Desde finales de la semana pasada se publicó el proyecto de ley que busca establecer las condiciones para el sometimiento de los grupos organizados de crimen de alto impacto. Mientras el debate se profundiza, conocimos que Leyner Palacios, líder social del Chocó, sobreviviente del conflicto y excomisionado de la Comisión de la Verdad, fue amenazado para obligarlo a salir de su departamento y ha decidido dejar el país por no encontrar garantías para su vida. Estos hechos ponen sobre la mesa la necesidad de pensar los temas de seguridad que atraviesan la paz.
Sin embargo, la paz total, una de las políticas fundamentales del gobierno, no cuenta con una estrategia clara de seguridad. Es verdad que aún no conocemos el rompecabezas completo que integra esta política. Por ahora, es claro que con la modificación a la ley de orden público se ha dado paso a dos caminos para la búsqueda de la dejación de armas de todos los actores violentos: la negociación con actores armados organizados de naturaleza política y el sometimiento de los grupos organizados de crimen de alto impacto.
Estos dos caminos no han incluido explícitamente estrategias destinadas a generar condiciones de seguridad regional en el corto plazo que entiendan las nuevas dinámicas de la conflictividad social. Esta ausencia de estrategias de seguridad regional tampoco es suplida por el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque el gobierno le apuesta a un enfoque de seguridad humana, aún no es claro cómo se concreta éste en las regiones y cómo se articula con las necesidades inmediatas de protección.
Podría pensarse que este tipo de estrategias no existen porque la paz total es en sí misma una política de seguridad, pues, en caso de lograr sus ambiciosos objetivos de desmovilización, silenciaría las armas y generaría mayor seguridad en los territorios. Pero, ¿qué pasa mientras se logra la desmovilización masiva?
La situación de Leyner y de miles de personas que se encuentran amenazadas o han sido violentadas por estos grupos muestra que las condiciones de seguridad en varios territorios del país están empeorando. Violencia e intentos de cooptación de espacios organizativos hacen parte de los repertorios de actuación de este tipo de grupos criminales. La seguridad no da espera.
Por eso, el proyecto de ley para el sometimiento de los grupos criminales organizados debería ser una oportunidad para contribuir a desarrollar una repuesta robusta, diferenciada, respetuosa de derechos y articulada en materia de seguridad regional como parte de la búsqueda de la paz.
En contraste, el proyecto parte de presupuestos difíciles de sostener y que generan dudas sobre su potencialidad para lograr mayor seguridad. Por ejemplo, asume que estos grupos se someterán a cambio de penas reducidas y no se articula a incentivos más amplios para que cesen la violencia de inmediato. ¿Por qué desmovilizarse cuando tienen acceso a economías ilegales transnacionales muy lucrativas y tienen territorios bajo su control? Las desmovilizaciones masivas han sido difíciles y más parciales de lo esperado en el país, incluso tratándose de grupos con fines políticos.
Incluso si estos grupos de crimen de alto impacto se someten a la justicia, no es claro que el Estado cuente con información sobre sus patrones de criminalidad. Además, como se desprende de lo reconocido la Corte Constitucional, la Fiscalía no tiene actualmente la capacidad para investigarlos con celeridad y con el nivel de detalle necesario para contrastar su aporte en materia de verdad y verificar el cumplimiento de los compromisos que adquieran. El Estado no puede repetir los errores cometidos en el proceso con el ERPAC, en donde no tuvo la capacidad para hacer seguimiento a la desmovilización. El riesgo de reincidencia es alto.
Aunque este proyecto por sí mismo no tendría por qué agotar la estrategia de seguridad de corto plazo que acompañe la paz total, sí puede incorporar mecanismos que tomen en cuenta las dinámicas de la conflictividad regional y, en todo caso, empezar a transparentar la estrategia de seguridad del gobierno. Por ejemplo, podría exigir, como requisito para acceder a los beneficios, compromisos más fuertes con la seguridad de los liderazgos sociales y las comunidades. También podría diseñar mecanismos más robustos para verificar el cumplimiento de los requisitos para el acceso a beneficios y del seguimiento de su cumplimiento.
El reto es enorme, pero hay que empezar por atender las condiciones de seguridad de las regiones desde el diálogo con las comunidades. Sin seguridad, la paz puede naufragar.
PD. Toda mi solidaridad con Leyner y con todas las personas amenazadas y desplazadas en esta creciente ola de violencia.
* Directora de Dejusticia y Profesora Asociada de la Universidad Nacional
Desde finales de la semana pasada se publicó el proyecto de ley que busca establecer las condiciones para el sometimiento de los grupos organizados de crimen de alto impacto. Mientras el debate se profundiza, conocimos que Leyner Palacios, líder social del Chocó, sobreviviente del conflicto y excomisionado de la Comisión de la Verdad, fue amenazado para obligarlo a salir de su departamento y ha decidido dejar el país por no encontrar garantías para su vida. Estos hechos ponen sobre la mesa la necesidad de pensar los temas de seguridad que atraviesan la paz.
Sin embargo, la paz total, una de las políticas fundamentales del gobierno, no cuenta con una estrategia clara de seguridad. Es verdad que aún no conocemos el rompecabezas completo que integra esta política. Por ahora, es claro que con la modificación a la ley de orden público se ha dado paso a dos caminos para la búsqueda de la dejación de armas de todos los actores violentos: la negociación con actores armados organizados de naturaleza política y el sometimiento de los grupos organizados de crimen de alto impacto.
Estos dos caminos no han incluido explícitamente estrategias destinadas a generar condiciones de seguridad regional en el corto plazo que entiendan las nuevas dinámicas de la conflictividad social. Esta ausencia de estrategias de seguridad regional tampoco es suplida por el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque el gobierno le apuesta a un enfoque de seguridad humana, aún no es claro cómo se concreta éste en las regiones y cómo se articula con las necesidades inmediatas de protección.
Podría pensarse que este tipo de estrategias no existen porque la paz total es en sí misma una política de seguridad, pues, en caso de lograr sus ambiciosos objetivos de desmovilización, silenciaría las armas y generaría mayor seguridad en los territorios. Pero, ¿qué pasa mientras se logra la desmovilización masiva?
La situación de Leyner y de miles de personas que se encuentran amenazadas o han sido violentadas por estos grupos muestra que las condiciones de seguridad en varios territorios del país están empeorando. Violencia e intentos de cooptación de espacios organizativos hacen parte de los repertorios de actuación de este tipo de grupos criminales. La seguridad no da espera.
Por eso, el proyecto de ley para el sometimiento de los grupos criminales organizados debería ser una oportunidad para contribuir a desarrollar una repuesta robusta, diferenciada, respetuosa de derechos y articulada en materia de seguridad regional como parte de la búsqueda de la paz.
En contraste, el proyecto parte de presupuestos difíciles de sostener y que generan dudas sobre su potencialidad para lograr mayor seguridad. Por ejemplo, asume que estos grupos se someterán a cambio de penas reducidas y no se articula a incentivos más amplios para que cesen la violencia de inmediato. ¿Por qué desmovilizarse cuando tienen acceso a economías ilegales transnacionales muy lucrativas y tienen territorios bajo su control? Las desmovilizaciones masivas han sido difíciles y más parciales de lo esperado en el país, incluso tratándose de grupos con fines políticos.
Incluso si estos grupos de crimen de alto impacto se someten a la justicia, no es claro que el Estado cuente con información sobre sus patrones de criminalidad. Además, como se desprende de lo reconocido la Corte Constitucional, la Fiscalía no tiene actualmente la capacidad para investigarlos con celeridad y con el nivel de detalle necesario para contrastar su aporte en materia de verdad y verificar el cumplimiento de los compromisos que adquieran. El Estado no puede repetir los errores cometidos en el proceso con el ERPAC, en donde no tuvo la capacidad para hacer seguimiento a la desmovilización. El riesgo de reincidencia es alto.
Aunque este proyecto por sí mismo no tendría por qué agotar la estrategia de seguridad de corto plazo que acompañe la paz total, sí puede incorporar mecanismos que tomen en cuenta las dinámicas de la conflictividad regional y, en todo caso, empezar a transparentar la estrategia de seguridad del gobierno. Por ejemplo, podría exigir, como requisito para acceder a los beneficios, compromisos más fuertes con la seguridad de los liderazgos sociales y las comunidades. También podría diseñar mecanismos más robustos para verificar el cumplimiento de los requisitos para el acceso a beneficios y del seguimiento de su cumplimiento.
El reto es enorme, pero hay que empezar por atender las condiciones de seguridad de las regiones desde el diálogo con las comunidades. Sin seguridad, la paz puede naufragar.
PD. Toda mi solidaridad con Leyner y con todas las personas amenazadas y desplazadas en esta creciente ola de violencia.
* Directora de Dejusticia y Profesora Asociada de la Universidad Nacional