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Ahora que prácticamente todos los sectores de la economía están abiertos y se ha avanzado en el plan de vacunación, muchas empresas están pensando en el retorno de sus empleados a las oficinas para retomar actividades presenciales. Esta decisión tiene a la alta gerencia y a las juntas directivas estudiando múltiples formas de trabajar en el futuro y las implicaciones de estar o no vacunados.
La decisión pasa por al menos dos instancias: la primera, si volver o no al trabajo presencial, y la naturaleza de esa presencialidad. La segunda, más compleja desde el punto de vista ético y humano, es qué hacer con la gente que no se quiere vacunar en un escenario de retorno a las oficinas.
La decisión de si volver o no presencialmente, obviamente, depende del tipo de empresa y del trabajo. Volver a verse en las oficinas tiene múltiples ventajas, como lo son la construcción de pertenencia y cultura, el intercambio espontáneo y fácil de ideas y opiniones que pueden resultar muy benéficas para la compañía, dar un sentido de propósito a los empleados, socializar y mejorar la salud mental, entre muchas otras. También tiene desventajas, como volver a estar interminables horas en trancones y transportes públicos, reduciendo probablemente la productividad (aunque no es tan claro que se sea más productivo en casa), la reticencia de los trabajadores a regresar, etc.
En cualquier caso, pareciera ser que los beneficios de la presencialidad son, por un margen importante, más grandes que los costos. Por lo que casi todas las compañías están pensando en por lo menos tener un modelo híbrido, con presencialidad durante unos días y trabajo remoto durante otros. Aquí lo importante es que este esquema, en caso de ser adoptado, quede bien diseñado, porque lo que no tiene sentido es ir a la oficina a conectarse a reuniones virtuales. Para eso es mejor quedarse en casa.
La otra capa de decisión, ya una vez establecido que se va a volver a la oficina, es si la gente que no se quiere vacunar puede volver o, si puede volver, cómo hacerlo. Esta discusión es más compleja. Y aquí, francamente, no se trata de imponer la vacunación: cada quien es libre de decidir si se quiere vacunar. Pero sí se trata de imponer restricciones importantes, probablemente insalvables en algún momento, a que los no vacunados vuelvan a trabajar a las oficinas.
Esto, porque la verdad es que vacunarse es un propósito no solamente individual sino comunitario. Quienes no se vacunan, francamente de manera irresponsable e irracional, ponen en peligro no solo su salud sino la de todos los demás. Y eso no se puede aceptar en un ambiente de presencialidad laboral.
Hay varias formas en que se puede manejar esto: la primera es poniendo costos que ojalá incentiven a los no vacunados a vacunarse, como la exigencia de pruebas PCR con una alta periodicidad, que genere un costo al empleado; la segunda, con espacios aislados en las oficinas para los no vacunados; la tercera, hacer ajustes salariales a quienes por voluntad deciden que no pueden volver a la presencialidad y seguirán en casa, y la cuarta, mas drástica, es la salida definitiva de los empleados no vacunados de sus trabajos. Esto seguro tiene temas jurídicos que mirar, pero un despido sin justa causa, indemnizado, puede ser la salida.
Este es un debate de fondo y con implicaciones profundas. Es lamentable tener que tomar decisiones de este estilo, pero lo cierto es que en temas de salud pública el bienestar individual no puede primar sobre el bienestar de la comunidad. Ya el país vivió las consecuencias de lo que implica no cuidarse a uno mismo y a los demás. Esto debe ser suficiente precedente para poder tomar las medidas, por más drásticas que sean, de retorno a la presencialidad laboral.
