La defensa de la universidad pública es una tarea de largo plazo
La educación pública es la vía más poderosa que tiene un país para hacer buen uso de las capacidades de sus gentes y sus recursos naturales. El pregrado, la maestría y el doctorado los cursé en las mejores instituciones públicas de Colombia, México y Alemania, respectivamente. Cada universidad, con sus particularidades, me ofreció una visión amplia del mundo y me hizo entender la necesidad de trabajar con la academia, el Estado, las comunidades y los empresarios para construir un país mejor. Por ello, nunca he vacilado un instante en manifestar mi apoyo a los miles de estudiantes que en todo el país marchan a favor de mayores recursos para la educación superior. Desde la Rectoría, y en el marco del Sistema Universitario Estatal (SUE), propusimos la formulación e implementación de una política de Estado que permita fortalecer la educación pública de calidad, orientada a crear equidad y avance social desde la educación y el conocimiento como derechos de todos los ciudadanos.
Todas estas movilizaciones, integradas por estudiantes, profesores y administrativos, condujeron a poner el tema de la educación como relevante en la agenda del Gobierno y en la opinión pública. Fue gracias a ello que el día 27 de octubre, en reunión conjunta entre los miembros del SUE y el presidente de la República, luego de un diálogo de tres horas, se llegó al acuerdo (como se conoció públicamente) de que, durante este período de gobierno, las transferencias de la nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en el año 2019 y en un IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022. También, a partir del año 2019, el Gobierno Nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 para el fortalecimiento de la educación superior pública. Además, en el marco del Plan Bienal de Regalías, se buscará tener un billón de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura de las universidades públicas.
Esto les da oxígeno a las universidades, pero, por supuesto, no es la solución definitiva. Por esta razón, los acuerdos con el Gobierno deben ser tomados como una etapa de transición para los demás cambios que se han de llevar a cabo en el sistema de financiación de la educación superior pública, por ejemplo, que estos acuerdos se conviertan en ley.
En el mismo sentido, previamente, por iniciativa conjunta de algunos rectores que hacen parte del SUE y de varios congresistas de diferentes bancadas, se radicó en el mes de octubre un proyecto que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, artículos que establecen la forma como los gobiernos financian a las universidades estatales.
Para buscar una salida a la crisis se instaló la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos y Soluciones que Permitan Resolver la Situación Actual de la Educación Superior, que resultó en un espacio de interlocución importante entre el sentir y las propuestas de los estudiantes y el Gobierno Nacional. La vía más importante para salir de la crisis es el diálogo, por eso celebro este hecho y los acuerdos que se puedan alcanzar en este espacio.
La defensa de la universidad pública es una tarea de largo plazo, por ello, luego de alcanzar este primer acuerdo entre el SUE y el presidente Duque, apreciados lectores, pueden tener la seguridad de que seguiremos trabajando para proponer vías realistas y prácticas para el fortalecimiento de la educación superior en el país.
Frente a algunas situaciones de orden público en nuestra alma mater, respaldo el pronunciamiento que ha hecho nuestro Consejo Académico, al rechazar toda forma de violencia, independientemente de quien la promueva. Nuestros campus son espacios abiertos al debate de ideas y la deliberación conjunta, como es característico de una comunidad ilustrada en la que se forman agentes de cambio ético con responsabilidad y conciencia social. Es inaceptable que un país que ha sufrido largas décadas de guerra interna y desplazamiento forzado, y que ahora busca reconstruir su tejido social, deba tolerar que sus nuevas generaciones continúen siendo inducidas a reproducir la cultura de la violencia.
En la actualidad, debido a la anormalidad académica que muchas universidades han experimentado a lo largo de las últimas semanas, se han examinado diversas formas para poder salvar el semestre actual de estudios. En el caso de nuestra Universidad, el Consejo Académico sugirió al Consejo Superior la modificación del calendario actual, pues ya es inaplicable.
Invito a todos los miembros de la comunidad académica, a los padres y madres de familia, a los funcionarios gubernamentales y al país en general para que sigamos entablando un gran diálogo nacional para construir un Sistema de Educación Superior con equidad, de calidad y con responsabilidad ética y social.
*Rectora de la Universidad Nacional de Colombia. @DollyMontoyaUN
La educación pública es la vía más poderosa que tiene un país para hacer buen uso de las capacidades de sus gentes y sus recursos naturales. El pregrado, la maestría y el doctorado los cursé en las mejores instituciones públicas de Colombia, México y Alemania, respectivamente. Cada universidad, con sus particularidades, me ofreció una visión amplia del mundo y me hizo entender la necesidad de trabajar con la academia, el Estado, las comunidades y los empresarios para construir un país mejor. Por ello, nunca he vacilado un instante en manifestar mi apoyo a los miles de estudiantes que en todo el país marchan a favor de mayores recursos para la educación superior. Desde la Rectoría, y en el marco del Sistema Universitario Estatal (SUE), propusimos la formulación e implementación de una política de Estado que permita fortalecer la educación pública de calidad, orientada a crear equidad y avance social desde la educación y el conocimiento como derechos de todos los ciudadanos.
Todas estas movilizaciones, integradas por estudiantes, profesores y administrativos, condujeron a poner el tema de la educación como relevante en la agenda del Gobierno y en la opinión pública. Fue gracias a ello que el día 27 de octubre, en reunión conjunta entre los miembros del SUE y el presidente de la República, luego de un diálogo de tres horas, se llegó al acuerdo (como se conoció públicamente) de que, durante este período de gobierno, las transferencias de la nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en el año 2019 y en un IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022. También, a partir del año 2019, el Gobierno Nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 para el fortalecimiento de la educación superior pública. Además, en el marco del Plan Bienal de Regalías, se buscará tener un billón de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura de las universidades públicas.
Esto les da oxígeno a las universidades, pero, por supuesto, no es la solución definitiva. Por esta razón, los acuerdos con el Gobierno deben ser tomados como una etapa de transición para los demás cambios que se han de llevar a cabo en el sistema de financiación de la educación superior pública, por ejemplo, que estos acuerdos se conviertan en ley.
En el mismo sentido, previamente, por iniciativa conjunta de algunos rectores que hacen parte del SUE y de varios congresistas de diferentes bancadas, se radicó en el mes de octubre un proyecto que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, artículos que establecen la forma como los gobiernos financian a las universidades estatales.
Para buscar una salida a la crisis se instaló la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos y Soluciones que Permitan Resolver la Situación Actual de la Educación Superior, que resultó en un espacio de interlocución importante entre el sentir y las propuestas de los estudiantes y el Gobierno Nacional. La vía más importante para salir de la crisis es el diálogo, por eso celebro este hecho y los acuerdos que se puedan alcanzar en este espacio.
La defensa de la universidad pública es una tarea de largo plazo, por ello, luego de alcanzar este primer acuerdo entre el SUE y el presidente Duque, apreciados lectores, pueden tener la seguridad de que seguiremos trabajando para proponer vías realistas y prácticas para el fortalecimiento de la educación superior en el país.
Frente a algunas situaciones de orden público en nuestra alma mater, respaldo el pronunciamiento que ha hecho nuestro Consejo Académico, al rechazar toda forma de violencia, independientemente de quien la promueva. Nuestros campus son espacios abiertos al debate de ideas y la deliberación conjunta, como es característico de una comunidad ilustrada en la que se forman agentes de cambio ético con responsabilidad y conciencia social. Es inaceptable que un país que ha sufrido largas décadas de guerra interna y desplazamiento forzado, y que ahora busca reconstruir su tejido social, deba tolerar que sus nuevas generaciones continúen siendo inducidas a reproducir la cultura de la violencia.
En la actualidad, debido a la anormalidad académica que muchas universidades han experimentado a lo largo de las últimas semanas, se han examinado diversas formas para poder salvar el semestre actual de estudios. En el caso de nuestra Universidad, el Consejo Académico sugirió al Consejo Superior la modificación del calendario actual, pues ya es inaplicable.
Invito a todos los miembros de la comunidad académica, a los padres y madres de familia, a los funcionarios gubernamentales y al país en general para que sigamos entablando un gran diálogo nacional para construir un Sistema de Educación Superior con equidad, de calidad y con responsabilidad ética y social.
*Rectora de la Universidad Nacional de Colombia. @DollyMontoyaUN