Constitución, crisis y derechos

El cumpleaños número 34 de la Constitución de Colombia llegó con una especie de crisis de la mediana edad, es decir, aquella que suelen enfrentar las personas cuando están cercanas a los 40 años y se cuestionan sobre sus logros y planes de futuro. Para la Constitución, esta crisis toma la forma de críticas a su efectividad y propuestas de reforma, algunas incluso radicales. Como toda crisis, esta es una oportunidad para hacer balances y proyectar el futuro.

Desde sus primeros años, la Constitución de 1991 mostró su gran potencial. En muy poco tiempo logró una revolución de los derechos. Comunidades, movimientos sociales y personas le apostaron a usar los nuevos mecanismos constitucionales, como la tutela, para pedirle al Estado el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La Corte Constitucional respondió a esta movilización legal desarrollando una amplia jurisprudencia que amplió el catálogo de derechos y fortaleció su protección.

Esta revolución permitió que grupos excluidos y discriminados, como la población LGBTIQ+, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades negras y afrodescendientes y el campesinado fueran reconocidos como titulares de derechos.

Desde muy temprano también demostró que, además de ser la Constitución de los derechos, era lo suficientemente robusta como para frenar tendencias autoritarias. Los nuevos controles a los estados de excepción permitieron que no se repitiera la tendencia de los 70 y 80 a vivir en estado de sitio permanente y con los derechos limitados. Además, logró frenar una reforma constitucional que pretendía establecer una segunda reelección, lo que habría implicado una profunda alteración del sistema de controles al presidencialismo.

En los últimos diez años, mientras las críticas en su contra se acentuaban, siguió acompañando cambios. Facilitó un proceso de paz con la guerrilla más grande y antigua del país que llevó a un acuerdo de paz reconocido a nivel internacional por incluir garantías para los derechos de las víctimas. Además, permitió algunas formas de profundización democrática, como la llegada de un gobierno nacional de izquierda, luego de una larga historia republicana de exclusión de fuerzas políticas alternativas.

Estas transformaciones han sido muy importantes, pero conviven con violencia política, desigualdad, pobreza, racismo, discriminación de género, exclusión, excesivo centralismo y corrupción, entre otras realidades que millones de personas viven a diario.

La persistencia de estos problemas ha desatado, al menos en parte, esta crisis de la mediana edad, pues son algunos de los factores que explican por qué, aunque los derechos han sido reconocidos, siguen sin ser una realidad para muchas personas.

Aunque las críticas a la Constitución de 1991 no se reducen a la falta de materialización de algunos derechos, esta faceta de la crisis es clave, pues muestra algunas de sus complejidades.

¿Cómo superar los déficits en la materialización de derechos? En el actual debate, el gobierno le apuesta a un cambio profundo de la Constitución para profundizar los derechos. Esta fórmula no es nueva. Repite mucho del fetichismo jurídico que ha acompañado nuestra cultura legal, pues cree que una reforma legal puede crear y/o cambiar realidades sociales complejas.

Pero, las constituciones no pueden, por sí solas, cambiar el mundo y sus problemas estructurales. Esto no las hace irrelevantes. Por el contrario, pueden fijar nuevos horizontes, establecer herramientas para la lucha social e incluso inspirar y acompañar cambios sociales y culturales.

En esto reside uno de los méritos de la Constitución de 1991 y que muestra que aún es relevante: plantear un proyecto político de los derechos y dotarlo de herramientas jurídicas para concretarlo. La pregunta que persiste es ¿cómo podemos revitalizar y profundizar ese proyecto en las condiciones actuales? El primer paso debería ser forjar un acuerdo político en torno a este propósito. Dicho acuerdo puede abrir el camino a diversas estrategias para lograr la materialización de los derechos. Por eso, creo que antes de buscar el camino de la reforma, pero incluso para hacerlo posible, hay que buscar el camino de los acuerdos políticos.

Los debates sobre la Constitución y su futuro son claves para Colombia. Debemos darlos de la manera más plural y reconociendo las distintas experiencias que tenemos de la Constitución. Pero ojalá lo hagamos sin olvidar y subestimar sus logros y su papel como pacto político.

* Directora de Dejusticia y Profesora de la Universidad Nacional