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Asamblea y Anti-Asamblea Constituyente

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Diana Guzmán
17 de mayo de 2026 - 05:00 a. m.
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En las últimas dos semanas, el debate en torno a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha dado un nuevo giro. Por una parte, el presidente Petro volvió a fijar los objetivos y límites de su propuesta. Por la otra, algunos ciudadanos lanzaron una propuesta para frenar la ANC. Sin embargo, ni las explicaciones de Petro dan más claridad y tranquilidad frente a los riesgos de promover una ANC, ni la contrapropuesta es una buena forma de proteger y fortalecer la Constitución de 1991.

El presidente relanzó su propuesta de ANC el 1ro de mayo. En su discurso precisó que no busca acabar la Constitución de 1991, sino incluir dos apartados que le permitan a Colombia contar con las reformas sociales que han sido imposibles por el denominado bloqueo institucional y generar una reforma política para luchar contra la corrupción.

Con estas precisiones parece querer enfrentar algunas de las críticas que ha recibido su propuesta como: la falta de consensos y los riesgos de reformas antidemocráticas. Al concentrarse en estos temas parece buscar la creación de algunos consensos básicos o, al menos, limitar los disensos. ¿Quién podría rechazar la lucha contra la corrupción? ¿Quién puede oponerse a las reformas sociales en pleno ciclo electoral?

Sin embargo, esta nueva explicación no logra mitigar los riesgos de retroceso. La razón es sencilla. El proyecto de ANC del gobierno prevé una ANC sin límites concretos a su competencia. Así que, si llega a concretarse, actuará como poder constituyente y este poder, como señalaba Sieyés, no tiene ningún límite jurídico previo. Por tanto, esta Asamblea podría darle una Constitución totalmente nueva al país. Sin acuerdos políticos amplios en torno a la Constitución y su reforma, esta podría incluir retrocesos importantes en materia de derechos y mecanismos institucionales que favorezcan la concentración de poder en el ejecutivo.

Una Asamblea Constitucional con temario específico podría limitar este riesgo, pero esa no es la propuesta actual. Además, una constitución aprobada sin acuerdos de fondo puede ser percibida como una imposición de un grupo y, por tanto, su legitimidad estaría siempre en disputa, generando más inestabilidad.

El presidente Petro tampoco ha logrado aclarar: ¿Por qué se requiere una reforma constitucional para temas que no se definen en laConstitución sino en leyes y políticas públicas? Una Constitución provee el marco general de actuación del Estado. Por tanto, incluso si se establecen dos nuevos capítulos en la Constitución para establecer los principios generales que deben orientar las reformas sociales y la reforma política, ponerlas en marcha requerirá de leyes y políticas públicas. La necesidad de consensos es evidente pero el gobierno sigue sin buscarlos.

La contrapropuesta a la ANC la lanzaron una semana después y lleva por título “Fajarse la Constitución al corazón”. Se trata de una defensa de la Constitución de 1991 a través de un referendo de iniciativa ciudadana que buscaría incluir un artículo en el texto constitucional para prohibir la convocatoria a una ANC hasta el 6 de agosto de 2034. En su narrativa, se posiciona como un mecanismo para evitar la reelección de Petro.

Promovida por la campaña de Sergio Fajardo y apoyada por varios juristas, esta propuesta también recurre a los mecanismos de participación ciudadana para fines electorales. De nuevo, políticos hablando por el pueblo. Aunque promueve una fórmula sencilla que puede llamar la atención de muchas personas asustadas con la reforma constitucional que promueve Petro, termina siendo antidemocrática. Cierra la deliberación en torno a la ANC, limita el uso de un mecanismo de participación ciudadana y niega la posibilidad de que en los próximos años surjan consensos políticos en torno a la necesidad de reformas constitucionales que se puedan canalizar por esta vía. Cerrar así la posibilidad de una ANC puede llevarnos a convocatorias por vías extrajurídicas que podrían generar una ruptura constitucional más profunda.

La defensa de la Constitución de 1991 no debe cerrar las puertas a reformas constitucionales. Lo que debe promover es la posibilidad de deliberación, participación y construcción de acuerdos. Hoy estamos entre dos propuestas de políticos que evocan la Constitución pero no logran fortalecerla ni defenderla.

Diana Guzmán

Por Diana Guzmán

Directora de Dejusticia y profesora de la Universidad Nacional.
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