Bogotá se ha caracterizado por ser lenta, relenta para reaccionar. Por un lado, dejamos que unos buses sucios, desorganizados y que maltratan a conductores y pasajeros se esparcieran por toda la ciudad sin prácticamente ninguna intervención estatal. Tuvieron que pasar más de 50 años para que un alcalde los pusiera parcialmente en orden.
Por otro lado, en medio de una regulación caótica, hemos permitido que los taxis circulen en extenuantes jornadas para el conductor, con cualquiera al volante y que no puedan ser sancionados efectivamente cuando abusan del pasajero. Hoy hay más de 50.000 taxis y ninguna solución a la vista.
Arreglar cualquiera de esos dos problemas hoy vale una cifra astronómica de dinero. Pero lo más deprimente no es eso, sino que, a pesar del tiempo, no hemos aprendido a ser proactivos en organizar el transporte que el crecimiento de la misma ciudad incentiva. Hoy el fenómeno se repite con el bicitaxismo.
Desde Toberín hasta Patio Bonito, el bicitaxismo suple la necesidad de los bogotanos de desplazarse distancias cortas no cubiertas por el transporte público a un precio económico. Además de esto, emplea a cientos de personas mientras ofrece prácticamente la única opción de transporte limpio que hay en la ciudad. Parecería una actividad que el gobierno debía organizar y promover, pero no.
El Ministerio de Transporte ha juzgado que el bicitaxismo es demasiado peligroso para ser tolerado y de vez en cuando la Secretaría de Movilidad hace la pantomima de decomisar vehículos, pero la mayoría del tiempo los bicitaxistas se ven condenados al siniestro limbo de la informalidad. Esa informalidad hace que los conductores no tengan seguridad social, que no tengan claro por dónde circular, que tengan vehículos en condiciones no aptas, que se venda clandestinamente el derecho de operación de las rutas y que los usuarios estén totalmente desamparados en caso de accidente o abuso.
A pesar que en 2010 la Corte Constitucional sentenció que las autoridades locales debían reglamentar el transporte público no motorizado, hasta hoy poco ha cambiado y la maraña legal sigue desanimando a los bienintencionados que quieren regularizar el servicio. El alcalde podría ver en esta una oportunidad de poner orden en la ciudad y hacer justicia social al mismo tiempo, pero para eso necesita meterle el hombro y armarse de paciencia.
Politólogo y miembro de Combo 2600 (www.combo2600.com) /
