr algún día la tan anhelada paz.
Parece ser igual de ilegítimo objetar la JEP que no objetarla. Desafortunadamente, así de dividida está la opinión. Razón por la cual hay que analizar el tema con mucha cabeza fría y realmente pensar en qué es lo que más le conviene, de fondo, a esta sociedad politizada y polarizada, por encima de los intereses coyunturales de política.
La JEP debe tener una ley, así lo ha dicho la Corte Constitucional, y así reza el acuerdo con las Farc. Pero para que la implementación de la JEP salga bien, es necesario volver a dar la discusión con base en algunos principios fundamentales que son requisito indispensable para comenzar a construir algo que se parezca a la convivencia en paz. La justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. La aplicación de estos principios debería estar absolutamente garantizada, sin ninguna duda y titubeo por parte de ninguna institución judicial en el país. Incluida la JEP.
¿Será que no nos podemos poner de acuerdo en que la no repetición debe ser absoluta y garantizada por parte de la justicia transicional? ¿Y si algún artículo de la ley estatutaria no deja claro este principio fundamental, es tan complicado realmente que se le pida al Congreso que se cambie y se aclare? Tan jodida y politizada está la situación, que ni siquiera alrededor de algo tan contundente como esto se puede generar consenso. Tristemente, hay quienes están dispuestos a sacrificar este tipo de acuerdos fundamentales por odios políticos o por ideas románticas de la paz.
La paz nunca se va a construir si no se logran consensos sobre principios fundamentales.